Carolina Collins

Un día después de que el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) diera a conocer los puntajes de de las más de 295 mil personas que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se reactivó un debate, a esta altura habitual de diciembre, en torno a los cuestionamientos al test y la necesidad de reevaluarlo.

Algo que comparte la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien en entrevista con "Cooperativa" opinó que "la prueba no mide aptitudes, sino más bien conocimiento y eso es un tema que produce una distorsión y un perjuicio".

Delpiano manifestó que "ojalá realmente se hagan los estudios necesarios y a mí me parece que debería estudiarse un mejor mecanismo".

Respecto a la educación superior, la ministra Delpiano opinó que "queremos, necesitamos, que la acreditación de las universidades sea obligatoria y que no hayan instituciones no acreditadas".

Las declaraciones de la secretaria de Estado se produjeron tras las críticas del Colegio de Profesores a la PSU, entidad que ayer insistió en la necesidad de que el test de ingreso a la universidad sufra cambios.

El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, insistió en el llamado al Consejo de Rectores (CRUCh) y al Mineduc con respecto a la urgencia de sustituir la prueba, argumentando que ésta reproduce la desigualdad en el sistema educativo y que se debe terminar con las brechas que genera entre regiones, socioeconómicas y de género.

"Este debate no se puede seguir eludiendo: la prueba PSU ha fracasado en lo que pretendió cuando, por allá por el inicio de la década de 2000, se instaló en Chile, se reemplazó la Prueba de Aptitud Académica (PAA) por esta PSU y a 14 años desde que comenzó podemos señalar claramente que esta prueba ha fracasado, es una prueba que tiene un sesgo clasista brutal, que tiene un sesgo centralista también muy fuerte", dijo Aguilar.

Según alertó el Colegio de Profesores, cerca del 50% de los colegios con mejores resultados está distribuido en la comunas del sector oriente de Santiago, como Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes y Providencia.Asimismo, acusaron que se trata de una prueba "clasista, centralista y con sesgo de género".

El martes, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh) y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, argumentó que la sociedad y las políticas públicas se equivocan si miran sólo la medición, pues también hay que enfocarse en fortalecer la calidad y los conocimientos.

El oficio entregado por el Ministerio de Justicia que revela que el Estado de Chile gasta $ 724 mil mensuales para mantener a un preso - más del doble de lo que destina para los niños bajo protección del Sename- nuevamente abrió el debate en torno a ese contraste.

Según la información entregada por el ministerio de Justicia, el pasado 30 de noviembre, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (que fue publicada ayer por "La Tercera") la cifra de personas privadas de libertad alcanzó las 41.496, en las que el Fisco gasta $ 30 mil 49 millones cada mes.

Según el oficio, estos gastos incluyen, entre otros, el dinero desembolsado por el ministerio de Salud cuando existen prestaciones médicas; los gastos del ministerio de Educación en las subvenciones de enseñanza y los de Gendarmería.

Defienden gasto

Pese a la gran brecha entre el gasto del Sename y el de las cárceles, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, opinó que en este debate "se están comparando peras con manzanas". "El costo de tener una persona recluida es del orden de los $700 mil (...) así que ese número del estudio se condice con otros que se han hecho", señaló a radio "Duna".

"Se está comparando (dicha cifra) con la subvención que se le paga a las instituciones que atienden a los niños y que lo hacen en un medio abierto. Es decir, no son comparables con un medio cerrado como una cárcel", agregó.

Johnson destacó que actualmente ha descendido la cantidad de personas recluidas en cárceles porque cumplen condena en libertad, lo que "es una buena noticia para el país".

El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, también salió al paso de las críticas y explicó que la cifra de $ 724 mil mensuales "se obtiene de acuerdo a la Ley de Presupuesto" e incluye "la sumatoria de mecanismos de seguridad social que se entregan a cada una de las personas privadas de libertad, la mantención total del costo que tiene una persona privada de libertad", que contempla "salud, alimentación, gasto personal y todo un conjunto de programas de reinserción incluidos".

Aunque la directora nacional del Sename, Solange Huerta, destacó que los recursos para la institución aumentarán en 2018, reconoció que siguen siendo insuficientes.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió al debate que abrió en el gremialismo el anuncio del análisis que se hará a la declaración de principios del partido y enfatizó que éste no puede desconocer su historia.

Uno de los puntos más reñidos del debate es la posibilidad de sacar del documento fundacional la alusión al 11 de septiembre de 1973.

"(La UDI) no puede desconocer su historia y los principios fundamentales a través de los cuales ha llegado a ser lo que es y esos principios son el ser un partido que cree en la libertad, no solo en la libertad económica, sino de las personas. Un partido de inspiración cristiana y un partido que es de raigambre popular. Además, surgió de la mano de Jaime Guzmán en una época determinada", afirmó la timonel del gremialismo.

Según la senadora, ninguna de esas cosas "se puede desconocer y hay que ver el cómo eso se instala en la declaración de principios y es parte de la discusión que tiene que haber".

Puntualmente sobre el fin a la alusión a la fecha en la que se llevó a cabo el golpe de Estado, Van Rysselberghe dijo que "es parte de la discusión que se tiene que dar, lo que no puede suceder es que desconozcamos nuestra historia".

En el noveno punto de su declaración de principios, el partido señala que "Unión Demócrata Independiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de orden de Chile, (...) incluida su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible".

Matthei a favor

La alcaldesa de Providencia y una de las figuras clave de la UDI, Evelyn Matthei, se mostró a favor de retirar la mención al 11 de septiembre del documento, ya que para ella "los partidos deben mirar al futuro y no al pasado".

La hija del ex comandante en jefe de la FACh y miembro de la Junta Militar, Fernando Matthei, argumentó que mantener la alusión al golpe "no tiene ya ningún sentido, han pasado ya casi 40 años ¿qué sentido tiene seguir? ¿Vamos a poner también la Guerra Civil? ¿Vamos a poner a Balmaceda? ¿A quién más vamos a poner en la declaración de principios?".

"¿Qué sentido tiene seguir hurgando en temas que nos dividen?. Hay algunos que viven eso y hacen hasta dinero de eso, pero yo realmente creo que lo que tenemos que buscar nosotros es cuáles son los problemas de hoy y del futuro", concluyó.