Matías Jullian Velásquez

La Cámara de Diputados argentina aprobó ayer, en medio de una huelga general y tras 17 horas de debate, una reforma al sistema de pensiones impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri que ha provocado gran violencia en las calles por el fuerte rechazo social, sindical y político que genera.

El proyecto, que ya recibió el visto bueno del Senado a finales de noviembre, contó con el apoyo de 127 votos -principalmente del oficialista Cambiemos- frente a 117 en contra y 2 abstenciones, y modifica la fórmula de actualización de los haberes, algo que el Gobierno cree permitirá a los jubilados ganar más en 2018 y que la oposición y sindicatos insisten será una fuerte rebaja.

El lunes, en el inicio de la discusión del proyecto, la Confederación General del Trabajo de Argentina convocó a una huelga general de 24 horas y ayer la iniciativa se aprobó tras una sesión en la que predominaron los discursos críticos hacia ella, con fuertes disturbios en la calle que dejaron más de un centenar de heridos, incluyendo efectivos policiales, y casi 70 detenidos.

"Estamos tristes, porque hicimos todo lo posible como para que esta ley no salga", dijo el diputado opositor Agustín Rossi (Frente para la Victoria), quien insistió en que es una ley "mala para el conjunto del pueblo" y "muchos constitucionalistas" dicen que es "inconstitucional".

Mientras, su compañero de grupo, Axel Kicillof, consideró que se ha perpetrado "una estafa a los jubilados" y a otros grupos de la población a los que afecta este cambio de fórmula en la actualización de las pensiones.

Por parte del oficialismo, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, reconoció que ha sido "una jornada muy difícil" y de "mucha tensión" no solo de "puja legislativa", sino en la calle, con una violencia "inusitada y desproporcionada".

"democracia funciona"

Macri, por su parte, señaló que la aprobación de esta ley demuestra que "la democracia funciona" en Argentina y remarcó que los ancianos del país "van a poder estar tranquilos".

"Lo que hemos hecho con esta reforma es garantizar, durante los próximos años, una fórmula que los defienda del peor mal que han sufrido, la inflación, contra la que estamos luchando pero no hemos logrado vencer", dijo el Presidente en conferencia de prensa.

El Mandatario se refirió a los hechos de violencia del lunes, asegurando que fue "claramente orquestada" (la jornada) y que " la vamos a enfrentar junto a la Justicia, para entender quiénes son los responsables, porque no fue algo espontáneo".

diputados votaron a favor de la polémica reforma. 117 lo hicieron en contra y dos se abstuvieron. 127

China y Rusia condenaron ayer la nueva doctrina de seguridad anunciada por Estados Unidos. Mientras Beijing llamó a Washington a dejar la "mentalidad de la Guerra Fría", el Kremlin dijo que "se ve el carácter imperialista del documento".

El lunes, el Gobierno de Donald Trump presentó su nueva estrategia de seguridad nacional en la que calificó como "rivales poderosos" a China y a Rusia, asegurando que EE.UU. se enfrenta a unos "poderes revisionistas" que intentan poner al mundo en conflicto con sus valores.

Ante esto, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, dijo que "urgimos a EE.UU. a que deje de distorsionar los intereses estratégicos de China, abandone el juego de suma cero y la mentalidad de la Guerra Fría".

Según Beijing, "la cooperación en beneficio mutuo es la única cooperación viable" para ambas potencias, por lo que pidió "adoptar una vía constructiva para tratar nuestras diferencias".

Desde el Kremlin, el vocero Dmitri Peskov señaló que "con una primera lectura rápida, especialmente en aquellas partes que de algún modo refieren a nuestro país, desde luego se ve el carácter imperialista del documento".

Moscú considera que EE.UU. tropieza con la misma piedra al insistir en un "mundo unipolar", cuando el surgimiento de China y de otros centros de poder regionales han creado hace tiempo las condiciones para el advenimiento de "mundo multipolar".

China y Rusia no son los unicos países que rechazan ese sistema con un único gendarme internacional (EE.UU.) , sino también India, Brasil y Sudáfrica, todos integrantes del grupo BRICS, considerado como alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Mañana se llevarán a cabo las elecciones autonómicas en Cataluña, convocadas por el Gobierno central de España, y que, según las encuestas, se avizoran muy peleadas entre independentistas y unionistas.

Ha sido una campaña atípica, con una buena parte de los candidatos separatistas investigados por la Justicia por su participación en el proceso independentista ilegal. En total son 18 y entre ellos está el ex presidente del Gobierno regional, Carles Puigdemont, quien escapó a Bélgica tras proclamar la República Catalana, y también quien fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, actualmente en prisión por esta misma causa.

Aparte del resultado, las elecciones de mañana, convocadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al asumir las competencias del Gobierno catalán ante el intento fallido de una declaración unilateral de independencia ilegal, tendrán entre sus principales claves el nivel de participación y la capacidad de pactos para la gobernabilidad.

Todos los sondeos auguran una participación histórica, incluso rozando o superando el 80% (en las anteriores de 2015 se superó el 77%).

El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó ayer al Congreso de su país una copia de los documentos que acreditan el pedido de destitución presentado en su contra por el Parlamento para poder ejercer su defensa mañana, en una jornada definitoria para su futuro.

Mediante una carta, el Mandatario solicitó al titular del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, una copia certificada de la moción de vacancia por permanente incapacidad moral (pedido de destitución) aprobada por el Parlamento, así como el expediente elaborado por los legisladores del Frente Amplio y Fuerza Popular, entre otros grupos disidentes. Además, pidió una copia de toda la documentación que formará parte del debate de mañana.

El jefe de Estado peruano reconoció que recibió dividendos por un contrato de asesoría a la empresa brasileña Odebrecht, entre 2004 y 2007, cuando formaba parte del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Sin embargo, dijo que el contrato fue firmado por su ex socio, Gerardo Sepúlveda, y que no tenía conocimiento del mismo hasta que fue presentado por la comisión parlamentaria que investiga el caso.

La Mesa Directiva del Congreso informó ayer que Kuczynski tendrá más de 60 minutos para ejercer su defensa, en compañía de un abogado, según el reglamento del Parlamento.

La eventual destitución de PPK requiere el voto de 87 legisladores, de los cuales el fujimorismo cuenta con 71 y el izquierdista Frente Amplio con 9 representantes. En caso de aprobarse, el primer vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, sería el llamado a asumir la presidencia de la República o, en caso que no acepte, lo haría la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que actualmente preside el Consejo de Ministros.