La discutida ordenanza municipal que regula el uso de los bienes públicos de Antofagasta, que sancionará con multas desde 1 a 5 UTM a quienes duerman en la calle, a vendedores ambulantes y limpiadores de autos, entró en vigencia ayer, anunció la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo.

"La ordenanza, como indica la ley, entra en vigencia al día siguiente de haber sido publicada en el portal web de la municipalidad, lo que ocurrió el 31 de octubre. Ya empezamos con fiscalizaciones al comercio ambulante en cercanías del Cementerio que concurrieron con motivo del Día de Todos los Santos y este jueves (hoy) dispondremos de dispositivos de inspección, seguridad ciudadana y Carabineros en diferentes puntos de la ciudad", explicó Rojo a Emol. La autoridad afirmó que el decreto no busca multar a personas en situación de calle, sino que fiscalizar el uso adecuado de los espacios públicos y el combate de la delincuencia.

Según la normativa, está prohibido en toda la comuna desarrollar actividades tendientes a solicitar dinero o especies a los transeúntes.

En caso de sorprender a alguien infringiendo esta disposición, la persona podrá ser denunciada ante el Juzgado de Policía Local.

Rehabilitación

Rojo anunció, en línea con la ordenanza, que se construirá un Centro de Rehabilitación para las personas en situación de calle y para quienes sufran adicciones.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, rechazó la medida porque "aplicar una sanción de este tipo es una mala solución, porque afecta aún más e invisibiliza un problema", dijo el miércoles.

Valeria Barahona

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, entregó su versión sobre lo ocurrido durante la reunión de representantes de Enap, la directiva de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y afines de Chile (Fenatrapech) y el Sindicato de Trabajadores de Enap-Petrox. El gerente general de Enap, Marcelo Tokman, denunció que el dirigente agredió a uno de los ejecutivos participantes, a lo que Díaz respondió que "la declaración está llena de tonteras".

En la citada reunión se discutía el futuro de la Planta de Hidrógeno de Enap Refinería Biobío, junto a las negociaciones que la administración sostiene con la empresa Linde. El diálogo terminó con el enfrentamiento entre Díaz y el gerente de Gas y Energía de Enap, Alfredo del Carril: "Después de agredirme en reiteradas ocasiones en forma verbal, de insultarme, procedió a agredirme cuando le dije: 'ya no te voy a aguantar más los insultos', y él avanzó hacia mí y me empujó. Eso fue todo lo que paso", señaló el dirigente a Emol.

"Acá el tema de fondo es que están vendiendo las plantas de hidrógeno y esa es una privatización encubierta. Eso nosotros no lo vamos a aceptar. Lamentamos que Marcelo Tokman, con publicidad, con difusión, haya tergiversado los hechos y esté faltando a la verdad con tanto descaro", agregó Díaz.

"Me parece que la declaración de Marcelo Tokman está llena de tonteras y de falsedades. Serán nuestros abogados y nuestra asamblea general de dirigentes las que determinen cuáles son los pasos a seguir. Esto obviamente no puede quedar así. No se puede mentir tan abiertamente y quedar impune frente a evidentes mentiras", sostuvo.

Versión de tokman

El ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, redactó una carta en la que afirma que "mientras el gerente de Gas y Energía (Del Carril) se encontraba respondiendo a las múltiples imputaciones con las que constantemente Nolberto Díaz interrumpía las intervenciones de los ejecutivos presentes, fue este último dirigente quien, en medio del diálogo, se puso de pie y se dirigió hacia Alfredo del Carril con la intención de agredirlo. (...) Pude ser testigo de esta escena y constatar la lesión provocada a Alfredo por parte del presidente de la Fenatrapech".

El sindicato, en tanto, señaló que "el señor Del Carril -tras una disputa verbal -caminó en dirección a Díaz con actitud amenazante, empuñando sus manos, y al acercarse empujó al dirigente, quien respondió a la acción de igual manera", precisó.

Luego de más de dos años de investigación, la PDI generó un informe que confirmaría la intencionalidad de Giuseppe Briganti, el autor de los disparos que le quitaron la vida a los jóvenes Diego Guzmán y Ezequiel Borbarán, para atacar a ambos jóvenes en medio de un confuso incidente tras una discusión con un grupo que protestaba en una movilización estudiantil el 14 de mayo del 2015.

El documento, según señaló radio Bio Bio, tomó en cuenta la distancia de las víctimas y la reconstitución de escena en un modelamiento tridimensional. "La trayectoria nos permite concluir que al ser directa hacia la gente, claramente el imputado tenía intención (…) la infografía recoge la visualización de las distintas versiones para facilitar la comprensión, y uniendo todas las pruebas y pericias que se hicieron durante toda la investigación", afirmó la fiscal Mónica Arancibia, a cargo del caso, en el documento policial.

Las pericias se mantienen a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Briganti, quien ha negado en varias oportunidades haber tenido la intención de atacar a las víctimas, se mantiene en prisión preventiva y arriesga una pena de 20 años.

Un grupo de familiares de 18 campesinos ejecutados en la comuna de Mulchén (Región del Biobío), en octubre de 1973, cuestionó las bajas condenas que recayeron 11 ex integrantes del Ejército y Carabineros por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de las víctimas. Las condenas fueron dictadas por el ministro en visita para causas de DD.HH. de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.

Las penas son de 10 años y un día de cárcel para los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán, por 12 homicidios calificados, mientras que por el delito de secuestro de otros seis campesinos se le sumarán cinco años y un día sin beneficios, y por inhumaciones ilegales serán 300 días más de condena.

Los militares José Iturriaga, Jaime Müller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Carlos Balboa y Jaime García fueron condenados por encubrimiento de homicidio simple de 11 víctimas a tres años y un día de cárcel, además de 541 días por la exhumación ilegal. Las condenas de los militares serán en libertad vigilada, puesto que no participaron ni como autores ni como cómplices.

"Las indemnizaciones igual son bajas de acuerdo a otras que el ministro ha dado", manifestó la vocera de los familiares de los campesinos, Marina Rubilar. La abogada querellante Patricia Parra criticó que no se tomó en cuenta que son 44 años en que las familias "no han parado de buscar justicia", por lo que no descarta recurrir de apelación.