Las autoridades de Nueva York calificaron como un "cobarde acto de terrorismo" el atropello múltiple que se registró ayer por la tarde en el suroeste de Manhattan que dejó como saldo, al menos, ocho muertos y 12 heridos.

El ataque se registró en una ciclovía en la intersección de las calles Chamber y West, a un costado del Río Hudson, cerca del One World Trade Center, donde está ubicado el memorial del atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001.

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), fue una camioneta la que atropelló a un grupo de ciclistas, "golpeando a varias personas en el camino".

La camioneta terminó impactando contra un autobús escolar, hiriendo a dos adultos y dos niños. A continuación, el sospechoso salió a pie y fue abatido por un agente de policía.

Según medios locales, el agresor fue identificado como Sayfullo Saipov, un residente del estado de Florida. Las autoridades, además, confirmaron que el atacante, de 29 años, recibió uno o varios disparos en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital local para ser atendido.

Al parecer, después de salir del vehículo con el que cometió el atropello múltiple, el sujeto portaba en sus manos una pistola de perdigones y otra de paintball, por lo que la policía abrió fuego contra él.

En una rueda de prensa para aportar información oficial, con datos aún preliminares, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó los hechos como una "horrible tragedia".

Se trató de un "cobarde acto de terrorismo" que costó la vida a ocho "inocentes", agregó el alcalde, quien estaba acompañado del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y del jefe de policía de Nueva York, James O'Neill.

Según Cuomo, el atentado fue cometido por una sola persona, de acuerdo con los datos que se tienen hasta ahora, y no hay pruebas de que sea parte de una trama más amplia.

Pese a ello, y como precaución, se ha ampliado la presencia policial en puntos clave de la ciudad, incluidos aeropuertos y túneles, explicó.

Las autoridades indicaron que el ataque siguió el modus operandi de otros similares registrados en los últimos años en varias ciudades del mundo.

Por lo mismo, el alcalde y el gobernador instaron a los ciudadanos a mantenerse "vigilantes", sobre todo considerando que anoche se celebraba Halloween, pero subrayaron la importancia de mantener la normalidad.

"Este fue un cobarde acto de terrorismo. Buscaba quebrar nuestro espíritu, pero los neoyorquinos son resistentes", insistió de Blasio.

Carles Puigdemont, el ex presidente regional catalán, aseguró ayer que no viajó a Bélgica para buscar asilo político, sino que para centrar la atención internacional sobre la crisis que se vive en la región catalana. Por otro lado, la Justicia española lo citó a él y a sus 13 ex consejeros, todos imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros, para mañana.

Puigdemont, durante una conferencia de prensa en Bruselas, no aclaró cuál será su futuro inmediato, pero sí subrayó que no va a pedir asilo en Bélgica y que sólo volverá a España cuando tenga "garantías" de un "juicio justo".

En el esperado encuentro con medios de toda Europa y en donde no se aceptaron preguntas en español, el ex presidente autonómico catalán dijo que "más que a Bélgica" ha ido "a Bruselas, donde se encuentran las instituciones europeas", porque "el caso catalán es una causa en torno a los valores en los que se basa Europa: la democracia, la libertad, la libre expresión, el acogimiento y la no violencia".

También señaló que su viaje no es una huida y aseguró que al ser ciudadanos europeos tanto él como el resto de los ex consejeros regionales presentes hacían uso de su "libertad de circulación".

"Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada", dijo.

Por otra parte, agregó que aceptará la convocatoria de elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y preguntó al Gobierno central si también aceptará los "resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas", en caso de que ese fuera el resultado electoral.

"mismos derechos"

El lunes, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, subrayó en un comunicado que su Ejecutivo no ha invitado de ningún modo a Puigdemont y que, por contra, está "en contacto diplomático regular" con el Gobierno español.

Sin embargo, ayer aseguró, vía Twitter, que "los mismos derechos y deberes corresponden a todos los ciudadanos europeos, ni más ni menos". De todas formas, reiteró que Puigdemont y el resto de consejeros catalanes "no han venido a Bélgica a invitación del Gobierno belga".

Por otro lado, y a pesar de que Puigdemont aseguró que no busca asilo en Bruselas, Paul Bekaert, el abogado que asesora a la ex autoridad catalana, dijo a la agencia de noticias Efe que, ante una eventual petición de este tipo, "no es tan fácil" conseguir protección política en Bélgica.

"Es posible pedirlo (el asilo), pero no es tan fácil (que te lo den)", dijo quien en el pasado gestionó solicitudes de asilo para miembros de la banda terrorista ETA y las autoridades belgas "nunca lo concedieron", aunque subrayó que el caso de Puigdemont "es diferente".

Citados al tribunal

A pesar de que Puigdemont manifestó que planea quedarse "unos días" en Bruselas, ayer la jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, citó al ex Presidente catalán y a sus 13 ex consejeros imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros, para mañana.

Además, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros. Si no lo hacen, sus bienes serán embargados. Esta cantidad busca cubrir una posible responsabilidad civil si son condenados en una sentencia de un futuro juicio.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional español suspendió la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el Parlamento de esa región. El TC decidió la nulidad, al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los "evidentes efectos jurídicos y vinculantes" de esa declaración secesionista.

El TC tendrá ahora un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.

"Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto no nos hemos tenido que esconder de nada".

Carles Puigdemont, Ex Presidente de Cataluña"