Valeria Barahona

Después de seis días de trabajo, deliberaciones y diálogo entre representantes de los nueve pueblos nativos de Chile, sumados a miembros del Estado, concluyó el Encuentro Nacional de la Consulta Indígena en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Santiago, alcanzando importantes puntos de acuerdos en su totalidad, otros parciales y también un punto en que no hubo consenso.

La instancia finalizó con la firma del "Acta de resultados del diálogo nacional del proceso de consulta para el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas", documento donde quedó resuelto en su totalidad el reconocimiento de la pre-existencia de los pueblos.

Otro acuerdo alcanzado fue el del deber del Estado de preservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, lenguas, instituciones, tradiciones propias y sus autoridades ancestrales; así como promover la diversidad cultural del país.

El reconocimiento y protección de los derechos culturales, lingüísticos y patrimonio material e inmaterial fue otra área en que no se presentaron discrepancias, así como el principio de igualdad y no discriminación.

Acuerdos parciales

El desarrollo político de las comunidades provocó mayores discrepancias de opinión en la cita, cuyos participantes sólo firmaron resoluciones parciales. Esto quiere decir que hubo un acuerdo en el fondo pero discrepancia en la redacción del documento.

Las materias que provocaron divisiones fueron la interpretación de la nueva Constitución, el porcentaje de la representación y participación política, el derecho a la salud, la consulta a los nativos y la libre determinación de los pueblos.

El único punto en que no se alcanzó un acuerdo fue el del concepto de territorio indígena, afirmó el Ministerio de Desarrollo Social.

En el texto firmado, además, los pueblos solicitaron incorporar en la discusión de la Carta Magna el concepto de plurinacionalidad, y elevar a estatus constitucional el articulado del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), referente a la participación de las comunidades indígenas en países independientes. Chile suscribió a este tratado en 2008.

El acta redactada en la sede de la ONU fue suscrita por los 145 delegados -quienes también participaron de las consultas formuladas en agosto -de los pueblos aymara, de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá; licán antai, kolla y diaguita, de Atacama; quechua, de Antofagasta; huilliches de Los Lagos y australes; junto a mapuche de Aysén, El Maule, Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía.

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ayer anunció alguna propuestas de reformas al sistema judicial, como la reforma a los códigos Penal y Procesal Civil, junto con afirmar que el actuar de la Corte Suprema en la "Operación Huracán" -destinada a establecer los responsables de los ataques incendiarios en el sur - "no fue correcto".

"Lo que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema no es lo correcto, porque cuando hay personas que están acusadas de graves delitos terroristas, que existe un cúmulo de evidencia en ese sentido, por un problema formal que cometió la jueza de garantía, dejar en libertad a presuntos terroristas me parece un error", afirmó durante una actividad en la Región de Tarapacá.

"¿Quién responde si se fugan estos presuntos terroristas? ¿Quién le responde a la ciudadanía si se siguen cometiendo estos actos terroristas", declaró.

El abanderado de oposición sostuvo que la Fiscalía debería insistir en las cautelares, lo que se realizaría en una audiencia tras los peritajes a los celulares y computadores de los ocho implicados.

Reformas

El ex Presidente ayer también dijo que la "primera responsabilidad de la justicia es proteger a los inocentes y castigar a los culpables, y para eso requerimos un sistema judicial más ágil", por lo cual adelantó algunas reformas al ámbito judicial que implementaría en su eventual Gobierno.

"Nosotros presentamos un proyecto de un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Civil. Desgraciadamente, este Gobierno los dejó dormir el sueño de los justos, pero sin duda vamos a insistir en esas reformas porque la justicia, para que sea verdadera justicia, no solamente tiene que garantizar el debido proceso sino que también tiene que ser oportuna", indicó el candidato de oposición.

Ante la presentación en el Congreso de la fórmula gubernamental para financiar la subvención de gratuidad escolar, y cumplir así con el reajuste a estos aportes, en el marco de la Ley de Inclusión, sumada a las acusaciones de los colegios particulares sobre el congelamiento de estos dineros, el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, Jaime Bellolio, se preguntó "¿en qué quedamos? ¿Es acaso esto otro engaño?".

El Gobierno necesita $ 64 millones para financiar la Ley de Inclusión, de los cuales, propuso, reorientar $ 26 millones asignados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

"Ahora nos dicen que esos recursos los va a sacar de la SEP para ponerlos acá ¿En qué quedamos? ¿Es acaso esto otro engaño? ¿Cómo es posible que el Gobierno diga ahora que la SEP no se gasta completamente y entonces una parte de ésta va a ir a poner este dinero? ¿Quiere decir que no está gastando bien la plata de la subvención escolar preferencial? Esa plata ya la tenían gastada hace rato", cuestionó Bellolio.

Comisión

El parlamentario de oposición reveló que la Comisión era partidiaria de que todo el dinero de la SEP quedara en el sector más vulnerable. "Sin embargo, ¿ahora dicen que les sobraba plata y que van a pasar $ 26 mil millones para reponer la subvención de gratuidad? De una vez por todas dejen de mentirle a los chilenos. Ésta es otra trampa legislativa", afirmó.

"Vamos a rechazar cualquier fórmula que signifique desvestir la SEP para pasar algo que hoy día es estrictamente legal, que el Gobierno estaba obligado era seguir aumentando los recursos recursos para la gratuidad de la Educación", sostuvo Bellolio.

El diputado radical y también miembro de la Comisión de Educación, Alberto Robles, dijo que "no me parece que sea razonable quitarle recursos a otro programa para poder asignarlos a Inclusión".

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se refirió ayer a la renuncia a la colectividad presentada por el alcalde de San Ramón -en la Región Metropolitana -, Miguel Ángel Aguilera, quien es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. "Estas denuncias deben ser esclarecidas", afirmó el timonel.

"Se nos informó el viernes que renunció a su militancia el alcalde de San Ramón. El Tribunal Supremo está llevando adelante una investigación sobre la base de los antecedentes que fueron remitidos por acuerdo unánime a la comisión política para el análisis de este caso", relató el dirigente en radio Cooperativa.

El tribunal del partido iba "a sesionar el próximo lunes (mañana 23 de octubre) para adoptar una decisión sobre la materia, pero se ha producido la renuncia anticipada de parte del alcalde", agregó Elizalde.

"Nosotros creemos que todas estas denuncias deben ser esclarecidas, y a quien le corresponde esclarecer los hechos denunciados es justamente a la Justicia", afirmó el dirigente del PS, a causa de las amenazas recibidas por su esposa, Patricia Roa, en Linares, Región del Maule, hecho que permanece en conocimiento del Ministerio Público y, de acuerdo a Elizalde, no ha vuelto a ocurrir.