Un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por eventuales daños ambientales presentará la comunidad del sector de Terao contra CPT Empresas Marítimas S.A., holding propietario del barco Seikongen que el miércoles se hundió con 200 toneladas de peces y 67 mil litros de petróleo frente a las costas de Pilpilehue, comuna de Chonchi.

Así lo señaló Miguel Loncón, dirigente territorial del sector. "Estamos claros que fue un accidente y partimos de esa convicción, pero todos los accidentes dejan consecuencias y en reunión acordamos, desde los mitilicultores hasta la comunidad entera, presentar un recurso de protección" este lunes venidero en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

El dirigente recalcó que "esperamos que no ocurra ningún tipo de contaminación, ya sea de peces o de hidrocarburos", advirtiendo que en una reunión con el gobernador provincial de Chiloé, René Garcés, el personero les había señalado la situación actual.

Acuicultores

A su vez, mediante una medida de precaución, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cerró un perímetro de 6 kilómetros en el área para extracción de productos marítimos, afectando, entre otros, a los productores de mitílidos de la zona, quienes no podrán cosechar mientras no se levante la prohibición.

Desde la Asociación de Mitilicultores de Chile A.G. (AmiChile) su gerenta Yohana González señaló que "estamos todavía a la espera de resultados de análisis, porque en ese radio todavía no se sabe si hay o no efectos (del hundimiento)".

La ejecutiva detalló que algunos de los miembros de su organización están enviando muestras a laboratorios para "ver si hay hidrocarburos en los productos y analizar si se pueden cosechar, pero de todas formas es algo que se está evaluando y es muy pronto para saber qué pasará".

En tanto, Pamela Urrutia, del departamento de medio ambiente de Marine Harvest, también se hizo presente en el lugar del suceso, manifestando que "esto podría afectar a todos los cultivos (de salmones) aledaños a la zona y nosotros tenemos cultivos acá cerca y hemos estado revisando todo el canal Yal desde muy temprano, desde el día que ocurrió el hundimiento del barco, para asegurarnos que no haya hidrocarburos en el área".

La profesional agregó que "no hemos visto mayores cantidades, sí pequeñas y hemos aprovechado de revisar hasta la zona norte, en el cruce de Huicha-Chulchuy, hasta el sur del centro de Camanchaca y solo hemos visto manchas pequeñas y un halo que aparece desde el barco; por lo tanto, estamos tranquilos".

Compañía

Desde CPT Empresas Marítimas S.A, grupo propietario del wellboat siniestrado, informaron que están trabajando "con el apoyo de Oxxean, empresa experta en servicios marítimos y submarinos, quienes mediante sus buzos especializados realizaron faenas de sellado de los estanques".

La misma firma confirmó que había entregado el plan de retiro de los peces y la extracción del combustible de la nave ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Armada de Chile. "Nuestros esfuerzos están puestos hoy en ejecutar correctamente ambas acciones, por lo que una vez completado este proceso, esperamos comenzar el trabajo de reflotamiento del barco", expuso el grupo mediante una declaración.

Así lo confirmó el director regional del Sernapesca, Eduardo Aguilera, quien señaló que las maniobras se encuentran en desarrollo tras la recepción del plan de contingencia elaborado por las empresas responsables, el que fue "aceptado con observaciones, por lo tanto, el servicio estará monitoreando el trabajo que realice la empresa -la que entregó un plan de cumplimiento en cuanto al retiro de la mortalidad-, que es lo que nosotros estamos observando".

Al cierre de la edición se esperaba comenzar con el retiro de la mortandad desde el interior de la nave.

Erwin Schnaidt erwin.schnaidt@diariollanquihue.cl

El rechazo de la Subpesca a la solicitud de una concesión de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) en un amplio sector del seno de Reloncaví, no apagó esa polémica, por la forma en que es interpretada y utilizada la denominada Ley Lafkenche.

Esa presentación de la comunidad indígena Rilon Kawin-Kaynel abrió un debate en torno a esa norma, que ayer prosiguió en el marco de la jornada "Ley Lafkenche y la gestión del borde costero", que organizó la Cámara de Comercio de Puerto Montt, junto a Sofofa, SalmonChile y Armasur.

Convivencia armónica

En la oportunidad, Francisca Toledo, gerenta de Estrategia de la Cámara Marítima Portuaria de Chile (Camport), planteó que al aplicarse esta ley quedó en claro la superposición de normas.

"Es un claro ejemplo de cómo estamos incorporando las distintas regulaciones, en las demandas de los sectores de nuestra gestión del territorio", aseveró.

Planteó que se produce una tensión e incertidumbre por los tiempos de tramitación de esas solicitudes.

"No podemos congelar el desarrollo del territorio, porque el proceso de revisión demora cuatro o cinco años", expuso.

Manifestó que todas las partes, incluso los solicitantes de ECMPO, "se están viendo afectadas por un tema de procedimientos. Hay una falta al principio de eficiencia administrativa, al no agilizar esos procesos".

En la parte final de su charla expresó que esta situación debe definirse mediante una "institucionalidad que nos asegure una convivencia armónica del borde costero".

Se mostró esperanzada en que ello sea resuelto por la autoridad de Gobierno "ya sea ésta o la entrante; y que se haga cargo de esto y tomen medidas concretas, ojalá en el corto plazo. Creo que esta situación simplemente se va a ir complejizando y va a tener perjuicios -finalmente- para todos los actores".

El problema: sus efectos

Luego fue el turno de Reinaldo Vidal, director de Index Salmón, quien -entre otras- aportó cifras de la situación actual en materia de comunidades y asociaciones indígenas, además de concesiones otorgadas a partir de 2008, cuando se promulgó esa ley.

Pero también abordó la implementación de ella.

"El problema no es la solicitud de ECMPO, sino sus efectos de una ley que no tuvo la debida arquitectura jurídica, preveyendo el futuro", aseguró.

Llamó a entender que todos los actores del borde costero son los afectados. "Las comunidades ven retrasadas estas solicitudes y los privados ven limitada su inversión, producto de los efectos suspensivos. Ambos podrían convivir adecuadamente, consensuando. La modificación de la ley es necesaria, aunque necesita un buen trabajo y entendimiento entre las comunidades", dijo.

Mesas de diálogo

Tras las exposiciones, hubo espacio para intervenciones de los asistentes. Una de ellas fue la de Claudio Pérez, gerente de la Fundación Chinquihue, para quien hay complejidades para modificar la legislación, por lo que propuso el establecimiento de mesas de diálogo.

Para ello, planteó la participación de actores políticos confiables; de privados con capacidad y voluntad de dialogar; y de dirigentes sociales que no malinterpreten la norma, lo que "es gran causa de los problemas de hoy", debido a la "ausencia de espacios de socialización de la ley", adujo.