Mario Fernández, titular del Ministerio del Interior, solicitó la noche del miércoles que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro acusados por la Ley Antiterrorista por la quema de una iglesia evangélica en la región de La Araucanía, quienes se encuentran hace más de 110 días en huelga de hambre. Sin embargo, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, anunció que el Ministerio Público se opondrá a la idea del Ejecutivo.

Según el persecutor jefe de esa región, los imputados Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol "son un peligro para la sociedad y esa situación no ha cambiado".

"Nosotros entendemos que la única medida que garantiza el fin del procedimiento es la prisión preventiva y más aún si tenemos en consideración que ayer (miércoles) el Tribunal de Garantía, en una decisión que discrepamos, dispuso la revelación de la identidad de algunos de los testigos de dicho proceso. Decisión que nos parece que es adecuada y que pone en riesgo la seguridad de estos testigos", señaló.

Paredes, además, reveló que nadie del Gobierno se comunicó con ellos para contarles de la decisión de solicitar el cambio de la prisión preventiva de los comuneros. "Nosotros tomamos conocimiento a través de las noticias de dicha decisión", dijo.

El fiscal no es el único que se opone a la idea. El senador Alberto Espina (RN) considera que esto implica el fin de la Ley Antiterrorista, a pesar de que Fernández aseguró que esa querella se mantiene. "El ministro del Interior, en un acto de cobardía política, no es capaz de mantener la decisión de aplicarle la ley a quienes están acusados, no de un delito menor", señaló.

Por otro lado, el comunero Benito Trangol, quien lleva 115 días en huelga de hambre y el miércoles dejó de consumir líquidos, fue trasladado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, por causas no reveladas. Su abogado, Christopher Corvalán, dijo a radio Cooperativa que se encuentra estable pero "muy delicado".

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y la Policía de Investigaciones (PDI) presentaron ayer una querella en contra de los responsables de la generación y difusión de un archivo de audio que advertía sobre un destructivo terremoto de grado 10 que afectaría a la zona central de nuestro país.

La denuncia -por el delito de "causar falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad"- busca ubicar y sancionar a los responsables detrás del audio de nueve minutos de una conversación entre dos supuestos sismólogos y una vidente que pronosticaba un sismo grado 10 para el 8 de octubre.

Ricardo Toro, director nacional de la Onemi, calificó el hecho de "altamente irresponsable porque no existe ninguna base de fundamento que establezca cuándo puede ocurrir un terremoto. Esto lo único que hace es crear temor y desconfianza en la población".

Explicó que "esto es aún más grave, porque Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, donde en cualquier momento puede ocurrir un terremoto y para eso estamos preparados y sabemos convivir con ello como lo hemos visto en los últimos terremotos que hemos vivido".

"Al principio nosotros desechábamos cualquier acción, para no darles valor a estas falsas alarmas, pero como ya es bastante frecuente -y después de que no ocurre (la calamidad) nadie dice nada- ya hemos determinado que hay que atacar este tipo de situaciones con una denuncia, para que la PDI investigue y pueda determinar quiénes son los responsables", agregó.

El audio se propagó a través de Whatsapp, por lo que la Fiscalía Centro Norte, de acoger la denuncia, evaluará pedirle información a la compañía de mensajería instantánea para determinar el origen de la grabación. Por lo mismo, el subprefecto Rodrigo Figueroa, jefe de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, comentó que la investigación no será fácil, porque el audio fue difundido en miles de celulares.

No obstante, señaló que "debido a la alarma que ha causado esto, vamos a utilizar todas las herramientas que tenga al alcance la Policía de Investigaciones".

La Presidenta Michelle Bachelet, durante una actividad en la Región de O'Higgins, anunció que mañana despachará la Ley de Presupuesto para el próximo año y que el énfasis estará puesto en Salud y Educación, "porque efectivamente son clave, son importantísimas", aseguró.

"Al poner a la educación en el centro de los esfuerzos, Chile ha comenzado a mirar su futuro con bases más sólidas, y lo más importante es que es una mirada inclusiva", agregó la Jefa de Estado, quien reafirmó el aumento en el acceso a la gratuidad en educación superior, algo que prometió en su última cuenta pública.

La Mandataria argumentó que "Educación se lleva mucho, porque además queremos llegar a un porcentaje más grande de chiquillos que entren en la gratuidad en la educación superior, sea esta técnica o universitaria. Queremos que nuestro país sea más inclusivo, que haga todo lo necesario para que cada comuna de Chile, sea grande o chica, en cada hogar, rico o menos rico, existan verdaderas oportunidades, pero sobre todo en aquellos sectores y personas más vulnerables".

En su última cuenta pública había anunciado que la gratuidad se ampliaría del 50% al 60% de los jóvenes de menores ingresos, tanto en universidades, institutos y centros de formación técnica que adscriben a la política.

María Alejandra Pino

El compromiso del sector lácteo nacional de adoptar acciones que permitan que el negocio sea sustentable fue destacado por Ricardo Michaelis, productor de leche de Los Ríos y primer presidente del Consorcio Lechero, luego de que Chile suscribiera el miércoles la Declaración de Rotterdam.

A juicio de Michaelis, frente a la sustentabilidad, "no podemos abstraernos y si nosotros queremos que este negocio funcione en el largo plazo tenemos que tener un enfoque de cadena láctea que permita que este negocio tenga una perspectiva mejor que la que tiene en el corto plazo".

Indicó que la firma del acuerdo implica para los productores locales asumir prácticas agrícolas que no perjudiquen al medio ambiente y contribuyan a incrementar el calentamiento global.

Michaelis asistió a la ceremonia junto a otros representantes del sector lácteo regional. También, estuvieron presentes Paulina Carrasco, productora de La Unión, y José Luis Delgado, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval).

José Luis Delgado indicó que esta actividad ha sido un hito importante para la lechería chilena. "Somos un actor pequeño en términos de volumen en el mercado mundial y necesitamos irnos diferenciando a través de acciones de este tipo", recalcó.

Además, enfatizó en que "más allá de los aspectos protocolares de la ceremonia, fue importante escuchar del Ministerio de Salud el rol clave que ha tenido la leche en el desarrollo del país y su población en casi un siglo. Y más relevante fue saber que esa relevancia se mantiene porque es la base de los actuales programas de alimentación complementaria donde el 75 por ciento de los volúmenes entregados a los sectores más vulnerables, niños, madres y adultos mayores, corresponde a productos lácteos en diversas fórmulas y el 98 por ciento de estos lácteos son chilenos".

En tanto, Paulina Carrasco destacó que "es importante que la Declaración de Rotterdam reconozca el papel de la leche como parte de una dieta sana y el impacto que el sector lácteo tiene en la economía, en el trabajo y también en el sector rural por el empleo que genera".

Acuerdo

El acuerdo internacional reconoce el aporte de la leche y los lácteos a la nutrición de las personas, la economía rural, la empleabilidad y la permanencia de las familias en los campos. Mientras que el sector lechero se comprometen con un desarrollo económico, social y ambientalmente sustentables.

La Declaración de Rotterdam fue suscrita por el presidente del Consorcio Lechero, Robert Cussen; el ministro de Agricultura, Carlos Furche; la delegada de la FAO, Eve Crowley, y el presidente de la Federación Internacional de Lechería (IDF-FIL), Nico Van Belzen.

Chile es el primer país de Latinoamérica en suscribir el acuerdo, que incluye a toda la cadena de valor,.