Policía catalana se compromete con la Fiscalía española para frenar referendo
INDEPENDENCIA. Trapero, jefe de los Mossos, advirtió que precintar colegios puede conducir a desórdenes públicos por lo que actuarán bajo los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia".
Desde el lunes, la Fiscalía española empezó a emitir una serie de órdenes a los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) con miras a impedir el referendo independentista convocado para el domingo en esa región. Ayer, Josep Lluis Trapero, el jefe operativo de los Mossos, se comprometió a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, que incluyen precintar colegios destinados a ser centros de votación.
Trapero se reunió ayer con los jefes de la Policía española y la Guardia Civil para coordinar la seguridad ante la jornada del domingo. El liderazgo de este operativo lo asumió el coronel Diego Pérez de los Cobos, de la Guardia Civil, enviado por el Ministerio del Interior, que además trasladó, temporalmente a la región, a miles de agentes para unirse a los 16 mil Mossos.
En esa reunión, Trapero advirtió del riesgo de que se produzcan alteraciones del orden público con motivo del referendo que ya fue suspendido por la Justicia española, pero cuyos impulsores insisten en celebrar, aunque cada vez con menos convicción.
En ese sentido, el jefe de la Policía catalana se comprometió a acatar lo exigido por la Fiscalía, pero avisó que él y sus hombres se ajustarán a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia".
Según informaron los Mossos en su cuenta de Twitter, en la reunión explicaron al fiscal que "el cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede acarrear consecuencias no deseadas", como alteraciones del orden público.
"Estas consecuencias se refieren a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar", puntualizaron. Por lo mismo, aseguraron que transmitieron al fiscal varias consideraciones "respecto de la situación de tensión que se está generando en relación con los actos del próximo 1-O (sigla con la que se ha bautizado al referendo)".
De todas formas, afirmaron que todas las consideraciones se hacen desde la voluntad de dar "el mejor y más adecuado cumplimiento a sus instrucciones".
Desórdenes públicos
Trapero basa sus advertencias en que grupos independentistas han pedido a sus activistas que se concentren en las escuelas para permitir que sean utilizadas para la consulta y para impedir que las fuerzas de seguridad las clausuren, lo que podría generar desórdenes.
A este respecto, y en el plano judicial, la Audiencia Nacional anunció ayer que percibe indicios de sedición (delito penado con cárcel) en los disturbios ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, fundamentalmente por el hostigamiento a agentes de la Guardia Civil durante una operación policial contra el referendo, por lo que investigará como sedición estos sucesos.
Desde las filas independentistas, en tanto, el ex presidente de la región catalana, Artur Mas (2010-2016), alertó también del "problema de orden público" que pueda generar el Estado español si intenta "precintar Cataluña" para impedir el referendo. "Están poniendo en peligro la seguridad pública con una desproporción total y absoluta", opinó.
En este contexto, el actual líder catalán, Carles Puigdemont, ha convocado para hoy a la llamada Junta de Seguridad de Cataluña, un organismo que agrupa a los responsables en ese ámbito, tanto de carácter estatal como regional.
La convocatoria es otra muestra de la distancia entre el Gobierno español y el autónomo catalán porque la reunión debe hacerse por iniciativa de ambas partes, y Puigdemont ha optado por hacerlo de modo unilateral. De todas formas, varias autoridades del Ejecutivo español ya confirmaron su asistencia a la cita.
Denuncia de altos cargos detenidos
Altos cargos del Gobierno autónomo de Cataluña, detenidos por orden judicial por organizar el referendo del domingo, dijeron ayer que denunciarán al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) por "grave violación de los derechos fundamentales". El "número dos" de Economía del Gobierno autónomo catalán, Josep Maria Jové, ha comenzado a elaborar una demanda contra el Estado, y , según dijo en una rueda de prensa su abogado, Andreu Van den Eynde, se espera que en los próximos días otros detenidos actúen en el mismo sentido.