Como plantea el libro "Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile", del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las formas más habituales de reproducción de la desigualdad es la transmisión de conocimiento de una generación a otra, puesto que predetermina las trayectorias de vida desde la infancia.
Como país nos debemos cuestionar que una sociedad democrática como la nuestra sea una reproductora de desigualdad, que un niño o niña por no "nacer en cuna de oro", tenga predestinado en un futuro a replicar el esquema de vida de sus padres sin importar la meritocracia. Como sociedad debemos reflexionar sobre cómo construir un sistema más justo, donde no sean los recursos los que definan la institución donde un niño o joven pueden cursar estudios.
Debemos estar de acuerdo en que la política pública bien implementada es una importante herramienta que permite compensar las desigualdades de origen, y que la educación nos puede permitir como sociedad alcanzar la justicia social y el derecho a que todos los niños y jóvenes puedan desarrollar sus talentos y capacidades.
La desigualdad de nuestro sistema educativo se puede asociar a tres factores: 1) el acceso de los hogares a recursos económicos, sociales y culturales; 2) las infructuosas políticas públicas desde los años 90 en el sistema escolar que no han logrado avances significativos; 3) el sistema de financiamiento que promueve la deuda con la banca por beneficios futuros que no están asegurados.
Hoy el discurso público sitúa a la educación como el eje de desarrollo del país y el aumento de cobertura en familias de ingresos medios y bajos, acentúan y refuerzan la alta valoración de la educación superior, pero también conlleva la frustración, expresada en la exclusión o segregación social que plantea nuestro modelo de desarrollo.
No sólo la desigualdad, también el centralismo afectan directamente a amplificar condiciones poco favorables a las universidades regionales, pero hay acuerdo en que es la educación el único factor que puede disminuir los niveles de divergencia, y en las universidades regionales existe el compromiso real que puede lograrse con crecientes niveles de calidad, sin discriminación y aportando a la inclusión de grupos vulnerables.
Óscar Garrido Álvarez, rector
de la Universidad de Los Lagos