El tema de las asesorías parlamentarias ha sido abordado desde una perspectiva simplista y, además, de una manera equivocada. Considerando los grandes volúmenes de información disponibles en la actualidad a través de diferentes plataformas, a nadie debiera parecerle extraño que un parlamentario contrate asesorías para obtener antecedentes, datos y criterios en boga sobre los más diversos asuntos que se tratan en la institución parlamentaria.

Los llamados "hombres del Renacimiento" que acumulaban grandes cantidades de conocimiento sobre los más diversos temas, fueron desapareciendo a medida que ese mismo conocimiento se ampliaba. Hoy, ninguno de nosotros es un sabio enterado del detalle de todos los temas a los que nos vemos enfrentados. Entonces, las asesorías son estrictamente necesarias para formarse un pensamiento fundado que será necesario al momento de votar.

En mi condición de socialista, sostengo un conjunto de convicciones propias de la formación ideológica y política que han conformado mi pensamiento. Por tanto, frente a un tema que estemos tratando en el Senado, recurro a quienes puedan aportar argumentos tanto desde el punto de vista técnico como ideológico, que ayuden a conformar mi posición. Sería curioso -por decir lo menos- que sobre un proyecto de política económica contrate una asesoría del centro de estudios Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, o que en un tema de bioética y salud pública busque consejo en la Fundación Jaime Guzmán o en alguna ONG cristiana-integrista.

Aquí es donde quisiera disentir de las actitudes de la Fiscalía como también en la posición de la Contraloría. Los senadores somos los responsables de contratar, con los recursos que la institución nos otorga, a quienes consideramos calificados para emitir informes y argumentos sobre los asuntos cuya opinión requerimos. Entonces, sólo corresponde a nosotros mismos calificar la calidad de los resultados de las asesorías. Soy yo -y no un fiscal o un funcionario de la Contraloría- quien califica la calidad de los informes. Insisto, no es un fiscal ni un funcionario de la Contraloría quien está habilitado para definir tal calidad. Por eso también creo que es un exceso lo que está pasando en este asunto. Hay que dimensionar bien el problema. Y por cierto, ponerle atajo. De lo contrario, tal como vamos, el fiscal nacional y sus fiscales subalternos -y eventualmente también el contralor y sus funcionarios-, estarían pasando a administrar las cosas del Estado, de sus instituciones y de sus empresas.

Rabindranath Quinteros Lara,

senador por Los Lagos

Un total de 14.308.151 electores en Chile y otros 39.137 residentes en el exterior podrán votar en las próximas elecciones de noviembre, según el padrón del Servicio Electoral (Servel). En vistas del período de propaganda que ya partió, fiscalizadores de ese organismo verificarán el cumplimiento de la normativa de la campaña que buscará elegir al Presidente de la República, cuatro diputados del distrito 25 (de las provincias de Osorno y Llanquihue) y cuatro consejeros regionales de la zona. Para ello, se ha entregado a los candidatos el Manual de Consulta de Campaña y Propaganda, que establece qué pueden hacer y qué no deben hacer los comandos durante estos dos meses.

Dentro del período de campaña hay que distinguir dos etapas. La primera, que se extiende hasta el 19 de octubre, comprende acciones de brigadistas en la vía pública y emisión de publicidad en radios y otros medios de prensa; y la segunda, del 20 de octubre al 16 de noviembre, en que se agrega la propaganda en espacios públicos y privados, entre otros.

Los aspirantes tienen mucho que decir en estos meses, a través de sus ideas y mensajes. Es necesario aspirar a objetivos de largo aliento, para que la ciudadanía haga una buena elección y no se arrepienta en corto plazo, considerando que un buen candidato no es el que raya la ciudad, sino quien activa lo mejor de sí para lograr el beneficio de los demás. La fuerza de las ideas, el respeto y proyectos sólidos deben desterrar la fórmula de los rayados, de los carteles que brotan por toda la ciudad y de millones de pesos gastados en papelería, para dar paso a la creatividad y un contacto cercano con la comunidad.

Estos líderes deben exponer soluciones a los problemas que agobian a la gente, más que entrar en discusiones sin sentido y que, en algunos casos, dejan en mal pie a sus protagonistas. Es preciso entender que especialmente en esta campaña hay que cuidar las ciudades de esta competencia despiadada tras los votos. Los candidatos deben ser cuidadosos, para no demostrar un desprecio por las ciudades y una falta de compromiso con el objetivo de tener espacios limpios. Éste es uno de los tantos desafíos que deberán enfrentar quienes aspiran a transformarse en nuestras próximas autoridades.