En Chile, el aspecto más detonador de la inconformidad de la sociedad es la desigualdad. La liberalización económica ha producido profundas brechas sociales y los avances han agravado las inequidades y oportunidades de acceso. Pese a ser considerada una de las economías más robustas de América Latina, la distribución de ingresos en Chile es la más desigual de todos los países de la OCDE. Los informes del organismo indican que las políticas no han ayudado a disminuir la brecha socioeconómica, e incluso han favorecido a la clase más enriquecida.
El aumento del PIB no se traduce directamente en mayores gastos fiscales en la población, y menos en regiones. Se estima que el 0,1 % de los chilenos más adinerados percibe 20% de los ingresos totales del país; y la renta per cápita del 1% más rico de los chilenos es 40 veces mayor que el ingreso per cápita del 81% de la población.
Un vehículo clave para reducir la desigualdad , sin dudas, es la educación. Hoy los datos reflejan la gran expansión de la educación superior, situación que no es desconocida, pero también reflejan la descomposición del sistema de educación superior, donde se ha privilegiado una educación sin regulación. El impacto de las políticas públicas que contribuyan a mejorar estos estándares será trascendente en el futuro de los estudiantes y sus familias.
Sin duda el país ha avanzado mucho en cobertura, y más allá de cuestionar el modo de como se ha realizado, importa el generar condiciones que permitan el mejor desarrollo de los jóvenes en instituciones que den garantía de calidad, pero también en un sistema de educación superior que permita el desarrollo equitativo de sus instituciones y condiciones objetivas para que los estudiantes se inserten exitosamente en el mundo laboral.
Sería ilusorio plantear que sólo en la educación terciaria se generan inequidades, también están presentes en los niveles preescolar, primarios y secundarios. La historia del país evidencia un acceso a la educación segmentado por clase social que se consolida con las reformas de los años 80 y, posteriormente, en los 90 con el copago con un fuerte protagonismo del sector privado. No hay dudas que las expectativas de las familias en educación superior son elevadas, se asume que la mejor herencia que se les puede dejar a los hijos es una profesión donde puedan desarrollarse y tener un mejor nivel de vida. Evidentemente, estas expectativas responden a los anhelos de familias que ven en la educación un mecanismo de movilidad social.
Óscar Garrido Álvarez, rector
de la Universidad de Los Lagos