Hace cincuenta años se promulgó en nuestro país la Ley 16.640 que puso en marcha la Reforma Agraria, durante la presidencia de Frei Montalva. Aunque hay que recordar que el proceso reformador del campo chileno comenzó con la primera ley de reforma agraria, la que se dictó en el gobierno del presidente Jorge Alessandri, lo que revela que más allá del trinomio Alessandri-Frei-Allende o, dicho de otro modo, más allá del trinomio derecha-centro-izquierda, en esa época de la Historia de Chile se advertía la necesidad de democratizar la propiedad de las tierras.
Registros históricos obtenidos en una investigación efectuada años atrás, señalan que en nuestra provincia, entre los años 1975 y 1978, vale decir durante el Gobierno Militar, se entregaron 1.116 parcelas correspondientes a 91 fundos. De esas parcelas aproximadamente un tercio fue vendido durante los primeros diez años y, según se dio a conocer al publicarse la investigación, se calculaba que sólo el 10% de los parceleros conservó esos terrenos.
Estos no son los únicos datos que existen sobre el proceso de reforma agraria, por cierto que hay mucha más información sobre el tema, la que permite avalar tanto la postura de quienes sostienen que no hay nada que celebrar al cumplirse estos 50 años, como la de aquellos que afirman las bondades de este proceso que buscó modernizar el sistema de producción del campo chileno.
El contexto histórico y la realidad social, cultural y económica en que se llevó a cabo el proceso de reforma agraria es evidentemente muy distinto al actual. Aun así, las brechas económicas que existían en esa época hoy siguen siendo muy grandes, tanto así que el 53% de los trabajadores y trabajadoras del país gana actualmente menos de 300 mil pesos líquidos, en distintas áreas productivas, incluyendo las actividades agrícolas.
Conocer la historia de nuestro país resulta muy necesario, tanto los aciertos como los errores que administraciones políticas anteriores tuvieron en la implementación de políticas públicas, entre ellas la Reforma Agraria. Y si ese 10% de parceleros que conservó sus terrenos pudo ser un porcentaje mayor, la reflexión sobre ello podrá servir para mejorar las oportunidades de los actuales pequeños agricultores que viven del campo.
Jaime Sotomayor Neculman Abogado, Magíster en Gestión Pública