Verónica Salgado

Falta de mecanismos de control y fiscalización sobre el terreno donde se construye el relleno sanitario provincial, ubicado en el sector de Curaco, en la ruta U-400 al mar, son algunas de las responsabilidades que la Contraloría Regional le endosa al Gobierno Regional (Gore) y que provocaron que el recinto no comenzara a operar en febrero de 2016, tal como estaba establecido, sin existir a la fecha claridad de cuándo se retomarán los obras que ya llevan 626 días paradas.

A eso se suma que el organismo contralor señala que el proceso de licitación y adjudicación de la iniciativa a la empresa Servitrans, realizado por el municipio de Osorno, estuvo apegado a las normas y no presenta irregularidades. Ambos puntos son parte de las conclusiones del informe final de investigación especial N°720 realizado por la Contraloría Regional y que se conocieron esta semana.

La investigación duró más de un año y medio. Se recopilaron antecedentes y se hizo el análisis normativo de información entregada por el Gore (mandantes del proyecto), municipio de Osorno (unidad técnica), Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La investigación de Contraloría se originó luego de las denuncias de presuntas irregularidades en la licitación y ejecución del proyecto presentadas por el diputado Javier Hernández (UDI) y el ex consejero regional Harry Jürgensen Rundshagen (RN) en febrero de 2016.

Terreno

En octubre de 2015, Servitrans (empresa a cargo de la construcción y posterior administración del recinto) paralizó el avance de las obras debido a deslizamientos de tierra que afectan a una porción del terreno.

Al respecto, el informe precisa que "no ha logrado acreditar que el emplazamiento del relleno sanitario no se encuentre expuesto a remociones de masa (...) y que no se encuentra en zonas inestables o con insuficiente capacidad de soporte (...)".

Agrega que en un plazo de 60 días el Gore debe remitir al ente contralor las acreditaciones que el sitio donde se construye el relleno presenta mecanismos para evitar remociones en masa, y que no esté expuesto a deslizamientos o derrumbes, entre otros detalles de seguridad y garantía.

Agrega que "en lo sucesivo el Gore deberá reforzar los mecanismos de control, a fin de asegurar y garantizar que todos los proyectos de rellenos sanitarios que contrate cumplan a cabalidad con las disposiciones reglamentarias establecidas".

La construcción del proyecto se inició en diciembre de 2014 gracias al financiamiento de un crédito entregado al gobierno chileno a través de la Subdere por el Banco Alemán (KFW) por $7 mil millones, además de $3 mil millones que fueron aportados por el Gore.

En tanto, el intendente Leonardo de la Prida señaló que la Contraloría es un organismo independiente constitucionalmente y que su informe final sobre el relleno es resoluto en descartar acciones ilegales o de cualquier rareza.

"Reconoce que la licitación fue ajustada a derecho y valida el proceso completo. Además, señala que el terreno donde se emplaza el proyecto no era el mejor y que se deben realizar las mejoras de ingeniería que tanto se han cuestionado. Ahora, esperamos que el SEA se pronuncie favorablemente sobre la pertinencia de las obras, las que significarán un incremento de recursos superior a $2.500 millones", dijo la autoridad regional.

Licitación

El informe también precisa que "en la licitación y revaluación del proceso (...) la Municipalidad de Osorno se ajustó a derecho al adjudicar la licitación pública a Servitrans S.A. (...) no se advierte que la revaluación haya importado una alteración de las condiciones o características de la obra, ni que hubiesen existido errores en la evaluación efectuada por la entidad licitante".

También agrega que el municipio tiene 60 días para acreditar el cumplimiento del 30% de contratación de mano de obra local por parte de Servitrans y habilitar la cortina vegetal en torno al proyecto.

Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, afirmó que la Contraloría pone fin a las críticas realizadas a los funcionarios de confianza que fueron cuestionados y valida un proceso que fue mal empleado políticamente.

"Muchas veces dijimos que no había nada oscuro, pero siempre quisieron usar el tema políticamente. Hemos trabajado bien, hemos realizado las cosas bien y Contraloría así lo determina. Me alegro por mi equipo, que es gente rigurosa y que fue cuestionada injustamente. Lamento que recibiéramos un proyecto con errores, pero ahora debemos todos trabajar en la solución, ya que estamos a un paso de retomar el proyecto", indicó Bertín.

Dudas

El ex consejero regional, Harry Jürgensen Rundshagen, manifestó su frustración por el resultado del informe, ya que a su juicio, no responde sus consultas y que la Contraloría demoró demasiado en responder. "Realizaré una presentación en la Contraloría Nacional porque a mis consultas, por ejemplo, sobre el informe Poch, no hay respuesta", adelantó.

Sobre Poch, la Contraloría dice que las consultorías externas no eran vinculantes, ya que el Gore no garantizó que fueran parte del proceso y por lo tanto, no es necesario que se consideren sus informes.

Juan Carlos Duhalde, presidente del Consejo Regional (Core), señaló que "coincido con algunos puntos, pero creo que el municipio también tiene responsabilidad en el retraso y en el tema del informe Poch, el sentido común señalaba que debía ser considerado. Aún faltan las conclusiones de nuestra comisión investigadora".

El diputado Javier Hernández dijo que no revisa aún en detalle el informe, pero sostuvo que inicialmente le parece que omite responsabilidades del municipio y no marca sanciones, y que sólo busca correcciones futuras.

comenzó a ejecutarse el proyecto del relleno sanitario provincial, pero en octubre de 2015 se paralizó. 2014