Verónica Salgado

Cuatro municipios de la provincia de Osorno fueron sancionados por la Contraloría General debido al incumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria vigente, producto del inadecuado manejo de vertederos ubicados en sus comunas. El organismo contralor también precisa que la Seremía de Salud no ha cumplido adecuadamente su función fiscalizadora ni de control a los sitios de disposición final existentes en la Región.

Los amonestados son Purranque y Puerto Octay, ya que no han realizado el correcto cierre de sus recintos, a pesar de no estar operativos desde al menos 5 años; mientras que Osorno y Río Negro deben reforzar los mecanismos de control, fiscalización y manejo en sus terrenos de almacenaje de desechos.

El informe de Contraloría General es el 498 publicado el pasado 5 de junio y corresponde a la auditoría realizada en 2016 a la labor de la Seremía de Salud, municipios y otros organismos respecto a la implementación de los planes de cierre de vertederos de las provincia de Osorno y Llanquihue.

En el caso de los municipios, fueron considerados aquellos que cuentan con vertederos municipales como son Calbuco, Los Muermos, Puerto Montt, Frutillar, Fresia, Osorno, Río Negro, Purranque y Puerto Octay.

Cierre irregular

El vertedero de Puerto Octay está ubicado a 8 kilómetros camino a Purranque y estuvo operativo por más de 20 años hasta que fue cerrado en 2012, pero el municipio no tramitó con la Autoridad Sanitaria la aprobación del plan de cierre y lo clausuró de igual forma.

Así lo precisa el informe de Contraloría, a lo que suma irregularidades como la ausencia de obras comprometidas asociadas al plan de cierre, donde faltan 5 chimeneas para el venteo del biogás; la construcción de un pozo de succión de lixiviados; 2 pozos de monitoreo de aguas subterráneas, entre otras.

María Elena Ojeda, alcaldesa de Puerto Octay, precisó que en 2012 los recursos estaban para ejecutar las obras de forma adecuada, pero finalmente la Contraloría en su auditoría detectó una serie de incumplimiento a la norma medioambiental.

"Estamos viendo cómo solucionar todo lo que fue sancionado por la Contraloría, que apunta a obtener los permisos del plan de cierre, finalizar las obras inconclusas que no son menores y todo en un plazo de 60 días. Estos problemas son consecuencia de la administración pasada, son heredados", comentó la autoridad.

Agregó que la mayor preocupación es la extracción del biogás y la eventual contaminación de las napas subterráneas que abastecen de agua potable a la comuna.

En el caso de Purranque, el vertedero está ubicado a 10 kilómetros camino a Puerto Octay y fue cerrado hace 15 años; y aunque el plan de cierre fue bien ejecutado, el problema se genera por la falta de monitoreos ambientales y líquidos lixiviados, falencia que debe estar resuelta dentro de 60 días.

El alcalde de la comuna, Héctor Barría, explicó que este tipo de estudios tienen un costo, ya que ningún servicio público realiza estos análisis, por lo que se de debe recurrir a universidades o centros especializados.

"Existen muchas instituciones del Estado que no cuentan con el personal adecuado para realizar sus gestiones y con los recursos necesarios para concretar todas las tareas que estipula la normativa. En todo caso, ya estamos realizando las modificaciones presupuestarias para cumplir y evitar mayores sanciones, porque no podemos negarnos", dijo Barría.

Sin opción

El municipio de Río Negro, en tanto, debe actualizar el plan de cierre del vertedero que mantiene activo (ubicado camino a Riachuelo) y donde recibe los desechos de la comuna.

Además, deben informar qué medidas de mitigación se han realizado para que el recinto siga operando de forma adecuada y acorde a las normas medioambientales.

Asimismo, tanto en la operación actual como en el plan de cierre que debe ser actualizado se debe considerar la configuración geométrica para la masa de residuos, sistema de cobertura final, manejo de líquidos percolados, corta fuegos, entre otros aspectos.

De hecho, el vertedero ya ha registrado emergencias debido a incendios, donde la última ocurrió en marzo de 2016, cuando el recinto ardió durante dos días.

Carlos Schwalm, alcalde de Río Negro, explicó que la Contraloría se preocupa de constatar un hecho asociado a normas y leyes, pero no se involucra con la realidad práctica de los municipios. Agregó que no es posible realizar el cierre del vertedero comunal, porque no existe otro lugar donde depositar los desechos.

"Hemos realizado medidas de mitigación, pero mientras no tengamos la solución definitiva, que es el relleno sanitario provincial de Curaco, en Osorno, que está frenando, no tendremos soluciones definitivas. Igual vamos a cumplir en los 60 días solicitados. La Contraloría nos obliga, pero sin recursos asociados es más complejo aun, sobre todo para municipios chicos", indicó Schwalm.

En el caso de Osorno, el municipio deberá realizar un sumario administrativo por la demora que existe en las gestiones asociadas al plan de cierre del vertedero de Curaco (ubicado camino al mar), sumado a que debe generar las acciones necesarias para reanudar a la brevedad la construcción del relleno sanitario provincial parado desde octubre de 2015 y sin fecha clara de reinicio de las obras.

La importancia de retomar las obras del relleno es que albergará la basura de las 7 comunas de la provincia y la municipalidad de Osorno es la Unidad Técnica responsable de concretar el proyecto.

Actualmente, el municipio espera las autorizaciones de la Autoridad Sanitaria para concretar la actualización del plan de cierre, el que se proyecta será progresivo (por zonas).

El alcalde Jaime Bertín señaló que los abogados municipales analizan el pronunciamiento del ente contralor, ya el vertedero de Curaco no puede ser cerrado, ya que recibe los desechos de otras 4 comunas, mientras no se concluya el relleno.

"Me parece un contrasentido, pero prefiero esperar a lo que digan los abogados", indicó Bertín.

La Seremía de Salud, en tanto, deberá reforzar los controles y arbitrar los mecanismos necesarios con el objeto de asegurar las autorizaciones correspondientes; también deberá implementar un plan de vigilancia de los planes de cierres, crear mecanismos de control, coordinación y comunicación de las fiscalizaciones a realizar en los vertederos, entre otras tareas que debe ejecutar en un plazo de 60 días.

"Estamos realizando las modificaciones presupuestarias para cumplir y evitar mayores sanciones, porque no podemos negarnos".

Héctor Barría, Alcalde de Purranque"

"Estos problemas son consecuencia de la administración pasada, son heredados".

María Elena Ojeda, Alcaldesa de Puerto Octay"

tienen los municipios para cumplir con los exigencias señaladas por Contraloría General en su informe. 60 días