La evolución de la educación superior los últimos 25 años evidencia cifras sorprendentes: a principios de los años 90 la matrícula de educación superior bordeaba los 250.000 estudiantes, hoy esa cifra se ha quintuplicado, llegando 1.247.000 estudiantes. La matrícula de universidades pertenecientes al CRUCH representaba el 66% de la matrícula, hoy es menos del 30%; el financiamiento a la educación superior por parte del Estado no superaba los M$200.000.000, y hoy es cercano a los M$1.800.000.000.
Del total de recursos que el Estado invierte, la quinta parte es aporte a las instituciones y lo demás corresponde a becas y créditos, recursos que mayoritariamente reciben instituciones de carácter privado. Al observar datos de la OCDE, Chile cuenta con los aranceles más altos de los países que componen este organismo internacional, además de tener una composición de sólo un 16% de matrícula pública, situación que en promedio en la OCDE llega al 70%.
Evidentemente, los datos reflejan la gran expansión de la educación superior, situación que no es desconocida, pero también reflejan la descomposición del sistema de educación superior donde se ha privilegiado una educación privada vía transferencia de miles de millones de pesos vía aranceles por parte del Estado. Aranceles que son pagados con becas, pero también con créditos como el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado. Este último crédito ha sido utilizado por 800.000 estudiantes, generando endeudamiento en miles de familias. Cabe hacer notar que según datos de la encuesta Casen, al menos un 35% de los alumnos de los quintiles de menores ingresos opta por este crédito para financiar sus estudios.
¿Por qué en nuestro país no llama la atención que la educación superior pública no sea mayoritaria y que cueste tanto regular una actividad tan importante para el desarrollo del país? La respuesta no es fácil, evidentemente el modelo de desarrollo ha favorecido el crecimiento del sector privado sin mayor regulación, pero al mismo tiempo, la estructura del Estado limita una sana competencia generando instancias administrativas y de control que instituciones privadas no deben cumplir.
Hoy se encuentra en el Parlamento una ley de educación superior estatal que nos puede generar las condiciones para un mejor desarrollo, que beneficie principalmente a nuestros alumnos y que establezca una relación con el Estado de mayor reciprocidad.
Óscar Garrido Álvarez, rector
de la Universidad de Los Lagos