La precandidata presidencial, Carola Canelo, miembro del movimiento social Somos Capaces, visitó Osorno como parte de su gira por el país para lograr reunir las 35 mil firmas que le permitirán inscribir formalmente su candidatura en el Servicio Electoral (Servel) y poder aparecer como alternativa para ser la máxima autoridad del país en las elecciones de noviembre. "Busco representar a todos aquellos que no tenemos militancia en ningún partido y podemos generar un cambio de constitución", explicó.

Las firmas son recepcionadas en la Notaría Dolmestch y los interesados no deben realizar ningún pago: "Les pedimos el apoyo para poder inscribir la candidatura y ser una opción real", dijo Canelo.

El presidente nacional de Evópoli, Jorge Saint-Jean, estuvo de visita en Osorno para apoyar a los candidatos a diputados y consejeros regionales que buscan un cupo en las próximas elecciones como parte de la coalición Chile Vamos.

En el caso del distrito 25, el precandidato es Carlos Moraga, ex presidente de Osorno Básquetbol. Durante su visita, Saint-Jean aprovechó de invitar a participar en las primarias presidenciales que se realizarán el próximo 2 de julio en todo el país.

"Para nosotros es importante apoyar a nuestro candidato Felipe Kast, que estamos convencidos será un gran líder para el país", dijo el líder nacional. Agregó que a fines de julio esperan tener claros los nombres oficiales de los candidatos a consejeros y diputados y formalizar sus inscripciones.

Verónica Salgado

E l alcalde Jaime Bertín rechazó realizar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades asociadas a la eliminación en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (Padem) 2017, el cargo que ocupaba hasta el año pasado el ex concejal Juan Carlos Velásquez y quien prestaba servicios en el Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem). Según argumentó el jefe comunal DC, no existen antecedentes suficientes para iniciar una investigación interna.

La petición fue solicitada durante la sesión del Concejo Municipal de ayer por los ediles Carlos Vargas (PS), Daniel Lilayú (UDI) y Osvaldo Hernández (DC), quienes reiteraron que no habían aprobado la modificación al organigrama del Padem, donde en un comienzo aparecía Velásquez en su puesto, pero que al aparecer impreso el documento, el cargo ya no estaba.

Por lo mismo, Hernández enviará los antecedentes a Contraloría para que clarifique si el proceso estuvo apegado a la norma legal y, de paso, transparentar la situación ante la opinión pública.

No fue un triunfo

Durante la sesión del cuerpo colegiado, fue Carlos Vargas quien al momento de exponer sus puntos varios comenzó manifestando su molestia por el tratamiento comunicacional asumido por el municipio tras perder en primera instancia el juicio laboral contra Velásquez, donde el Tribunal Laboral falló a favor de Velásquez en su demanda laboral y determinó que hubo despido injustificado por discriminación política.

Por lo mismo, se resolvió que el municipio le pague $13 millones, desglosado en $10 millones por indemnización adicional de 11 remuneraciones; y $3 millones de recargo del 30% de la indemnización por años de servicio. No obstante, no acogió el pago de $20 millones solicitados por daño moral.

"No me parece que el municipio dé a entender que se ganó algo en este juicio, cuando en realidad se perdió. El fallo obliga a pagar $13 millones, y aunque el demandante solicitara un monto más alto, la sentencia es a favor de esa persona. Toda la comunidad sabe que el municipio perdió y no quiero pensar que estamos en época de dictadura", dijo el PS.

Ahí Bertín refutó los dichos de Vargas, aclarando que la casa edilicio usó su derecho de comunicar una posición frente al fallo. Además, enfatizó que la causa no está definida, ya que el municipio ingresó a la Corte de Apelaciones de Valdivia un recurso de anulación.

El UDI Daniel Lilayú se sumó al planteamiento de Vargas, agregando que el municipio perdió por existir un error administrativo durante el proceso y que eso debe ser precisado a la comunidad.

"Quiero solicitarle alcalde que instruya un sumario administrativo por transparencia a la ciudadanía y con el cuerpo colegiado, ya que existe la duda sobre cómo se llega a eliminar el cargo de encargado SEP del Padem 2017 (que ocupaba Velásquez), cuando en los documentos que nosotros tenemos estaba considerado", manifestó el concejal.

Y es que la molestia de los ediles se genera a raíz del juicio laboral que condenó al municipio a cancelar los 13 millones al ex concejal y ex funcionario del Daem, ya que la defensa municipal siempre argumentó que la causa del despido correspondía a necesidades de la empresa producto de reestructuración orgánica del Padem aprobada por los concejales en la sesión del 15 de noviembre de 2016.

De hecho, Lilayú como argumento a su petición leyó parte del fallo judicial donde se precisa que de acuerdo a la lectura de la sesión del Concejo del 15 de noviembre de 2016, se realizaron dos reuniones (2 y 9 de noviembre) para discutir el Padem, ocasiones en las que tampoco se "observa que se haya discutido el tema de la supresión del cargo".

Tensión y Contraloría

A esa altura el alcalde Bertín ya no sonreía y su voz daba cuenta que estaba molesto por la situación que se generaba en el Concejo. Los asistentes a la Sala de Sesiones sala permanecía en silencio, igual que los ediles DC, Emeterio Carrillo, María Soledad Uribe y el PPD Mario Troncoso. Este último evitó pronunciarse en este punto, ya que no era autoridad cuando se discutió el Padem.

"Si ustedes no hacen un buen trabajo, no leyeron en esta ocasión el documento minuciosamente como lo hacen en otras habitualmente, no es razón suficiente para instruir un sumario administrativo. Además, existe aprovechamiento político del tema", contestó Bertín.

Esto gatilló que Hernández reiterará la solicitud de realizar la investigación sumaria, ya que considera que al menos dos funcionarios faltaron a la verdad durante el juicio.

"Aquí el tema no es el juicio, sino que es un acto administrativo que no fue bien realizado y que nos involucra a nosotros como cuerpo colegiado en una acción legal. Este tema lo llevaré a Contraloría porque es necesario por un tema de transparencia para nosotros como concejales y la ciudadanía", precisó el edil DC.

Para complementar sus dichos, Hernández pidió que se escucharan parte de los audios de dos funcionarios durante el juicio, pero el alcalde Bertín se opuso y solicitó la intervención del secretario municipal, Yamil Uarac, quien explicó que los concejales se están apurando ya que aún el proceso judicial está vigente en la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Ante ello, Lilayú no concordó con dicha explicación, pues sostuvo que eran canales distintos; lo mismo expresó Vargas, quien mostró el documento del Padem que tenía el cargo de Velásquez -que asegura votaron- y el que fue impreso finalmente, donde ya no aparece Velásquez en el organigrama.

Ante ello, el alcalde sostuvo que asumía la responsabilidad de los funcionarios "y no autorizaré el sumario. Fin del tema".

Antes de finalizar, el concejal Jorge Castilla (RN), señaló que sería bueno dar una señal de transparencia al Concejo y apoyó realizar una investigación, pero no fue considerada su acotación.