Concejales exigen sumario para clarificar irregularidades del Padem
INVESTIGACIÓN. Por medio de esta acción, que debe ordenar el alcalde, se busca identificar quién decidió eliminar el cargo en el Departamento de Educación del ex edil Juan Carlos Velásquez, pese a que en la discusión previa del Plan el profesional se mantenía en el organigrama. Independiente de la decisión, Osvaldo Hernández (DC) pedirá la intervención de Contraloría, lo cual sería apoyado por el resto de integrantes del Concejo.
veronica.salgado@australosorno.cl
Seis concejales de la comuna de Osorno exigen realizar una investigación sumaria con el objetivo de aclarar las irregularidades que tuvo el proceso de aprobación del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (Padem) 2017, con el objetivo de identificar a las personas responsables de alterar el instrumento público donde finalmente se eliminó el cargo que ejercía el ex edil Juan Carlos Velásquez (en su calidad de funcionario del Daem), pese que durante la discusión previa el profesional se mantenía en el organigrama.
Es facultad del alcalde Jaime Bertín instruir que se realice el proceso investigativo, ya que eventualmente pueden resultar amonestados funcionarios de la casa edilicia; por lo mismo, los concejales argumentaron que esperan que la primera autoridad comunal respalde la solicitud dando así una señal de transparencia hacia la comunidad y al propio cuerpo colegiado.
Los ediles ya habían manifestado públicamente su molestia a raíz del juicio laboral del ex concejal Velásquez contra el municipio de Osorno que comenzó el 12 de febrero, ya que dentro de los principales argumentos de la defensa municipal se encontraba que no se le renovó el contrato por una reestructuración orgánica del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem), decisión contenida en el Padem aprobado por el Concejo Municipal en la sesión del 15 de noviembre del 2016, a sólo tres semanas de desarrolladas las elecciones municipales donde Velásquez no obtuvo la reelección.
Detalles del fallo
De hecho, la sentencia entregada por el Tribunal de Letras del Trabajo fue favorable para el ex militante del PPD, ya que el fallo precisa que se logró demostrar la discriminación indirecta de la que fue víctima Velásquez, detallándose que "fue un acto discriminatorio fundado en razones de opinión política".
Según lo expresado en el fallo entregado el miércoles por parte del juez Hernán Valdevenito, en el punto B denominado "Indicio en cuanto a que el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (Padem), contendría la supresión del cargo del actor" (página 54), se expresa que en ninguna parte del documento se advierte por escrito la eliminación del cargo que desempeñaba Velásquez, el cual era Contador Coordinador SEP, a excepción del organigrama del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem).
Incluso, se indica que de acuerdo a la lectura de la sesión del Concejo del 15 de noviembre de 2016, se realizaron dos reuniones (2 y 9 de noviembre) para discutir el Padem, ocasiones en las que tampoco se "observa que se haya discutido el tema de la supresión del cargo".
Como medio de contexto se utilizó una nota de prensa publicada por El Austral de Osorno el 11 de mayo de este año titulada "Concejales piden investigar plan de educación por modificaciones que aseguran no aprobaron", nota en la que los ediles aseguran que la modificación que eliminó el puesto de coordinador SEP, "cargo que ejercía el ex edil Juan Carlos Velásquez, nunca fue socializado durante los meses en que se discutió el plan; no obstante fue incluido sin previo aviso -según los ediles- en el documento final aprobado por ellos".
Sin argumentos técnicos
Ya en la página 55 del fallo, en el punto C titulado "Indicios sobre las necesidades técnicas para suprimir el cargo de Contador Coordinador SEP", en el apartado trigésimo primero se detalla que "otro de los fundamentos vertidos por la denunciada (municipalidad) para sustentar la supresión del cargo (…) obedecería a aspectos técnicos que habrían sido necesarios para optimizar la labor del Daem, argumento que será desestimado de plano, atendido que no se rindió prueba al respecto".
A su vez, se utiliza la declaración del alcalde Jaime Bertín, el cual sostuvo que si bien el Padem comenzaba a regir el 1 de enero de 2017, se puso término al contrato de Velásquez el 1 de diciembre de 2016; ello, según dijo Bertín, porque fue el director del Daem que le argumentó que no podía seguir teniendo un cargo y pagándolo, "simplemente por cuanto se trata de un cargo de una persona que ejerció un rol político, refiriendo que en muchas instituciones públicas se acostumbra eso, o sea, una persona que ejerce un rol político se la saca de su cargo y se lo deja en otro cargo para que siga ahí, y por último no hay que tocarlo porque es político. En el caso del actor (Velásquez), se adoptó una decisión diferente, en el sentido que si alguien no es necesario y para efectos de mejorar la gestión de dicho departamento, la decisión exige que se tome de inmediato".
En este punto, el fallo utilizó las declaraciones de las propias testigos que presentó el municipio, Karen Vera (jefa Unidad de Proyectos) y Mirna Gutiérrez (encargada de Fiscalizaciones), quienes "reconocieron que sus cargos fueron creados el presente año y no se encuentran incorporados en el Padem 2017. Para finalizar, la denunciada no presentó prueba con el objeto de acreditar un inadecuado proceder laboral del actor (Velásquez), esto es, alguna anotación disciplinaria o investigación administrativa iniciada en su contra. Más aún, las propias testigos de la demandada que fueron colegas del demandante en el Daem, indicaron que el actor cumplía satisfactoriamente sus funciones".
Sumario
El concejal DC, Osvaldo Hernández, considera necesario realizar una investigación sumaria que permita ver qué funcionarios estuvieron detrás de la modificación anómala de la estructura orgánica del Padem y que nunca fue avisada a los concejales. Precisó que la discusión previa que se realizó nunca contempló este tipo de modificaciones y, "por lo tanto, los cambios realizados son graves puesto que hablamos de un instrumento público".
"Lo que ocurrió es una falta grave y por eso es necesario realizar el sumario y espero que el alcalde Bertín respalde nuestra solicitud, porque finalmente es una señal de transparencia. En todo caso y de forma paralela enviaremos los antecedentes a Contraloría para que investigue todo el tema y se pronuncie", explicó el edil.
Agregó que existen responsabilidades administrativas, por lo que los involucrados tendrían que pagar los $13 millones al ex concejal y evitar así que esos dineros salgan del fondo municipal. "No me parece que el municipio quiera endosar el pago a los fondos municipales sin determinar responsabilidades. Este fallo es la causa de una serie de decisiones erradas y una acción anómala como la modificación al Padem", precisó Hernández.
Carlos Vargas (PS) también cree necesario clarificar lo ocurrido, aunque no tiene total confianza en los sumarios administrativos porque -dijo- suelen no tener resultados concluyentes. "Para mí esto fue un engaño y tengo los documentos para demostrarlo, pero plantearé el tema en el Concejo Municipal mientras veo qué mecanismo es el mejor a emplear para clarificar ya que tenemos hartos temas más por aprobar", dijo Vargas.
Daniel Lilayú, edil UDI, también cree que se debe realizar el sumario ya que el fallo entregado por el Tribunal Laboral da cuenta que todo lo que ocurrió fue producto de un error administrativo.
"La Municipalidad no puede desconocer que fue un juicio adverso y el alcalde manifestó que su deber es cautelar el patrimonio municipal. Por ello, difiero, ya que lo ocurrido en esta demanda es producto de un error administrativo que ocasiona un resultado adverso que alguien debe asumir", dijo.
Mario Troncoso (PPD) espera que por transparencia "no me parece apropiado que los abogados del municipio utilicen como argumento al Concejo Municipal cuando sus miembros no reconocen la aprobación del organigrama. Parece una jugada estratégica, así que se debe aclarar el tema y a la brevedad", remarcó.
Jorge Castilla, edil RN, también cree que se debe investigar hasta las últimas consecuencias porque el Concejo debe seguir aprobando muchos puntos y no puede existir quiebres de confianza.
Víctor Bravo, concejal UDI, comentó que "por el bien del Concejo, por transparencia a la comunidad, espero que el alcalde instruya el sumario".
Los concejales DC, Emeterio Carrillo y María Soledad Uribe fueron más cautos y señalaron que la discusión no apunta a problemas administrativos y debe ser tratado en forma interna
Ante la eventual solicitud de investigación, que se haría efectiva el próximo martes, el jefe comunal Jaime Bertín expresó que el tema fue discutido en la Comisión de Educación y por lo tanto ya está avalado. "No sé, habría que verlo en su momento, para estar seguros si corresponde o no. Inicialmente creo que no", dijo sobre la petición de sumario.
Agregó que "siempre he tenido una buena relación con el Concejo, así que podemos conversar el tema. Veremos la forma en que lo plantean y si amerita la solicitud. Todo siempre es conversable", expresó el alcalde demócrata cristiano.
"Lo ocurrido en esta demanda laboral es producto de un error administrativo que ocasiona un resultado adverso que alguien debe asumir".
Daniel Lilayú, Concejal UDI"
"Por el bien del Concejo, por transparencia a la comunidad, espero que el alcalde instruya el sumario".
Víctor Bravo, Concejal UDI"
"Nosotros no actuamos individualmente sino como cuerpo colegiado. No sé qué va a pasar el martes y prefiero no hablar del tema".
Emeterio Carrillo, Concejal DC"
"Este fallo es la causa de una serie de decisiones erradas y una acción anómala como la modificación al Padem".
Osvaldo Hernández, Concejal DC"
"Para mí esto fue un engaño y tengo los documentos para demostrarlo, pero plantearé el tema en el Concejo Municipal".
Carlos Vargas, Concejal PS"
"Esta situación la vamos a conversar, pero creo que debe ser de forma interna y no en sesiones del Concejo Municipal".
María Soledad Uribe, Concejal DC"
"Parece una jugada estratégica, así que se debe aclarar el tema y a la brevedad".
Mario Troncoso, Concejal PPD"
"El único problema es que depende del alcalde instruir el sumario. Pero yo espero que sí lo haga por la buena relación futura".
Jorge Castilla, Concejal RN"
Reacción al manejo comunicacional
El concejal Daniel Lilayú cuestionó la forma en que el municipio ha enfrentado comunicacionalmente el fallo, "ya que la realidad es que el municipio estuvo mal administrativamente y no podemos como entidad edilicia intentar convencer a la opinión pública que existió algún tipo de triunfo", dijo Lilayú. Agregó que el Departamento de Comunicaciones no debe ser sólo reflejo del pensamiento del alcalde Bertín: "claramente no todos coincidimos con los expresado tras el fallo", comentó el edil. También considera negativo el argumento que minoriza los $13 millones, sumado a que endosa a que la comunidad pierde, cuando en realidad "los que perdieron fueron los que tomaron decisiones por razones políticas", dijo Lilayú, en alusión al comunicado de prensa emitido por la Unidad de Comunicaciones, cuyo título era "Fallo ordena al municipio pagar sólo 13 de los $34 millones exigidos por ex funcionario Juan Carlos Velásquez". Incluso, en uno de los párrafos dice textual: "El jefe comunal agregó que, si bien sólo son 13 millones pesos lo conseguido por el demandante, no es el alcalde el demandado a pagar, sino la comuna de Osorno".
$13 millones es el monto que deberá cancelar el municipio al ex concejal Juan Carlos Velásquez, según lo indicado por el tribunal. El municipio estudia los siguientes pasos a seguir judicialmente.
13 de junio se realizará una nueva sesión del Concejo Municipal donde los ediles le solicitarán formalmente al alcalde Jaime Bertín que instruya un sumario administrativo.
15 de noviembre del 2016 se realizó la sesión del Concejo Municipal donde se aprobó el Padem 2017, siendo votado por los ediles.