Años antes, mucho antes, los ríos Rahue y Damas, elementos sustantivos de la geografía local que han ayudado a construir la identidad de un Osorno que convive con el agua y los verdes valles, ofrecían un paisaje muy distinto al de hoy. Mientras el Rahue era un cauce navegable por el cual se podían trasladar productos hacia el río Bueno y de ahí a la costa y al puerto de Corral, y también viceversa, el caudal del Damas sirvió para aportar fuerza motriz a una serie de industrias que se emplazaron en su ribera, además de configurar determinados sitios que la comunidad aprovechó para que funcionaran como balnearios improvisados.
En la actualidad, ambos ríos continúan haciendo fluir el paso constante y murmurante del agua, pero su destino está lejos de la época de gloria de las décadas anteriores. Con el paso de los años, y sin un propósito declarado que les entregara la ciudad, ambos cauces se han convertido en el botadero de cuanta sustancia de dudoso origen se puede encontrar, a pesar de los notorios avances que ha experimentado la institucionalidad medioambiental en el país. Para graficar esto, al menos desde 2015 a la fecha se han ingresado en la Superintendencia de Medio Ambiente nueve denuncias de contaminación en los dos cursos fluviales, ninguna de las cuales ha arrojado hasta ahora, al menos públicamente, el establecimiento de responsabilidades y sanciones.
Mientras la ciudad no se decida aún a delinear de verdad un propósito para los ríos, ya sea para el turismo, la navegación u otro, se hace imperioso que las autoridades y la propia institucionalidad medioambiental coloquen su atención sobre lo que está ocurriendo en el Rahue y el Damas. En las páginas de este diario se ha hecho habitual conocer denuncias de contaminación sin que se produzca una respuesta eficaz de parte del mundo público para cautelar la limpieza de los cauces.
Considerando que en el plan regulador en elaboración se propone proteger a los ríos, la realidad exige ir mucho más allá. En este sentido, se esperaría una actitud más proactiva de la Superintendencia de Medio Ambiente (por ahora opera sobre la base de denuncias) para realizar habituales inspecciones a los cauces, incluyendo mediciones a la calidad de sus aguas.