El anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet en cuanto a enviar al Congreso durante el tercer trimestre del año el tan esperado proyecto de ley que modifique la actual Ley General de Pesca y Acuicultura ha generado diversos cuestionamientos, no por el necesario hecho de cambiar la legislación -cuestión sobre la que hay acuerdo generalizado-, sino por la oportunidad para poner el tema en discusión.
Si bien la llegada de Pablo Berasaluce a la Subsecretaría de Pesca ha significado un significativo aumento en la velocidad de los trámites legislativos de una serie de proyectos de ley que por mucho tiempo no contaron con la preocupación del Ejecutivo, es imposible omitir que la fecha propuesta para presentar el proyecto modificatorio de la Ley de Pesca -octubre de este año, según ha precisado el propio titular de SubPesca- no es la más apropiada.
En ese tiempo, la agenda del Congreso estará marcada por la discusión del presupuesto de la nación y por una serie de factores externos que, indudablemente, dificultarán la realización de un debate profundo.
La Ley General de Pesca y Acuicultura es quizá una de las legislaciones que presentan mayores dificultades para su tramitación y discusión. Los múltiples intereses que ella afecta, positiva o negativamente, exigen de una amplia y democrática discusión, de manera que se conjuren las opacidades que la ley vigente presenta.
También debemos asegurar que el paquete de modificaciones aborde aspectos fundamentales, como la recuperación de la propiedad de los recursos pesqueros para la nación, la eliminación definitiva en todo el territorio nacional de la pesca de arrastre, y la modificación del Registro de Pesca Artesanal, de modo que responda a criterios pesqueros y ecológicos y no a la división político-administrativa de país.
Modificar la Ley de Pesca obedece a un compromiso que recoge el sentir no sólo de los diferentes sectores de la pesca y la acuicultura, sino también de una mayoría ciudadana que percibe que esta legislación representa los peores efectos de la relación entre la política y el dinero. Su discusión requiere tiempo y concentración, por tanto, resulta necesario que el proyecto del gobierno sea ingresado a trámite legislativo en los próximos 30 días y no en los últimos meses del año.
Rabindranath Quinteros Lara,
senador por Los Lagos