Verónica Salgado

Tres concejales de San Juan de la Costa cuestionaron que la administradora municipal de dicha comuna, Doris Bravo Riveros, permanezca ejerciendo su cargo mientras está siendo investigada por el Ministerio Público por eventual delito de cohecho ante la supuesta solicitud de fondos a una constructora para adjudicarle la construcción de 33 viviendas rurales.

Según los ediles Prosperina Queupuan (PS), Sandro Acum (UDI) y Sylvia Cañulef (PS) lo apropiado es que la funcionaria de confianza del alcalde Bernardo Candia (DC) sea apartada de sus labores dentro del municipio mientras dure la investigación.

Y es que el caso tomó un nuevo tinte, luego que hace unos días el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumara con una querella contra la profesional y todos aquellos que resulten responsables.

Precisaron que si bien el cargo es de confianza del jefe comunal, su perfil se concentra en labores que influyen directamente en la gestión municipal, la cual no puede verse empañada por la situación judicial de una persona puntual, dijeron.

Los cuestionamientos se basan en la investigación criminal que lidera la Fiscalía de Osorno desde el 15 de diciembre del 2016 por el presunto delito de "cohecho pasivo propio agravado" .

El caso

El origen del proceso investigativo asociado al eventual delito de cohecho está en el Juzgado del Trabajo de Concepción, producto de una demanda interpuesta en mayo de 2016 por Jorge Acevedo Fiebig contra su ex empleadora Training Concepción S.A. cuyo representante legal es Luis Acevedo Cornejo.

En medio de los peritajes, el demandante para acreditar el trabajo que desarrollaba para su ex empleador, presentó como medio de prueba copias de correos electrónicos (que fueron periciados) donde daba cuenta de su gestión para adjudicarse la construcción de 33 viviendas rurales en la comuna costera (eso sí, el proyecto aún no ha sido ejecutado).

Ante el contexto de las mail y testimonios dados por Alejandro Acevedo, el juez titular del juzgado penquista, Fernando Stehr Gesche, resolvió remitir los datos al Ministerio Público de Los Lagos ya que los antecedentes podrían eventualmente constituir un delito.

Entre los correos electrónicos, uno fechado en diciembre de 2015, de Jorge a Luis dice textual: "(...) tras reunirme con Doris Bravo (alcaldesa subrogante) esta me ha señalado que efectivamente el 15 de diciembre de 2015, llega a su poder la resolución del Serviu Provincia de Osorno (...) me pide reunirse con el representante de la constructora para adjudicar en forma directa 33 viviendas (...) lo que ascendería a un valor de $885.000.000, de lo cual me pide $2.000.000 x vivienda, lo que da un valor de $60.000.000; en este punto quiere pedir un anticipo a este valor para financiar un festival que realizarán en la comuna, orientado a las elecciones del Sr. alcalde".

Como parte de las indagatorias, el 23 de enero del 2017 prestó declaración en la Fiscalía de Osorno Acevedo Fiebig, donde detalló que se había reunido con Doris Riveros en su oficina de la Municipalidad de San Juan de la Costa, quien le dice que aceptaría $1.000.000 por casa, ya que debían financiar un festival en Puaucho.

Además, explica que el 11 de noviembre del 2015 se concretó una reunión a las 11.00 horas en el Mall de Temuco donde participó el alcalde, Bernardo Candia, Doris Bravo y Jorge Acevedo para negociar montos, contratos y fecha de ejecución de las viviendas.

Estar al margen

La concejala socialista, Prosperina Queupuan, precisó que las malas prácticas siempre deben ser reprochadas y sancionadas sin importar el color político de quienes estén involucrados en situaciones de este tipo.

Agregó que por un tema de transparencia Doris Bravo (ocupa el cargo desde abril del 2014) debiera haber dado un paso al costado desde el momento que supo era investigada por el Ministerio Público.

"Que el Ministerio Público investigue es lo adecuado, pero a mi parecer ella debe estar fuera de sus funciones... ello no significa que sea culpable, porque eso lo define la justicia. Si existe una investigación y el CDE se sumó como querellante, a lo menos da cuenta que existían datos suficientes para abrir un proceso", dijo la edil.

"No sabemos por ejemplo cómo fue abordado el sumario que dice el alcalde que se efectuó; es más, ni sabemos cuándo se realizó. En la próxima sesión solicitaré que Doris Bravo sea apartada del cargo durante la investigación", dijo.

Sandro Acum, edil UDI, catalogó como preocupante que exista una acusación tan seria sobre una funcionaria que además ejerce un cargo de confianza del jefe comunal.

"Creo que Candia no puede eludir su responsabilidad, ya que es imposible que un alcalde desconozca esta situación. Como todo está en materia de investigación por un tema de probidad y para evitar cuestionamientos a la gestión municipal, la funcionaria debe estar afuera de su cargo mientras dura el proceso", remarcó.

La edil PS, Sylvia Cañulef, también considera prudente que la administradora esté fuera de sus funciones por el tiempo que se prolongue el proceso investigativo: "por transparencia ella debe ser apartada de su cargo, porque no sabemos si es culpable o inocente. Como concejales debemos tener más fuerza al pedir que sea apartada para no enlodar la gestión del alcalde Candia que ha sido buena", explicó.

Que el tribunal defina

En el caso de la concejala PPD, Margot Barrientos, considera adecuado esperar que los tribunales se pronuncien, pero sostuvo que es lamentable que una gestión sea opacada con investigaciones asociadas a eventuales situaciones de poca transparencia.

El ex alcalde de la comuna y actual concejal, Javier Oyarzo, prefirió no realizar comentarios hasta que finalice la investigación y exista un fallo judicial, ya que no quiere repetir lo vivido cuando él no fue reelecto en el 2012.

"Afectado me sentí cuando el alcalde Candia se querelló contra mi persona culpándome que me había robado casi $92 millones, siendo que sabían que todo estaba invertido en la misma comuna. Así que ahora no estoy afectado y dejaré que la justicia sea la que se pronuncie para luego yo decir algo", comentó Oyarzo.

Este medio intentó comunicarse con la concejal DC Teresa Maripan, pero fue imposible. El presidente regional de la DC, Cozut Martínez. señaló que es necesario aplicar el principio de inocencia en este tipo de situaciones; no obstante, si existe una sentencia judicial que acredite que el cohecho o cualquier otro delito se realizó, "aplicaremos el máximo rigor como partido, que es la expulsión de las filas de la Falange", manifestó.