Verónica Salgado

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella criminal contra la administradora municipal de San Juan de la Costa, Doris Bravo Riveros, por el presunto delito de "cohecho pasivo propio agravado" por la supuesta solicitud de fondos a una firma a cambio de adjudicarle la construcción de un proyecto habitacional.

La acción se suma a la investigación criminal que lleva a cabo el Ministerio Público de Osorno desde fines del año pasado cuando en medio de un juicio laboral, un trabajador de la empresa Training Concepción S.A. revelara el vínculo que tuvo con la funcionaria de La Costa.

El CDE tiene como objetivo principal la defensa judicial de los intereses del Estado e iniciar acciones penales tratándose de delitos que puedan significar perjuicios económicos para el Fisco. Precisamente por esa razón, el Juzgado de Garantía de Osorno acogió el 25 de mayo la querella que ingresó contra la funcionaria municipal.

Cronología

El origen del proceso investigativo asociado al eventual delito de cohecho vinculado a San Juan de la Costa está en el Juzgado del Trabajo de Concepción, producto de una demanda interpuesta en mayo de 2016 por Jorge Acevedo Fiebig contra su ex empleadora Training Concepción S.A. cuyo representante legal es Luis Acevedo Cornejo.

En medio de los peritajes, el demandante para acreditar el trabajo que desarrollaba para su ex empleador, presentó como medio de prueba copias de correos electrónicos (que fueron periciados) donde daba cuenta de su gestión para adjudicarse la construcción de 33 viviendas rurales en la comuna costera (eso sí, el proyecto aún no ha sido ejecutado).

Ante el contexto de las mail y testimonios dados por Alejandro Acevedo, el juez titular del juzgado penquista, Fernando Stehr Gesche, resolvió remitir los datos al Ministerio Público de Los Lagos ya que los antecedentes podrían eventualmente constituir un delito.

Por su parte, el organismo persecutor regional entregó la causa a la Fiscalía de Osorno que inició la investigación el 15 de diciembre del 2016 al solicitar una copia autorizada de la causa laboral y de los registros de audio de las audiencias realizadas. El fiscal a cargo del caso es el abogado Matías Montero.

Reuniones, mail y dinero

La comunicación por mail (cuyos originales están resguardados) partió el 19 de noviembre del 2015, donde Jorge Acevedo Fiebig escribe desde su correo electrónico personal: "Luis, de acuerdo a lo conversado, te adjunto planos y especificaciones técnicas de las casas de San Juan de la Costa (...) son 22 confirmadas por el señor alcalde; idealmente sería conveniente una reunión con él (...) además, se debe considerar el aporte que nos pide... esto en la medida que aceptemos".

Posteriormente, el 3 de diciembre del mismo año otro mail de Jorge a Luis dice textual: "(...) tras reunirme con Doris Bravo (alcaldesa subrogante) esta me ha señalado que efectivamente el 15 de diciembre de 2015, llega a su poder la resolución del Serviu Provincia de Osorno (...) me pide reunirse con el representante de la constructora para adjudicar en forma directa 33 viviendas (...) lo que ascendería a un valor de $885.000.000, de lo cual me pide $2.000.000 x vivienda, lo que da un valor de $60.000.000; en este punto quiere pedir un anticipo a este valor para financiar un festival que realizarán en la comuna, orientado a las elecciones del Sr. alcalde (...) se contactará contigo la alcaldesa subrogante sra. Doris Bravo, para fijar una reunión esta semana y definir el mecanismo de cómo realizar este trámite".

Como parte de las indagatorias, el 23 de enero del 2017 prestó declaración en la Fiscalía de Osorno Acevedo Fiebig, donde detalló que se había reunido con Doris Riveros en su oficina de la Municipalidad de San Juan de la Costa, quien le dice que aceptaría $1.000.000 por casa, ya que debían financiar un festival en Puaucho,

Además, explica que el 11 de noviembre del 2015 se concretó una reunión a las 11.00 horas en el Mall de Temuco donde participó el alcalde, Bernardo Candia, Doris Bravo y Jorge Acevedo para negociar montos, contratos y fecha de ejecución de las viviendas.

En las misma declaración en Fiscalía, Jorge Acevedo precisó que la administradora con Bernardo Candia señalan que si realizan el anticipo de dinero solicitado, eventualmente podrían adjudicar en forma directa vía licitación la construcción de la plaza de Puaucho, una escalera en Bahía Mansa y la construcción de un liceo técnico.

Jorge Acevedo enfatiza en su declaración que "en este negocio debo señalar que fue Doris quien propuso esta coima, no obstante yo saber que era una forma de operar irregular", detalla en forma textual.

Reacciones

Doris Bravo es ingeniero comercial y asumió el cargo de administradora municipal en La Costa el 1 de abril de 2014, cargo de exclusiva confianza del alcalde que mantiene hasta la fecha. Previamente, durante 20 años fue funcionaria del Ministerio del Interior.

"Voy a declarar cuando me cite la Fiscalía. En lo personal estoy tranquila, sigo trabajando en forma normal. Da rabia por la animadversión que se puede apreciar en este tipo de acusaciones. Responsablemente digo que aquí hay una vendetta política, por lo mismo solo esperar que el Ministerio Público haga su trabajo", explicó ayer la funcionario, que es representada por el abogado Iván Cárdenas.

El alcalde Bernardo Candia argumentó que el Ministerio Público es el llamado a establecer la verdad de los hechos. Además, admitió que Doris Bravo se mantiene en su cargo porque no se le ha probado nada y, por lo tanto, se aplica la presunción de inocencia.

"Espero que la justicia establezca los hechos y la verdad. Yo no he participado jamás en ninguna reunión, lo que se acreditará ante la justicia. Estoy seguro que todo esto tiene una arista política, estoy consciente que muchas personas que predican ética y moral andan difamándonos con malas prácticas. Es propio de nuestro adversario político", espetó Bernardo Candia.

Por su parte el fiscal Matías Montero precisó que ya se han realizado diversas diligencias, principalmente pericias de documentos, declaraciones de testigos, además de audios.

"Le notificamos al CDE que se querelló recientemente, solicitando diversas diligencias. Estos casos demoran por los antecedentes que se deben solicitar no sólo al municipio, también a la Contraloría, Serviu, entre otros organismos. Hay órdenes ya decretadas, pero por la gran cantidad han demorado en concretarlas", dijo el abogado del Ministerio Público.