En época de elecciones es cuando se enaltecen eslogan como "escuchar a la gente", "participación ciudadana", "gobernar con la gente", y para ello se crean las más diversas estrategias para legitimar las propuestas que formarán parte de los programas de gobierno, mientras los medios de comunicación ya vislumbran cuáles serán las líneas programáticas de los candidatos.
En educación superior, que es el tema que me concierne, en un escenario donde quedan sólo seis meses para las elecciones presidenciales, los candidatos han realizado pocas menciones sobre educación superior, y éstas se reducen casi a un único tema que es el financiamiento de estudios, como si sólo fuese éste el tema de educación superior. Es importante y necesario que exista una disposición a tratar el tema con altura de miras y confrontar ideas. Si bien las posiciones sobre gratuidad resultan más claras, ya en ellas se delatan algunas posiciones, las que la ciudadanía tiene que evaluar.
Hace cuatro años los rectores de universidades estatales exigían a los candidatos presidenciales un nuevo trato. Si bien no se ha avanzado al ritmo esperado, se ha logrado establecer que la responsabilidad del Estado con sus universidades es ineludible y que no se puede soslayar. El cómo seguir avanzando con el proyecto de ley de educación superior y el proyecto para universidades estatales en un año eleccionario, nos plantea el desafío de enfatizar en temas que van más allá del financiamiento, como la desregulación del sistema, la calidad de las instituciones, el desarrollo científico y tecnológico, entre otros, y cómo podemos lograr un desarrollo armónico e integral del país frente a la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones de desarrollo equitativo.
Hoy los énfasis están en el financiamiento y se plantea desde avanzar hacia la gratuidad universal a mejorar un sistema de créditos y becas. Las fórmulas son diversas: mantener la gratuidad hasta el quinto decil, créditos que se ajustan al fondo solidario hoy existente, créditos administrados por el Estado o la banca, ampliar la cobertura a todas las instituciones acreditadas.
Lo importante en todas estas propuestas es que la gratuidad no esté en cuestionamiento y que deba existir una política de Estado que no quede al vaivén del gobierno de turno, para entregar tranquilidad a los estudiantes y para que no se repita una política de créditos tan desafortunada como el CAE.
Óscar Garrido Álvarez, rector
de la Universidad de Los Lagos