"Prácticamente se ha pagado cerca del 50% de la obra (relleno sanitario), pero los avances no son tantos"
Juan Carlos Duhalde,
presidente del Consejo Regional
"Una persona así como él, alegre, trabajadora y esforzada, nunca más aparecerá en la vida de mi hija"
Nelly Álvarez, suegra de trabajador osornino que murió en Valdivia
Gran cantidad de público llegó hasta el estadio Alberto Allaire de Rahue para inscribirse como socios del Club Provincial Osorno. Fue tanta la gente que aprovechó la ocasión que incluso faltaron planillas, ya que llevaron sólo mil y llegaron a matricularse con los Toros más de mil 200 personas.
En un 17% aumentó la recepción de leche a nivel nacional en los meses de enero y febrero con respecto a la temporada anterior, según el registro de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (Odepa), la cual -a su vez- obtiene información de las industrias lácteas presentes en el país.
Respetar y resguardar el patrimonio histórico de las ciudades, en tiempos en que el futuro, la modernidad y el éxito suelen dominar las conversaciones y las decisiones, suele ser una tarea cuesta arriba. Por definición, el ser humano, y los conjuntos urbanos por extensión, se preocupan por lo que viene hacia adelante, pero pocas veces por el pasado. Así es como resulta más fácil conseguir recursos para una nueva e imponente obra de infraestructura, pero no tanto para restaurar algún inmueble que es vivo testimonio de épocas pasadas y que de caer en el olvido, se llevará irremediablemente un trozo de la historia local.
Ese olvido es el que las ciudades deben evitar, pues mientras más borroso se ponga el pasado, menor sustento tendrá el futuro. Por ello es que resulta tan relevante para la memoria histórica que urbes como Osorno, una de las más antiguas del sur de Chile, tengan efectivos planes para respetar y resguardar aquellos inmuebles declarados monumento nacional o que sin serlo, han adquirido una dimensión histórica que vale la pena cuidar.
En este escenario es donde hay que analizar el actual estado en que se encuentra el Fuerte Reina Luisa, quizás el sitio patrimonial que mejor permite apreciar el pasado colonial de Osorno. Construido en el siglo XVIII para dejar testimonio del dominio español sobre estas tierras, sufrió sucesivos abandonos una vez que se instauró la república, hasta que en 1977 el Estado volvió su atención sobre él para restaurarlo.
Aquello se hizo. Igual que los avances museográficos en su interior; pero tal como evidenció un reportaje de este diario, en la actualidad los muros del fuerte se han convertido en terreno predilecto de los grafiteros, al tiempo que las torretas que dan hacia el río Rahue más parecen urinarios (el mal olor es insoportable) que trozos del pasado. Negar esta realidad es un pésimo favor para una ciudad que tiene explícitas intenciones de fortalecer el turismo.
El Fuerte Reina Luisa merece un mejor tratamiento de la ciudad, comenzando por sus autoridades. Cualquier visitante que llegue ahí se llevará, así como está, una muy mala impresión de la ciudad.
La ciudad de Osorno consume anualmente 400 mil metros cúbicos de leña, de los cuales 300 mil son destinados a la calefacción y cocinas domiciliarias, y el resto a fábricas. Así lo expresó el técnico forestal Héctor Adriazola, funcionario de Conaf, quien detalló que al hacer una equivalencia en tala, representaría a mil hectáreas.
Sin duda el decreto supremo 105 de 1980, creado en dictadura, y que establece que las familias que vivan en tomas de terrenos, es decir, campamentos, quedan fuera de las políticas públicas habitacionales como subsidios y llamados especiales, se ha tomado parte de la agenda pública y ha movilizado distintas acciones a lo largo del país, por su carácter excluyente.
Nos impresionó que esta decisión de reactivar el decreto nazca desde un ministerio con el cual hemos trabajado durante los últimos años y que a pesar de nuestras diferencias, hemos podido impulsar líneas de trabajo integradoras, buscando siempre soluciones para todas las personas.
La noticia generó rechazo en distintas regiones del país y movilizó a distintos actores políticos, voluntarios y dirigentes, a que juntos exigiéramos al Gobierno la derogación del decreto, porque atenta contra el derecho a la vivienda.
Hoy se termina con una medida creada en dictadura y que le negaba un derecho a las familias que se ven obligadas a vivir en un campamento, ya que la ministra Paulina Saball informó su decisión de derogar el decreto. Esta medida nos parece coherente con la línea de trabajo que se venía impulsando desde el ministerio, y es un paso más hacia un país que garantice derechos sociales.
Sabemos que nos falta mucho por avanzar, que aún para el país los campamentos no son una prioridad, pero estamos seguros de que el camino que hemos elegido, basado en organización territorial de dirigentes, pobladores de campamentos, voluntarios y la sociedad civil es la correcta, y nos va a apremiar avanzar hacia un país donde los derechos sociales estén garantizados, donde todos podamos gozar de ellos, un país justo, sin pobreza, donde ninguna familia tenga que tomar la dolorosa decisión de vivir en la tenencia irregular de un terreno, excluido de derechos básicos y humanos, porque estos dependen de nuestra capacidad de pago.
Queda un largo camino por recorrer, pero nos sentimos llenos de energía y esperanzados, porque un Chile sin campamentos es posible. Seguiremos trabajando sin descanso hasta que este sueño compartido se haga realidad, y en esta lucha están todos invitados, juntos vamos a cambiarle la cara al país.
Giovanna Moreira Almonacid, directora regional de Techo-Chile