Erwin Schnaidt

La discusión parlamentaria de la reforma al Código de Aguas, que tiene lugar en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, ha dado lugar a una serie de especulaciones y comentarios a nivel político y gremial, de lo que no han estado ausentes los agricultores de la Región de Los Lagos, que hace algunos días sesionaron en la sede de SAGO, en Osorno.

Dirigentes de este importante sector productivo manifestaron sus inquietudes, muchas de las cuales dice no compartir Carlos Estévez, director general de Aguas, quien al día siguiente, visitó Puerto Montt.

La autoridad trajo un mensaje que busca dar claridad a las aprensiones surgidas en torno a esta propuesta. "Es importante que tengamos cuidado con frases que se utilizan, que engañan a la gente, que me preocupan y que son mitos", sostuvo.

Uno de ellos es que cualquier cambio de uso de las aguas, implicaría una caducidad. "Eso era algo que estaba en el proyecto de 2011. La Cámara de Diputados votó en contra de esa iniciativa, pero todavía uno escucha a ciertos gremios que 'si cambia el uso de las aguas, le van a caducar'. Eso no es real", apunta.

Agregó que tampoco es verídico que los derechos de propiedad pasarían a concesiones: "Todos los derechos de agua que existen son el resultado de una concesión. Antiguamente, el fruto de esa concesión se llamaba merced, hoy se llama derecho real de aprovechamiento y es de carácter indefinido". A ello sumó que los nuevos derechos, una vez que se promulgue esta reforma legislativa, "van a ser derechos reales de aprovechamiento de carácter temporal y prorrogables".

El director general de Aguas quiso precisar una eventual expropiación de esos derechos, porque se querría estatizarlos. "Es un absurdo. La única diferencia que existe es que los nuevos derechos que se entregan, también se van a entregar a los usuarios de aguas, pero de carácter temporal y prorrogables", expuso.

Estévez remarcó que el énfasis de esta iniciativa apunta a que sea eficiente, cuidadosa con el ecosistema y preservar los derechos humanos. "Cuando hablamos de eficiencia, es que el agua se aproveche bien. Estoy de acuerdo que esto tiene que ser complementario con iniciativas de inversión, de tecnificación de riego, con una mejor gestión integrada por cuenca. Eso es algo que hay que hacer. Pero no nos confundamos. Son distintos tipos de iniciativas", expuso.

El pasado 12 de abril, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto de ley, que explicitan que los derechos vigentes mantendrán su carácter de indefinido. Además, que los derechos nuevos y antiguos que no estén siendo aprovechados y sean objeto de especulación, puedan extinguirse y caducar. "Hay un conjunto de modificaciones que ofrecen mayor certidumbre jurídica y de dominio sobre las aguas a quienes las han usado por mucho tiempo, pero que nunca han perfeccionado ni regularizado sus títulos ", resaltó.

-¿Se tomó en consideración la voz de los agricultores?

-Como es una moción parlamentaria, en esta discusión, la Comisión de Recursos Hídricos escuchó a más de 30 agricultores. La Comisión de Agricultura, obviamente fue escuchando a representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Confederación de Canalistas de Chile y además todas las juntas de vigilancia que pidieron ser escuchadas. No hay ningún caso de alguna organización que haya pedido audiencia en el Parlamento y no los hayan escuchado. Ahora, en el Senado, se escuchó a 34 organizaciones. ¿Cuál es la voz de los agricultores? Si uno dice que es la Sociedad Nacional de Agricultura, te puedo anticipar que está jugando un juego que es peligroso, que es 'todo es malo' e invita a la idea de no legislar.

-¿Son muchas las diferencias con el proyecto de 2011?

-Me tocó abordar el proyecto en mayo de 2014 y quedé sorprendido con la reforma que estaba para ser remitida a la sala de la Cámara de Diputados y luego despachada al Senado. Planteaba un conjunto de cosas bien fuertes, que nosotros vimos la necesidad de detenerlas. Se planteaban cosas como que el Estado era el administrador absoluto de las aguas. El Gobierno anterior no fue a proponer evitarla, cambiarla, no le hizo indicaciones sustitutivas. Planteaba esa reforma que se declara agotada una cuenca cuando ya no se pueden dar más derechos de agua, porque se acababan los derechos superficiales para otorgar. Señalaba esta iniciativa que cuando se declaraba agotada una cuenca, todos los derechos que habías conseguido antes, caducaban. Esta era una indicación de parlamentarios de la Alianza (por Chile). Entonces, me sorprende mucho una excesiva pasividad cuando se estaba discutiendo este proyecto en la administración anterior. Y era un proyecto de moción parlamentaria, en el que el Ejecutivo tenía toda la facultad de entrometerse.

-Los dirigentes dicen que el proyecto no recoge recomendaciones de expertos, como realizar estudios de prospección, construcción de embalses, desalinización.

-Me da mucha pena, pero tengo que actuar a base del conocimiento jurídico. El Código de Aguas no regula ni la desalación ni la construcción de embalses. Entonces, pretender que la reforma del Código de Aguas se refiera a inversiones de embalses, es no entender de qué se trata. El Código de Aguas no es un Código de Riego. El agua es un recurso natural, es un bien nacional de uso público y que por tanto pertenece a toda la Nación. El Código de Aguas vigente, desde 1982, también lo define así. El agua no es Coca Cola, no es un bien de supermercado. Y tiene varios usos productivos y no productivos. Cuando alguien piensa que el Código de Aguas se hace para modificar las reglas de juego en materia de riego, no entiende. El agua es un bien polifuncional. La matriz de la iniciativa en discusión es buscar un equilibrio, entre el uso productivo, con cuidar el derecho humano al acceso del agua potable y al saneamiento.

"Los nuevos derechos que se entregan, también se van a entregar a los usuarios de aguas, pero de carácter temporal y prorrogables". "Me sorprende mucho una excesiva pasividad cuando se estaba discutiendo este proyecto en la administración anterior"."