La necesidad de crecimiento urbano se debe a la demanda de los habitantes y sus familias por suelo urbano para viviendas. Sin duda que este crecimiento debe ser no sólo asumido sino especialmente planificado en un horizonte de largo plazo, cuyas estrategias persigan siempre el bien común por sobre las intereses particulares, y la visión de la ciudad que queremos construir.

La Cámara Chilena de la Construcción ha seguido atenta el desarrollo de la propuesta de Plan Regulador Comunal que el municipio de Osorno.

Del mismo modo como manifestamos nuestros reparos a la propuesta del instrumento de planificación, fuimos también quienes aportamos de un dossier de observaciones técnicas en el marco del proceso estipulado por la ley. Asimismo, vecinos, gremios, asociaciones, instituciones privadas y diversos actores, que también se sintieron llamados a manifestar su opinión formalmente frente a una propuesta que no cumplió con las expectativas de muchos.

Este ejercicio de hacer ciudad fue asumido en gran parte por la comunidad, que entiende que el Plan Regulador Comunal no es sólo materia de la industria de la construcción, sino de todos. Lo que se observó fue que es un ejercicio básico transversal, columna vertebral al desarrollo urbano y al crecimiento ordenado bajo una normativa clara, con certeza jurídica, y lo más importante a nuestro juicio, con visión acerca del futuro de nuestra ciudad donde se manifiesten las condiciones que los habitantes queremos para los espacios de la ciudad de Osorno.

Aun cuando valoramos y destacamos la intensión de readecuar la propuesta y volver a hacer el proceso de consulta pública con un nuevo proyecto que recoja las observaciones técnicas, hacemos un llamado a los equipos municipales a considerar la participación mas allá de las normativas y pasos obligados para la construcción del plan. Recordemos que la ciudad la conformamos todos, y desde la participación ciudadana podemos construir una visión de desarrollo para la ciudad de Osorno que nos represente y de la cual todos nos sintamos parte.

Es claro que a partir de objetivos comunes se pueden trazar lineamientos y acciones que permitan generar una propuesta acertada, compartida y complementaria, para que ella se trasforme en el instrumento de planificación tan anhelado y que nuestra bella ciudad se merece.

Paulo Arce Moreno, presidente

CChC Osorno

Dentro de las novedades que trae el próximo plan regulador de Osorno, el que se encuentra en la etapa de inclusión de las observaciones realizadas por la comunidad en el período de participación ciudadana, figura la propuesta de declaración de áreas de protección patrimonial para 37 casonas históricas repartidas en las áreas urbana y rural de la ciudad, lo que permitiría conservar inmuebles característicos que aportan valor desde la identidad, la arquitectura y eventualmente desde el turismo, si es que se concretara un plan efectivo para poner en valor las oportunidades locales. Entre las casas que se plantea preservar aparecen el ex Banco Osorno, la Iglesia Luterana de calle Matta, los seis conocidos inmuebles de Mackenna y la Casa Ide, en el Fundo Quirislahuen, en Rahue.

Aunque el plan regulador todavía debe ser zanjado en sus instancias pertinentes, la intención de resguardar inmuebles patrimoniales va en la dirección correcta a la hora de comprender la riqueza osornina en cuanto a patrimonio histórico. No obstante, junto a la necesidad de ampliar el listado hacia otros sitios, como han declarado arquitectos locales, hay que tener en cuenta qué significa, en concreto, que un particular vea que su propiedad ha sido declarada área de protección patrimonial: cualquier modificación que le haga a la misma tendrá que contar con la aprobación del Departamento de Obras del municipio y del Ministerio de Vivienda.

Con los años ha quedado demostrado que esta declaración se transforma en una limitación a la propiedad privada. Contrario a lo que puede realizar cualquier dueño de un inmueble, ya sea ampliar, remodelar o incluso vender, quienes posean casas bajo el rótulo de protección patrimonial tienen que someterse a los designios de los órganos del Estado, el que por lo demás, vaya paradoja, no aporta en absoluto en lo económico a la mantención de este tipo de inmuebles. Si el Estado quiere resguardar áreas patrimoniales, y así tiene que ser, pues está en juego la identidad y la historia de las ciudades, debiera crear instrumentos públicos que vayan en apoyo del resguardo de los inmuebles, evitando que la pesada carga quede exclusivamente en manos de quienes tienen la dicha, o el infortunio, de ser propietarios de casonas históricas.