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Tribunal ordena que el municipio pague $625 millones a 91 docentes

JUSTICIA. El fallo en primera instancia dictaminó la sentencia este lunes, esto en relación a una mala interpretación de la Ley 19.933, sobre el pago de una bonificación proporcional a las horas contratadas de cada docente. El municipio analiza llegar hasta la Corte de Apelaciones para anular la decisión.
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Paola Rojas

En un inédito fallo, debido a la cantidad de dinero involucrado -cerca de un millón de dólares-, el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno acogió una demanda presentada en contra del municipio local, medida interpuesta por un grupo de 91 profesores que prestan servicios en los establecimientos administrados por esa corporación, adeudados entre los años 2012 y 2016.

En la sentencia dictada por el juez Hernán Valdevenito, se ordena que el municipio pague a los docentes la suma de $625.248.696, por concepto de bonificación proporcional establecida por la ley.

La resolución concluye que como la parte demandada no logró probar que los demandantes, que son profesionales de la educación pertenecientes al sector municipal, recibieron el aumento del bono proporcional con los fondos aportados por la Ley 19.933 y en la forma como lo señala dicha ley, la demanda fue acogida a favor de los docentes.

Demanda

Daniel Álvarez, dirigente del Colegio de Profesores y quien estuvo a cargo del grupo de los 91 maestros, explicó que los más de 625 millones de pesos corresponden al concepto de no pago del bono proporcional de la Ley 19.933, cantidad que se adeuda desde el año 2012 al 2016 y que es proporcional a las horas de contrata de cada profesor.

Detalló que el grupo presentó una medida precautoria, la que fue acogida por el Tribunal Laboral que corresponde a la retención de 300 millones de pesos, cifra que ya se hizo efectiva, siendo retenida por la Dirección Provincial de Educación, entidad que no la entregó al municipio.

Tras ello, la Municipalidad de Osorno presentó una apelación a la Corte de Valdivia, sobre lo cual esta última no se ha pronunciada hasta la fecha.

Paralelamente la casa edilicia local interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional, lo cual buscaba anular el fallo, por medio de establecer como inconstitucional a un artículo del Estatuto Docente, sobre el cual estaba basada la demanda de los profesores.

El artículo utilizado por el municipio dice que aquellas materias que no resuelve el Estatuto Docente, las debe resolver el Código del Trabajo.

"En la tarde de ayer (miércoles) el Tribunal Constitucional falló declarando inadmisible la solicitud presentada por la Municipalidad de Osorno, por lo tanto volvemos al fallo del Tribunal del Trabajo de Osorno, que es a nuestro favor. Estamos en espera de que sigan dando las acciones. Con seguridad el municipio va a apelar", manifestó Álvarez.

Todos los profesores

Por otra parte, el dirigente del Magisterio precisó que esta es una situación que afecta a la totalidad de los profesores que dependen del sistema municipal en Osorno, salvo un grupo pequeño que no pasa de los diez, a los que se les pagó una parte; ello, porque se logró probar que les correspondía cuando se hizo una auditoría contable.

Es por ello que los primeros en tomar acciones legales fue el grupo de los 91 profesores, tras lo cual se fueron agrupando otros docentes, los cuales también están demandando al municipio.

Añadió que el origen del problema está en una mala interpretación de la ley que han hecho algunas municipalidades, fijando que a los profesores del sector municipal no les corresponde el pago del aumento del bono, en circunstancias que hay jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que tanto los profesores del sector municipal como a los del particular subvencionado sí lo reciben.

"Sobre esta base varias municipalidades se han visto obligadas a cancelar, porque lo que se adeuda es parte del sueldo, no es un aguinaldo y por eso tampoco prescribe", concluyó.

A la espera de ganar

Helmuth Schnabel es uno de los profesores sobre los cuales el tribunal falló a favor y actualmente debe repartir su tiempo trabajando en las escuelas Los Abedules de Pichidamas, Chacayal y en la Claudio Arrau.

El docente recordó que la demanda comenzó hace no más allá de seis meses atrás y decidió unirse al grupo sin mayores expectativas.

"Decidí demandar e incurrir en un gasto porque es plata que nos corresponde, porque creo que el Ministerio mandaba los fondos, pero el municipio no los pagaba. Ahora solo espero que nos cancelen", expresó el profesor.

El maestro, que comenzó a trabajar en el año 1981, agregó que espera que más profesores vayan agregándose a esta demanda.

Otro docente del grupo es Jorge Vargas, quien trabaja en el Instituto Comercial, además de ser ex dirigente del Colegio de Profesores y aseguró que el municipio esta vez interpretó mal la ley en desmedro de los profesores.

"En Osorno nos están pagando el bono proporcional, pero quedó demostrado en el tribunal que no se hace en la forma correcta, se hace de acuerdo a la interpretación que el municipio realiza. Creemos que la Municipalidad irá a la Corte de Apelaciones y esperamos que allí se falle a favor de nosotros. Si no es así, llegaremos hasta la Corte Suprema, ya que hay jurisprudencia", indicó Vargas.

Explicó que sus pares siempre están con el temor de que no conseguirán nada si van a la justicia y porque les significa un gasto económico, por lo que no se atreven a demandar, pero poco a poco se han ido formando nuevos grupos dispuestos a ir a la justicia.

"Los profesores estamos felices por este fallo de primera instancia y tenemos la esperanza de que el alcalde tome conocimiento de este hecho y vea la forma de cómo pagar. Los profesores estamos esperando eso hace mucho tiempo y como no nos pagan tuvimos que recurrir al tribunal", finalizó.

Apelación

En nombre del municipio, el jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de esa corporación, Hardy Vásquez, aclaró que esta situación ocurrida en Osorno se repite en todo el país y lo que están demandando los profesores locales responde a una demanda nacional producto de diferencias en relación a la aplicación de la Ley 19.933, que estableció una bonificación proporcional, la cual se pagó hasta que la Contraloría General de La República hizo un cambio, por lo cual incluso ahora se cancelarán alrededor de $100 millones menos de los exigidos originalmente por el grupo.

El abogado explicó que el problema se generó entre los años 2009 y 2013, cuando la Contraloría emitió dictámenes a nivel nacional, respecto a la forma en cómo se pagaba esta asignación.

A través de ello, más las instrucciones del Ministerio de Educación, se determinó que todos los fondos que provenían de la Ley 19.933 solo incrementaban las de los profesores del sector particular subvencionado.

"Conforme a ello el municipio de Osorno, como todos los municipios de Chile, pagaron acorde a la interpretación que realizó la Contraloría. Si no lo hacemos como ellos dicen, cometemos infracciones", señaló Vásquez.

El abogado adelantó que el municipio se encuentra estudiando la posibilidad de solicitar la nulidad del fallo a la Corte de Apelaciones de Valdivia.

$6 millones es el promedio que se llevaría cada uno de los 91 docentes agrupados para demandar al municipio, en el caso de que ganen todas las instancias de la justicia.

5 años de pagos de fondos correspondientes a la Ley 19.933 de bonificación proporcional mensual a las horas contratadas es lo que se adeuda a los profesores que ganaron este primer fallo.

24 de abril el Juzgado de Letras del Trabajo dictaminó la sentencia a favor del los 91 maestros osorninos. Esta primera instancia sería apelada por el municipio en la Corte de Apelaciones de Valdivia.