Aunque faltan días todavía para que la autoridad realice el balance preliminar de la puesta en marcha del sistema de vías reversibles en la ciudad, existe consenso en que la medida ha logrado reducir significativamente los tiempos de viaje de quienes se desplazan desde Rahue hacia el centro y oriente de la ciudad, bajando los desplazamientos desde 40 a unos 10 minutos en la hora de mayor congestión, entre las 7 y 8 de la mañana. El redireccionamiento temporal del tránsito en las avenidas República y Mackenna, que debutó el lunes 17 de abril, ha permitido llevar algo de justicia a los residentes del sector poniente de Osorno, que viven pagando las culpas ajenas de una histórica falta de planificación para la conectividad entre Rahue y la zona céntrica. Las vías reversibles son una respuesta a una realidad que no ha de olvidarse: a pesar de ser una ciudad atravesada por dos ríos, Osorno no ha tenido la capacidad estratégica de ir más allá y acometer la tarea de tener más puentes.

Aceptando que el sistema implementado la semana pasada es una medida parche que eventualmente tendrá carácter definitivo una vez pase la evaluación, hay otro elemento trascendente para el buen funcionamiento de la ciudad que hay que tener en consideración. Tal como se han definido, las vías reversibles demandan el despliegue de al menos 50 carabineros dedicados exclusivamente a regular el tránsito en los cruces de República y Mackenna, habida cuenta que los semáforos de estas vías no están habilitados para el cambio en el sentido de la dirección.

Parece ser claro que este esfuerzo no es sustentable en el tiempo, lo que obliga a las autoridades involucradas (municipio, Seremi de Transporte y el propio Carabineros) a delinear medidas remediales que logren garantizar la mantención de las vías reversibles en el largo plazo, sin afectar las capacidades propias de la institución policial. Una de ellas, según se ha sostenido, es la adecuación de los semáforos en República y Mackenna para que puedan regular el tránsito redireccionado.

Esto es algo que debe ser zanjado rápidamente, pues lo que no aceptaría ahora la comunidad sería retrotraer el escenario que había hasta antes de las vías reversibles.

Días atrás, el Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena. Se trata de una iniciativa que importa un avance concreto en la calidad del empleo y en el aseguramiento de los derechos laborales en tanto aspira a regular un mecanismo que ha sido, durante demasiado tiempo, el hermano pobre al lado de otras formas de contratación.

En la siempre desigual relación entre empleadores y trabajadores, el contrato por obra o faena es aquel en que con mayor claridad se advierte esta asimetría.

Lo podemos constatar en la Región de Los Lagos, donde la precarización del empleo se explica, en buena parte, por el abuso en este tipo de contratación. En la industria salmonera es muy común que se contrate a trabajadores para la cosecha o faena de determinada especie de peces, a lo que sigue otro contrato similar por cosecha o faena de otra especie, en circunstancias de que el trabajo es el mismo y existe continuidad. Similar situación ocurre en labores asociadas a las cosechas agrícolas.

Este proyecto se hace cargo de esta realidad y la regula en forma detallada. En primer término, define con claridad el concepto de contrato por obra o faena, señalando que corresponde a aquel acuerdo por el que el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella.

Es decir, ya no será posible contratar a un trabajador para construir los primeros 10 kilómetros de un camino que en realidad tiene 100, y recontratarlo para construir el tramo faltante, burlando así el principio de la continuidad de la relación laboral. Asimismo, confiere al trabajador contratado por esta modalidad, el derecho a feriado anual y una indemnización equivalente a dos y medio días de remuneración por cada mes trabajado si el contrato hubiere estado vigente por un mes o más.

Con esta ley las inspecciones del trabajo podrán fiscalizar de manera más efectiva y evitar los abusos que se producen en esta materia. Estamos frente a una legislación que apunta en la dirección correcta, que no es otra que reducir el espacio para los abusos y asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos