El proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo (PC) que busca reducir las horas laborales en Chile de 45 a 40 fue declarado admisible por la Cámara Baja. De discutirse y derivar en ley, se lograría que el país saliera del primer lugar del ranking de naciones con mayor extensión laboral de la OCDE.

Investigaciones en Europa desde los años 60 han demostrado que trabajar más de 40 horas a la semana resulta inútil, ya que provoca cansancio mental y físico, además de una cierta frustración por parte del trabajador de no poder entregarle más tiempo a su familia o actividades personales.

Reducir las jornadas no sólo contribuiría a la felicidad de las personas, sino que traería mayor producción y bajaría las tasas de cesantía, sobre todo en la juventud. Así lo pensó Reino Unido, que hace unos años atrás planteó la necesidad de una semana laboral más corta, a fin de mejorar la salud mental y remediar el problema del desempleo, sobre todo entre la población de menor edad. La idea fue respaldada bajo el argumento de que una semana de trabajo más corta traería beneficios sociales como: menos consumo de carbono, reducción de desempleo, aumento del bienestar social y ahorro de dinero.

Estas ideas no son utópicas, se pueden llevar a la práctica fácilmente. Si regresamos a la OCDE y a la experiencia del viejo continente, tendremos respuestas certeras. México el año 2016 ocupaba los primeros lugares de horas de trabajo, ostentando la cifra de 2.246 horas versus Irlanda, que tenía 1.820. A pesar de esto, se necesitaban cinco mexicanos para producir lo que un irlandés solo puede realizar.

Entonces, ¿cuál es la receta de la productividad? Ya está demostrado empíricamente que mayores beneficios sociales, reformas laborales que apoyen a los trabajadores y más tiempo libre producen individuos felices, por ende creativos y con ganas de aportar para las empresas que trabajan.

La propuesta de establecer por ley a nivel nacional una semana laboral de 40 horas, además de mejorar la calidad de vida de la mayoría de chilenos, no supondría un descalabro económico, sino que la apertura de fuentes laborales. Vale la pena integrarse a la discusión, ya que significa un bienestar para todo.

Omar Carrasco, académico de la Facultad

de Ingeniería de la Universidad Central

En el lapso de medio siglo, el país y su entorno han cambiado diametralmente. El mundo ha mutado desde una ominosa Guerra Fría a un presente marcado por la inmigración y conflictos locales. En el plano nacional, han transcurrido nueve gobiernos desde 1967 a la fecha; el ingreso per cápita se ha multiplicado; de ser un país que necesitaba de la asistencia internacional, hoy pertenece a las filas de la Ocde (las naciones de mayor desarrollo en el planeta); la pobreza ha disminuido notablemente; la necesidad de una mayor inclusión y equidad dominan hoy el debate; ha aumentado la expectativa de vida; y del viejo combate contra la desnutrición infantil se ha pasado a la epidemia de la obesidad entre los menores. En muchos aspectos, los chilenos hoy viven mejor que hace 50 años.

Pero lo que no ha cambiado ni un ápice es la realidad que viven 200 familias de los callejones Martínez y El Bajo de la población Davanzo, en Rahue. Allí, tal cual como en 1967, cuando surgió el sector en lo que era el borde de un Osorno que no es ni la sombra del de hoy, los vecinos siguen sufriendo por la ausencia de una red de agua potable y alcantarillado digna de un país de la Ocde. En cinco décadas, los residentes han acumulado gestiones tras gestiones, en el Servicio de Vivienda y Urbanismo, en el Ministerio de Bienes Nacionales, en la Intendencia y en el municipio local. Ninguna de ellas, asombrosamente, les ha permitido poder aspirar a una regularización sanitaria que les mejore su calidad de vida. Hoy, siguen obligados a lanzar sus desperdicios sanitarios a ductos que al final terminan en el río Rahue, al tiempo que dependen de otros pobladores cercanos, más afortunados porque llegaron después, que sí cuentan con un suministro normal de agua potable.

Los organismos a los que han acudido les han explicado que cuestiones técnicas impiden extender la red sanitaria. Que los terrenos, que los títulos, que el papel que falta, que el trámite pendiente, etc., como si el Estado no pudiese agilizar soluciones tan elementales que sí logra cuando hay que reinscribir a un partido político, cuando hay que cambiar la fecha de las elecciones o cuando hay que trasladar la fecha de la cuenta presidencial.

Los vecinos que llevan 50 años viviendo sin agua potable ni alcantarillado merecen la misma diligencia que ha demostrado tener el Estado en otro tipo de urgencias políticas o legislativas.