En días recientes, el Senado votó en general el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca y que combate la pesca ilegal. Esta iniciativa apunta a adecuar la institucionalidad de Sernapesca a las condiciones actuales del sector pesquero y acuicultor de nuestro país.
Según Subpesca, de las 25 especies comerciales mayoritariamente explotadas, 17 se encuentran en estado de colapso y otras 8 en estado de plena explotación, lo que da cuenta de lo comprometidos que se encuentran los recursos pesqueros nacionales y de la necesidad de incrementar las capacidades de fiscalización y de aumentar significativamente las sanciones.
Para ampliar las capacidades de fiscalización, el proyecto considera el aumento del personal y el incremento de remuneraciones de aquellos que ejercen la labor fiscalizadora directamente, dos elementos claves para mejorar la cobertura y la calidad de la fiscalización. Sin embargo, tanto el aumento de personal como los incentivos económicos no están de acuerdo con las necesidades reales del Servicio, el que a partir de la promulgación de esta iniciativa deberá asumir mayores responsabilidades. Por otro lado, la propuesta presenta todavía deficiencias en la definición de "pesca ilegal".
Lo más razonable es seguir lo propuesto por el Estudio de la Ley General de Pesca y Acuicultura que realizó la FAO el año recién pasado, que recomienda acercar nuestra legislación a la normativa internacional, que dispone de a lo menos dos definiciones de pesca ilegal -una de la propia FAO y otra de la Unión Europea-, las cuales pueden refundirse o bien servir de base para una definición conceptual más clara y precisa que la ahora propuesta.
Bien dice Conapach al referirse al punto: "La tipificación que hace el proyecto de pesca ilegal es incorrecta. No hay descripción de tipos penales concretos. Esta situación perjudica a quienes carecen de una buena defensa jurídica. Los infractores con más recursos económicos podrán defenderse de estas sanciones por su incorrecta tipificación, lo que los hace incluso inconstitucionales".
La clara conceptualización y definición de "pesca ilegal" determinará el éxito o fracaso de esta normativa, ya que los delitos o faltas, así como sus respectivas sanciones, dependen de ella. Una definición difusa y poco clara puede llegar a permitir la evasión o elusión de los delitos que se tipifican y sancionan en el propio proyecto.
Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos