El Ministerio de Educación afirmó que no le corresponde buscar las responsabilidades en la quiebra de la Universidad Arcis, que fue decretada el martes por la Justicia.

Así lo detalló ayer a Cooperativa la jefa de la División de Educación Superior (Divesup), Alejandra Contreras, quien dijo que "no tenemos la función de perseguir responsabilidades, sino que, más bien, preocuparnos de la situación de los estudiantes y de colaborar para que el proceso que viene a continuación sea lo más tranquilo y lo más eficiente posible".

"Ya serán los propios actores, a través de los tribunales u otras instancias, quienes podrán buscar esas responsabilidades", aseveró la funcionaria, quien añadió que "desgraciadamente, en este tipo de situaciones no hay una responsabilidad clara".

En diciembre de 2016, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, abrió una polémica, al afirmar que Arcis no era "sustentable en el tiempo". Posteriormente se definió que este 10 de marzo se revisaría la continuidad del plantel, sólo si se matriculaban 537 alumnos nuevos.

Situación de alumnos

Contreras dijo que los matriculados no alcanzaron esa cifra, por lo que "no es factible que se inicien actividades académicas en primer año", por lo que los nuevos alumnos tendrán que ser trasladados a otras casas de estudios, antes del inicio de clases.

En el caso de los alumnos de cursos superiores, la jefa de la Divesup, explicó que el proceso de cierre contempla "plazo suficiente para que puedan continuar en la propia Universidad o reubicarse, en el caso de que así lo deseen".

Los estudiantes responsabilizaron al administrador provisional de la universidad, Patricio Velasco, quien fue nombrado por el Mineduc, a quien acusaron de no haber hecho lo necesario para evitar la quiebra.

"Él concurrió (a la audiencia) sin abogado, no utilizó todas las herramientas legales que debía utilizar y se realizó una defensa paupérrima", afirma la presidenta de la federación de estudiantes, Sandra Beltrami.

Pese a que llegó al país la semana pasada, el embajador chileno en Cuba, Ricardo Herrera, se reunió ayer con el canciller Heraldo Muñoz, quien volvió de sus vacaciones. El diplomático fue llamado a consulta por la prohibición de entrada a la isla a Mariana Aylwin, lo que desató una crisis en la Nueva Mayoría. Tras casi una hora de reunión, ni el canciller ni el embajador emitieron declaraciones, aunque desde el Ministerio de RR.EE. indicaron que Herrera regresará a Cuba "a su debido tiempo". La ex ministra iba a viajar a la isla para asistir a un homenaje a su padre, el fallecido ex Presidente Aylwin, pero no pudo ingresar, acusada de querer "generar inestabilidad interna".

Carolina Collins

Por "sobreabundancia de la intervención del Estado" la jueza Marcia Figueroa, del Séptimo Juzgado de Garantía, decidió dejar fuera al Servicio Nacional de Menores (Sename) como querellante en la investigación por la muerte de Lissette Villa (11), ocurrida el 11 de abril de 2016 al interior del organismo.

Lo anterior había sido requerido por el abogado querellante, Sebastián Lafaurie, y fue parcialmente acogido por la magistrado, que estableció que admitir al Sename y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) implica una sobreabundancia de representación del Estado.

Desde el Sename, el abogado Carlos Alvear manifestó que "somos respetuosos de las decisiones del tribunal", a la vez que anunció que estudiarán alguna acción para revertirla.

El tribunal, asimismo, rechazó excluir como querellante a la madre de Lissette, Javier Villa, algo que había sido requerido también por el abogado de la mamá de la menor, por una investigación por abuso sexual en su contra y por un informe pericial.

Esta última petición fue rechazada por el tribunal, que estimó que sí tiene calidad de víctima, ya que la condena que tiene por violación no tiene relación con su hija.

Formalización

Ello ocurrió en la audiencia de formalización por apremios ilegítimos contra ocho funcionarios del Sename que trabajaban en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino.

En la instancia, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, a cargo de la investigación, pidió la prisión preventiva para cuatro de los imputados: la directora del centro, identificada con las iniciales M.M., y las técnicos en párvulos J.F., C.F. y T.O.

Asimismo, solicitó para el resto de los imputados las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los recintos del Sename durante el tiempo que dure la investigación.

Relato de maltratos

Previamente, el persecutor detalló los maltratos que habría recibido la menor previo a su muerte. Emilfork aseguró que los funcionarios actuaron al margen de los protocolos en varias ocasiones.

El fiscal relató que a las 20.00 horas del 11 de abril, las educadoras C.A.F.C. y T.S.O.G., en castigo por una desobediencia, "la redujeron violentamente boca abajo contra el piso, por medio de maniobras físicas consistentes en sujetar fuertemente las piernas de la niña, las que resultaron lesionadas, posibilitando así que la educadora C.A.F.C, quien a la fecha pesaba alrededor de 90 kilos, se subiera sobre la niña presionando con su cuerpo fuertemente la espalda y tórax de la niña contra el suelo, al tiempo que con sus manos le sujetaba los brazos, inmovilizándola, procedimiento que se extendió por varios minutos".

Emilfork detalló que la niña intentó zafar de la opresión "para lo cual llevaba su rostro a uno y otro lado en el suelo, el que resultó lesionado, intentando respirar y gritándoles que la soltaran, que se iba a portar bien, que se estaba ahogando".

Pese a esto, según el persecutor, las imputadas no la soltaron y en cambio "se mofaron y persistieron en su actuar", hasta que la menor dejó de moverse, muriendo minutos más tarde.

El Servicio Médico Legal (SML) estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación. La audiencia continuará hoy y en ella el fiscal presentará sus argumentos para los cargos.

"La redujeron violentamente boca abajo contra el piso, por medio de maniobras físicas consistentes en sujetar fuertemente las piernas de la niña".

Marcos Emilfork Fiscal regional de Los Lagos."

Familiares del ex carabinero Gustavo Muñoz Albornoz, el reo de Punta Peuco que murió el martes a los 75 años, en el Hospital Dipreca, producto de un cáncer, anunciaron ayer que se querellarán contra Gendarmería, porque acusan que habría fallecido engrillado.

Muñoz fue uno de los presos que, en diciembre pasado, habían solicitado el indulto presidencial por razones humanitarias. El ex uniformado cumplía condena de 10 años y un día por el delito de secuestro y homicidio calificado ocurridos en Osorno en 1973.

Según consignó Cooperativa, una treintena de personas se congregó ayer frente al Palacio de Tribunales para protestar, acusando que sufrió la vulneración de sus derechos.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que aunque no tiene antecedentes sobre esta denuncia, de existir anomalías en el protocolo éstas debieran ser analizadas en un sumario.

"No tengo ninguna información, salvo lo que ha salido en los medios en que lamentablemente falleció ese condenado. Las condiciones en las que falleció y si hay un procedimiento irregular que se haya verificado, bueno, tendrá que investigarse", dijo a Emol.

Gendarmería negó las acusaciones y aseguró que "el interno, condenado por homicidio y secuestro calificado no estaba engrillado al momento de su deceso. Esto puede ser corroborado con el mismo centro asistencial, lo que desmiente versiones y material fotográfico que ha circulado en las últimas horas".

Pese a que llegó al país la semana pasada, el embajador chileno en Cuba, Ricardo Herrera, se reunió ayer con el canciller Heraldo Muñoz, quien volvió de sus vacaciones. El diplomático fue llamado a consulta por la prohibición de entrada a la isla a Mariana Aylwin, lo que desató una crisis en la Nueva Mayoría. Tras casi una hora de reunión, ni el canciller ni el embajador emitieron declaraciones, aunque desde el Ministerio de RR.EE. indicaron que Herrera regresará a Cuba "a su debido tiempo". La ex ministra iba a viajar a la isla para asistir a un homenaje a su padre, el fallecido ex Presidente Aylwin, pero no pudo ingresar, acusada de querer "generar inestabilidad interna".

Familiares del ex carabinero Gustavo Muñoz Albornoz, el reo de Punta Peuco que murió el martes a los 75 años, en el Hospital Dipreca, producto de un cáncer, anunciaron ayer que se querellarán contra Gendarmería, porque acusan que habría fallecido engrillado.

Muñoz fue uno de los presos que, en diciembre pasado, habían solicitado el indulto presidencial por razones humanitarias. El ex uniformado cumplía condena de 10 años y un día por el delito de secuestro y homicidio calificado ocurridos en Osorno en 1973.

Según consignó Cooperativa, una treintena de personas se congregó ayer frente al Palacio de Tribunales para protestar, acusando que sufrió la vulneración de sus derechos.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, dijo que aunque no tiene antecedentes sobre esta denuncia, de existir anomalías en el protocolo éstas debieran ser analizadas en un sumario.

"No tengo ninguna información, salvo lo que ha salido en los medios en que lamentablemente falleció ese condenado. Las condiciones en las que falleció y si hay un procedimiento irregular que se haya verificado, bueno, tendrá que investigarse", dijo a Emol.

Gendarmería negó las acusaciones y aseguró que "el interno, condenado por homicidio y secuestro calificado no estaba engrillado al momento de su deceso. Esto puede ser corroborado con el mismo centro asistencial, lo que desmiente versiones y material fotográfico que ha circulado en las últimas horas".

Carolina Collins

Por "sobreabundancia de la intervención del Estado" la jueza Marcia Figueroa, del Séptimo Juzgado de Garantía, decidió dejar fuera al Servicio Nacional de Menores (Sename) como querellante en la investigación por la muerte de Lissette Villa (11), ocurrida el 11 de abril de 2016 al interior del organismo.

Lo anterior había sido requerido por el abogado querellante, Sebastián Lafaurie, y fue parcialmente acogido por la magistrado, que estableció que admitir al Sename y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) implica una sobreabundancia de representación del Estado.

Desde el Sename, el abogado Carlos Alvear manifestó que "somos respetuosos de las decisiones del tribunal", a la vez que anunció que estudiarán alguna acción para revertirla.

El tribunal, asimismo, rechazó excluir como querellante a la madre de Lissette, Javier Villa, algo que había sido requerido también por el abogado de la mamá de la menor, por una investigación por abuso sexual en su contra y por un informe pericial.

Esta última petición fue rechazada por el tribunal, que estimó que sí tiene calidad de víctima, ya que la condena que tiene por violación no tiene relación con su hija.

Formalización

Ello ocurrió en la audiencia de formalización por apremios ilegítimos contra ocho funcionarios del Sename que trabajaban en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino.

En la instancia, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, a cargo de la investigación, pidió la prisión preventiva para cuatro de los imputados: la directora del centro, identificada con las iniciales M.M., y las técnicos en párvulos J.F., C.F. y T.O.

Asimismo, solicitó para el resto de los imputados las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los recintos del Sename durante el tiempo que dure la investigación.

Relato de maltratos

Previamente, el persecutor detalló los maltratos que habría recibido la menor previo a su muerte. Emilfork aseguró que los funcionarios actuaron al margen de los protocolos en varias ocasiones.

El fiscal relató que a las 20.00 horas del 11 de abril, las educadoras C.A.F.C. y T.S.O.G., en castigo por una desobediencia, "la redujeron violentamente boca abajo contra el piso, por medio de maniobras físicas consistentes en sujetar fuertemente las piernas de la niña, las que resultaron lesionadas, posibilitando así que la educadora C.A.F.C, quien a la fecha pesaba alrededor de 90 kilos, se subiera sobre la niña presionando con su cuerpo fuertemente la espalda y tórax de la niña contra el suelo, al tiempo que con sus manos le sujetaba los brazos, inmovilizándola, procedimiento que se extendió por varios minutos".

Emilfork detalló que la niña intentó zafar de la opresión "para lo cual llevaba su rostro a uno y otro lado en el suelo, el que resultó lesionado, intentando respirar y gritándoles que la soltaran, que se iba a portar bien, que se estaba ahogando".

Pese a esto, según el persecutor, las imputadas no la soltaron y en cambio "se mofaron y persistieron en su actuar", hasta que la menor dejó de moverse, muriendo minutos más tarde.

El Servicio Médico Legal (SML) estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación. La audiencia continuará hoy y en ella el fiscal presentará sus argumentos para los cargos.

"La redujeron violentamente boca abajo contra el piso, por medio de maniobras físicas consistentes en sujetar fuertemente las piernas de la niña".

Marcos Emilfork Fiscal regional de Los Lagos."

El Ministerio de Educación afirmó que no le corresponde buscar las responsabilidades en la quiebra de la Universidad Arcis, que fue decretada el martes por la Justicia.

Así lo detalló ayer a Cooperativa la jefa de la División de Educación Superior (Divesup), Alejandra Contreras, quien dijo que "no tenemos la función de perseguir responsabilidades, sino que, más bien, preocuparnos de la situación de los estudiantes y de colaborar para que el proceso que viene a continuación sea lo más tranquilo y lo más eficiente posible".

"Ya serán los propios actores, a través de los tribunales u otras instancias, quienes podrán buscar esas responsabilidades", aseveró la funcionaria, quien añadió que "desgraciadamente, en este tipo de situaciones no hay una responsabilidad clara".

En diciembre de 2016, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, abrió una polémica, al afirmar que Arcis no era "sustentable en el tiempo". Posteriormente se definió que este 10 de marzo se revisaría la continuidad del plantel, sólo si se matriculaban 537 alumnos nuevos.

Situación de alumnos

Contreras dijo que los matriculados no alcanzaron esa cifra, por lo que "no es factible que se inicien actividades académicas en primer año", por lo que los nuevos alumnos tendrán que ser trasladados a otras casas de estudios, antes del inicio de clases.

En el caso de los alumnos de cursos superiores, la jefa de la Divesup, explicó que el proceso de cierre contempla "plazo suficiente para que puedan continuar en la propia Universidad o reubicarse, en el caso de que así lo deseen".

Los estudiantes responsabilizaron al administrador provisional de la universidad, Patricio Velasco, quien fue nombrado por el Mineduc, a quien acusaron de no haber hecho lo necesario para evitar la quiebra.

"Él concurrió (a la audiencia) sin abogado, no utilizó todas las herramientas legales que debía utilizar y se realizó una defensa paupérrima", afirma la presidenta de la federación de estudiantes, Sandra Beltrami.