Sorpresa provocó la autorización de parte de la Subsecretaría de Pesca para la operación de pesca industrial en parte del área de reserva para la pesca artesanal de las regiones XV y I hasta el 31 de diciembre de 2019. Son tres años de una conducta depredatoria contraria al "principio precautorio" que la propia Ley General de Pesca y Acuicultura señala como uno de sus ejes.

Sorprendente también resulta que se autorice esta perforación en dichas regiones para dos recursos que la misma subsecretaría intenta proteger, la anchoveta y la sardina española, la primera declarada sobreexplotada y la segunda, agotada.

Todavía menos entendible es que esta resolución considere la "opinión técnica" del Consejo Zonal de Pesca, sabiendo todos que la opinión de estos consejos sólo tiene carácter consultivo y que la representación de los pescadores artesanales, los principales afectados, es absolutamente minoritaria respecto de la industria. A esto se suma que los mismos pescadores pidieron la renuncia de sus representantes en el consejo por votar contra sus intereses.

En la proposición de modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura que, junto a las senadoras Goic y Muñoz presentamos a mediados de 2015, propusimos la eliminación de las excepciones que permiten las perforaciones de la reserva de la pesca artesanal, precisamente para proteger áreas como las nombradas anteriormente. Claramente nuestra opinión tampoco fue considerada.

Y como si no fuera ya suficiente, la principal beneficiaria de esta autorización es Corpesca S.A., empresa cuestionada judicialmente por sus vínculos con la llamada Ley Longueira.

La extrañeza y la duda aumentan cuando estos antecedentes se suman a la reciente salida del subsecretario Raúl Súnico. En otras palabras, se toma una mala decisión en pleno proceso de crisis y ajustes. Ante este panorama no podemos sino afirmar con fuerza que la pesca industrial no puede ni debe operar en áreas artesanales.

Es necesario que la Subsecretaría de Pesca justifique plenamente la decisión adoptada y que ésta sea derogada si es necesario. No podemos seguir dañando a nuestros pescadores artesanales y mucho menos permitir que los propios funcionarios incumplan los compromisos con la pesca adoptados por la Presidenta Michelle Bachelet.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Después del fallido Censo de 2012 y la imposibilidad de darle algún valor estadístico a los datos que se recogieron, el país realizará el próximo 19 de abril un nuevo proceso para el conteo y caracterización de los habitantes de Chile, elemento fundamental para definir y orientar las políticas públicas en materias como educación, salud, vivienda y transporte, por mencionar algunas. A diferencia del Censo de hace cinco años, en que se innovó generando un proceso que abarcó varios meses para la contabilización, en esta oportunidad se volverá a los formatos anteriores, en que el país se paraliza durante un día, promulgación de feriado nacional de por medio, para que los censistas recorran las viviendas recogiendo la información necesaria.

Este formato exige la participación de numerosos funcionarios públicos y también de voluntarios, habida cuenta de abarcar en un día la mayor cantidad de manzanas de las ciudades y los más apartados sectores rurales. En este sentido, el trabajo de los voluntarios asoma como un factor crucial para el éxito del censo. Sin ellos, sería prácticamente imposible darse a la tarea de "contar" a todos los chilenos y los extranjeros residentes en un solo día. Aunque habrá un pequeño pago para ellos -15 mil pesos-, la verdad es que les servirá para costear los gastos asociados de la jornada, como transporte, comunicaciones y alimentación.

En el caso de la comuna de Osorno, el reclutamiento de los censistas va relativamente bien encaminado. De hecho, la ciudad lidera la captación de voluntarios en la Región con el 73% de los inscritos requeridos, mientras que la media nacional es de 61% y el promedio regional asciende al 62%. La provincia también exhibe guarismos similares, con cerca del 70% de la meta a cumplir.

Al menos en lo que concierne a quienes colaborarán en el recorrido en la zona, todo marcha en orden. Es de esperar que ese día las familias de la provincia y del país abran las puertas de sus hogares para el registro y, esto es muy importante, el aparato gubernamental esté a la altura del desafío, no como lo que ocurrió en 2012.

Sorpresa provocó la autorización de parte de la Subsecretaría de Pesca para la operación de pesca industrial en parte del área de reserva para la pesca artesanal de las regiones XV y I hasta el 31 de diciembre de 2019. Son tres años de una conducta depredatoria contraria al "principio precautorio" que la propia Ley General de Pesca y Acuicultura señala como uno de sus ejes.

Sorprendente también resulta que se autorice esta perforación en dichas regiones para dos recursos que la misma subsecretaría intenta proteger, la anchoveta y la sardina española, la primera declarada sobreexplotada y la segunda, agotada.

Todavía menos entendible es que esta resolución considere la "opinión técnica" del Consejo Zonal de Pesca, sabiendo todos que la opinión de estos consejos sólo tiene carácter consultivo y que la representación de los pescadores artesanales, los principales afectados, es absolutamente minoritaria respecto de la industria. A esto se suma que los mismos pescadores pidieron la renuncia de sus representantes en el consejo por votar contra sus intereses.

En la proposición de modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura que, junto a las senadoras Goic y Muñoz presentamos a mediados de 2015, propusimos la eliminación de las excepciones que permiten las perforaciones de la reserva de la pesca artesanal, precisamente para proteger áreas como las nombradas anteriormente. Claramente nuestra opinión tampoco fue considerada.

Y como si no fuera ya suficiente, la principal beneficiaria de esta autorización es Corpesca S.A., empresa cuestionada judicialmente por sus vínculos con la llamada Ley Longueira.

La extrañeza y la duda aumentan cuando estos antecedentes se suman a la reciente salida del subsecretario Raúl Súnico. En otras palabras, se toma una mala decisión en pleno proceso de crisis y ajustes. Ante este panorama no podemos sino afirmar con fuerza que la pesca industrial no puede ni debe operar en áreas artesanales.

Es necesario que la Subsecretaría de Pesca justifique plenamente la decisión adoptada y que ésta sea derogada si es necesario. No podemos seguir dañando a nuestros pescadores artesanales y mucho menos permitir que los propios funcionarios incumplan los compromisos con la pesca adoptados por la Presidenta Michelle Bachelet.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Después del fallido Censo de 2012 y la imposibilidad de darle algún valor estadístico a los datos que se recogieron, el país realizará el próximo 19 de abril un nuevo proceso para el conteo y caracterización de los habitantes de Chile, elemento fundamental para definir y orientar las políticas públicas en materias como educación, salud, vivienda y transporte, por mencionar algunas. A diferencia del Censo de hace cinco años, en que se innovó generando un proceso que abarcó varios meses para la contabilización, en esta oportunidad se volverá a los formatos anteriores, en que el país se paraliza durante un día, promulgación de feriado nacional de por medio, para que los censistas recorran las viviendas recogiendo la información necesaria.

Este formato exige la participación de numerosos funcionarios públicos y también de voluntarios, habida cuenta de abarcar en un día la mayor cantidad de manzanas de las ciudades y los más apartados sectores rurales. En este sentido, el trabajo de los voluntarios asoma como un factor crucial para el éxito del censo. Sin ellos, sería prácticamente imposible darse a la tarea de "contar" a todos los chilenos y los extranjeros residentes en un solo día. Aunque habrá un pequeño pago para ellos -15 mil pesos-, la verdad es que les servirá para costear los gastos asociados de la jornada, como transporte, comunicaciones y alimentación.

En el caso de la comuna de Osorno, el reclutamiento de los censistas va relativamente bien encaminado. De hecho, la ciudad lidera la captación de voluntarios en la Región con el 73% de los inscritos requeridos, mientras que la media nacional es de 61% y el promedio regional asciende al 62%. La provincia también exhibe guarismos similares, con cerca del 70% de la meta a cumplir.

Al menos en lo que concierne a quienes colaborarán en el recorrido en la zona, todo marcha en orden. Es de esperar que ese día las familias de la provincia y del país abran las puertas de sus hogares para el registro y, esto es muy importante, el aparato gubernamental esté a la altura del desafío, no como lo que ocurrió en 2012.