Ricardo Mundaca
Una demanda interpuesta por el empresario Víctor Almonacid contra la Municipalidad de Quellón el año 2013, por el no pago de trabajos realizados para esa corporación, ha derivado en una orden de embargo que afecta a dos vehículos municipales.
El abogado del demandante, Hugo Oyarzún, explicó que representa al empresario desde el 10 de abril del 2013, fecha en que presentaron el recurso en el Juzgado Mixto de Quellón.
Los alcances del requerimiento los explica el mismo jurista, enfatizando que "don Víctor Almonacid realizó unos trabajos para la municipalidad en el año 2012, en una fecha próxima al cambio de mando municipal de aquel entonces, en el período de Iván Haro, y la factura debía pagarse en la época del actual alcalde (Cristian Ojeda)".
Los trabajos a los que se hace mención corresponderían a mantención de maquinaria municipal y la factura emitida por Víctor Almonacid "fue entregada en la municipalidad el 5 de diciembre del 2012 y el alcalde la devolvió por poner en duda si se habían hecho esos trabajos", señala el jurista.
Montos
El profesional castreño aseguró que su cliente persigue que se le paguen los servicios prestados, ascendentes a la suma de 2 millones 380 mil pesos, que a la fecha de hoy, con capital, costas e intereses, debe estar bordeando los 4 millones de pesos.
Este fallo judicial es revocatorio del primero, que les fue adverso en el tribunal de Quellón, lo que obligó a la defensa de Almonacid a recurrir en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La fecha en que salió emitida esta sentencia definitiva corresponde a diciembre de 2015. Han existido una serie de demoras por falta de personal y de problemas en la conformación de los organismos judiciales, indica el propio Oyarzún, agregando que "el cumplimiento ha demorado tanto como el fallo".
A renglón seguido el abogado señala que "a estas alturas ya tenemos embargado y vamos a rematar", haciendo alusión a los dos vehículos pertenecientes al parque automotor municipal. Esto debe ser ejecutoriado por el tribunal de primera instancia, vale decir el Juzgado de Quellón.
Aunque no hay fecha establecida para llevar a cabo el remate de los bienes embargados, el hombre de leyes manifestó que "el martillero está nombrado. Ahora hay que retirar los vehículos y entregárselos al martillero. Acá lo único cuerdo y racional es pagar y evitar el remate".
Sumó la fuente que cada trámite que se está haciendo es un costo para la municipalidad, toda vez que está condenada en costas.
Consultado respecto a esta situación que afecta a la Municipalidad de Quellón, el administrador del consistorio local, Fernando Águila, señaló escuetamente que "nosotros vamos a cumplir y acatar el fallo judicial. No obstante, veremos con el equipo jurídico si hay alguna instancia de apelación".
Confirmó el ingeniero comercial que la situación que originó la demanda en contra del municipio se produjo durante la administración de Iván Haro (RN).