Alexander Hopkinson

Apesadumbrados y complicados se encuentran los nuevos alcaldes de Puerto Octay, Puyehue y San Pablo, tras sus dos primeros meses de gestión comunal, debido a la herencia que recibieron de sus antecesores.

Millonarias deudas, remates, licitaciones, información financiera desaparecida y demandas son parte del variopinto de irregularidades que han debido enfrentar las nuevas autoridades en estos primeros 60 días en ejercicio de sus cargos.

María Jimena Núñez (UDI), Juan Carlos Soto (PRI) y María Elena Ojeda (UDI), actuales alcaldes de Puyehue, San Pablo y Puerto Octay, respectivamente, cuentan cuáles han sido los mayores obstáculos que han encontrado para llevar a cabo su labor.

Demandas en puyehue

La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, es una de las más apremiadas por las situaciones que, según afirma, ha tenido que asumir del período anterior encabezado por el DC José Luis Queipul, responsabilizándose de un legado que a lo menos retrasará sus planes de desarrollo para la comunidad.

En ese sentido, la alcaldesa explica que "en esto hay tres demandas que sí o sí tenemos que pagar. Una demanda de $30 millones al Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF); $27 millones por un factoring que nos demandó y otra por $8 millones a un ingeniero que terminó un proyecto y no se le pagó. Además de ello hay que devolver $77 millones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Eso es lo que hemos encontrado hasta el momento", acusó.

Sobre la segunda causa, el Tribunal Civil de Osorno notificó una sentencia contra el municipio, donde resolvió embargar la propiedad que albergaría al Complejo Deportivo Porvenir, por el no pago de una factura de $23 millones, monto que llega a $27 millones sumando las costas jurídicas.

En total, las causas totalizan $142 millones en deudas, de acuerdo a lo detallado por María Jimena Núñez.

"Estamos hablando de una propiedad que el municipio adquirió en 2011 para construir un complejo deportivo para la población Porvenir. Ahí se le dijo a la gente que ese proyecto estaba listo, a punto de ser presentado, cosa que no era así y como estaba libre, la empresa de factoring (Facto Chile S.A.) averiguó qué bienes tenía el municipio para rematar y encontró ese terreno que estaba disponible", dijo Núñez.

La actual alcaldesa de la comuna lacustre señaló que el alcalde anterior fue notificado el 16 de febrero de 2016 de esta demanda y el 19 de agosto del año pasado le comunicaron que estaba en curso el proceso de embargo, "pero no hizo nada", advirtió Núñez, añadiendo que "él dijo que los proyectos estaban todos listos y ni siquiera hemos podido comenzar con el proyecto del liceo, ya que no estaban las observaciones previas, como el estudio de electrificación y aislamiento. Entonces, no podemos iniciar proyectos que no estén bien para comenzar".

Explica que se ha reunido con buena parte de la comunidad para explicar que superar estos obstáculos demandará tiempo y dinero, por lo que tratará de llevar adelante sus promesas de campaña mediante la postulación de proyectos al Gobierno Regional y las secretarías ministeriales, junto a la colaboración y paciencia de todos los vecinos.

"Sé que siempre ha habido problemas de recursos, pero nunca tanto como para que rematen bienes municipales. No sé si eso haya pasado antes (...). Además, en los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) nos dijeron que nos iban a dar $180 millones y ahora son $140 millones, entonces es menos plata y ojalá con el desastre de los incendios forestales no se siga recortando el presupuesto a las comunas más chicas", concluyó.

San pablo en proceso

Una de las comunas más afectadas por la gestión recién pasada es San Pablo. Así al menos lo acusa su alcalde, Juan Carlos Soto, quien afirma que recibió una deuda consolidada de $300 millones cuando asumió el mando de este municipio.

A eso, según explica, se agregan algunas demandas de tipo civil al municipio, deudas impagas a proveedores y la falta también de las conciliaciones bancarias.

"En salud pasaron para este año entre $105 millones y $110 millones de deuda basada principalmente con farmacias, más que nada eso, deudas con laboratorios. En educación tenemos un consolidado de más o menos $120 millones con todo lo que es deuda previsional. Y del municipio, que son deudas por facturas pendientes con proveedores, hay $100 millones", describe Soto.

En ese sentido, ya ha conversado con algunos de estos proveedores para pactar formas de pago que favorezcan a ambos, pero advierte que "tampoco me voy a abocar netamente a pagar deudas, sino mi gestión será sólo eso y nada por mi comuna. Tenemos que buscar responsables de esta deuda para que ellos también asuman".

En ese sentido, ya propuso al Concejo Municipal la aprobación de una auditoría externa, donde cuatro concejales votaron a favor y dos en contra, "entonces, conmigo son cinco votos contra dos, por lo que licitaremos el proceso para que se le haga una auditoría al municipio completo".

De ser necesario, el alcalde realizará las acciones judiciales, si corresponden, contra la administración anterior, otrora comandada por Omar Alvarado (DC).

Lo que queda por ahora, al igual que en el caso de Puyehue, es buscar alternativas y proyectos que permitan brindar soluciones rápidas a los requerimientos de la comuna.

"Ahora se viene a trabajar con los proyectos, en la postulación a los FRIL y al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) con el Gobierno Regional, donde he tenido muy buena llegada con el intendente Leonardo de la Prida y su equipo asesor, también con los seremis, entonces la idea es abocarse a eso. Este año nos dieron un monto de alrededor de $140 millones para proyectos FRIL y vamos a tratar de ocuparlos bien y distribuirlos dentro de las organizaciones de nuestra comuna", anunció el alcalde Juan Carlos Soto.

Octay al debe

Varios también han sido los inconvenientes que ha tenido la nueva alcaldesa de la comuna de Puerto Octay, María Elena Ojeda, quien ha debido lidiar tanto con asperezas internas, relacionadas con el clima organizacional del municipio, como con otras vinculadas a temas legales y promesas de largo aliento que no fueron cumplidas en el periodo anterior liderado por el DC Carlos Mancilla.

Por el momento, lo más complejo son las irregularidades de la Dirección de Administración de la Educación Municipal (DAEM) y la concesión por 25 años al Hotel Centinela, que se encuentran en etapa de investigación por parte de la Contraloría Regional.

Sin embargo, existen otras situaciones donde los vecinos exigen una pronta resolución.

"Nos encontramos con que problemas emblemáticos, que supuestamente se habían solucionado, están muy lejos de estarlo. El alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas servidas en Las Cascadas llevan más de ocho años con promesas y aún se encuentran abandonados", detalló Ojeda, junto con comprometerse a retomar estas obras durante su administración.

La misma situación ocurre en la villa de Puerto Octay, donde el abastecimiento de agua potable, que es manejada por el municipio y no por una firma sanitaria, es un tema que también se arrastra por años.

"Nos hemos propuesto dotarlo de un sistema adecuado, para lo cual iniciamos conversaciones con Essal para buscar una solución digna y que le de seguridad a la población de que tendrán agua de calidad y con un estándar técnico superior", prometió la alcaldesa.

Asimismo, Ojeda dice estar preocupada por los desplazados de la ex hacienda Rupanco que han recibido promesas de una vivienda definitiva, lo cual no se ha podido materializar, por lo cual manifiesta que serán una prioridad de su mandato.

Por último, María Elena Ojeda explicó que hay muchos proyectos en etapas preliminares sin avance, como el sistema de agua potable de El Poncho, la calle techada para Puerto Octay y la costanera para la ciudad misma, entre otros.

"Nuestra decisión es responder a los requerimientos de los vecinos y darle una proyección turística, cultural, productiva y de oportunidades a la comuna", sostuvo.