La catástrofe vivida a raíz de los incendios forestales en la zona centro-sur puede convertirse en una oportunidad de dar un paso real en la descentralización, si a partir de lo ocurrido se inician procesos vinculados al mayor empoderamiento tanto de servicios públicos como de organismos privados locales, en materia de reconstrucción.

Esto, sin duda, parece un contrasentido respecto de lo que habitualmente se pide desde las regiones ante este tipo de catástrofes. Esto es, que acuda la Presidenta de la República, los ministros, jefes nacionales de servicios y que sean las instituciones centralizadas -procedentes de Santiago- las que se hagan cargo de responder a la coordinación de las tareas de reconstrucción. Pero eso -que siempre se hace en una primera etapa, cuando la atención pública está puesta en la tragedia y sus consecuencias- se termina diluyendo con el paso de las semanas, cuando esos "enviados especiales" regresan a la capital y son las autoridades y servicios locales los que hacen el relevo de responsabilidades y deben hacerse cargo de la parte más difícil y larga: el proceso de recuperación de la normalidad en las comunidades afectadas.

En ese escenario, los municipios cumplen un rol clave, porque son los organismos públicos más cercanos a la ciudadanía y los que reciben habitualmente las solicitudes más urgentes. A esto pueden sumarse las organizaciones no gubernamentales, delegaciones provinciales y regionales de servicios públicos y, por cierto, las entidades ciudadanas, cuya expresión más común son las juntas de vecinos. Por ello, una mayor capacidad de acción de las entidades locales -lo que se vincula a contar con recursos de todo tipo, incluido el capital humano- puede ser una forma efectiva de realizar una reconstrucción desde lo regional, donde manteniendo la tuición del Estado en relación al buen uso de los recursos, se pueda trabajar en una planificación del futuro con un mayor sentido de pertenencia de la comunidad.

Es cierto que en un Estado unitario y altamente centralizado como el chileno casi todas las directrices globales se definen desde el nivel central, pero sin duda el fortalecimiento de la institucionalidad más cercana a los ciudadanos puede resultar más efectivo.

El 16 de diciembre pasado, el Departamento de la Dirección Nacional del Trabajo (DT), publicó la Circular N° 113 en la cual instruye sobre el Programa de Fiscalización de Inspección al Trabajo Agrícola de Temporada, haciendo un cambio de criterio respecto de cómo se fiscalizaba, hasta la temporada anterior, el cumplimiento de la normativa laboral chilena.

Hasta la publicación de esta circular existía el Programa Nacional Agrícola de Temporada, que bajo una metodología de asistencia al cumplimiento otorgaba plazos a los empleadores que incumplían alguna norma laboral. Esto significó que las multas por infracciones disminuyeran drásticamente, pero que el cumplimento de la normativa aumentara, generando con ello mejores condiciones laborales a los trabajadores, objetivo que a nuestro juicio es el que debe importar.

Entonces, ¿cuál es el origen de este cambio de criterio? De acuerdo a lo señalado por la Dirección del Trabajo (DT), la cifra de infracciones por cada fiscalización aumentó en 0,15% entre las temporadas 2014-15 y la 2015-16, cifra que estadísticamente es insignificante. Sin embargo, nada se dice sobre la evolución del cumplimiento de la normativa laboral, que es lo que debería importarle a la autoridad fiscalizadora.

A partir del cambio en la forma de fiscalizar de la DT, por cada infracción que sea detectada por un fiscalizador de este organismo el empleador arriesga multas que van desde las 40 a las 60 o más UTM. En términos prácticos, si un fiscalizador constata que en un baño ubicado en un huerto frutícola no hay papel higiénico, cursará de inmediato una multa que dependiendo de la cantidad de trabajadores del predio podría fluctuar entre 1,8 y 2,2 millones de pesos. A lo anterior se suma la falta de criterios comunes entre fiscalizadores, la búsqueda de errores para cursar una multa, la que raya en el hostigamiento hacia el empleador y las fiscalizaciones que empiezan a las 10 y terminan a las 18.30, obligando a los empleadores a disponer todo el día de personal administrativo para atender a los fiscalizadores.

Cuestión política o técnica, lo cierto es que la nueva forma de fiscalizar de la DT no es más que el resultado del permanente menosprecio que la autoridad tiene hacia quienes emprenden y dan trabajo de calidad a miles de personas en nuestra Región, que normalmente no se desempeñan en otras actividades productivas.

José Antonio Alcázar, gerente

de SAGO A.G.

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