Verónica Salgado

Una indemnización por perjuicios y daños emergentes por $16 mil millones solicita la empresa Navarrete y Díaz Cumsille al municipio de Osorno, en el marco del reclamo de ilegalidad ingresado a la Corte de Apelaciones de Valdivia los primeros días de diciembre.

La solicitud busca que la justicia sentencie que el alcalde Jaime Bertín debió invalidar el proceso de adjudicación del relleno sanitario que se construye en la ruta U-400 al mar, ya que la empresa considera que la evaluación y adjudicación realizada por el municipio no fue la adecuada.

Así lo describe el oficio 2660 ingresado a la Corte de Apelaciones de Valdivia, el cual contiene la argumentación del reclamo de ilegalidad, la documentación de respaldo, la solicitud de declaración de perjuicios (indemnización), entre otros.

Licitación

La empresa Navarrete y Díaz Cumsille fue una de las firmas que participó en el proceso de licitación para ejecutar el relleno sanitario, pero no resultó elegida por la comisión ni por el alcalde Bertín, ya que sus valores superaban los 11 mil millones de pesos. En cambio las faenas se le entregaron a la empresa Servitrans, que hace más de un año tiene los trabajos paralizados, argumentando fallas en el terreno.

Para despejar dudas, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en febrero de este año realizó un pronunciamiento técnico donde descartó cualquier falla geológica en el terreno.

Los fondos para construir el recinto provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) que solicitó un crédito al Banco Alemán de Desarrollo (KFW) por $7 mil millones. A dicho monto se suman $3 mil millones extra que fueron traspasados por el Gobierno Regional de Los Lagos hace un par de años, ante el encarecimiento del proyecto.

Dinero perdido

El abogado de Navarrete y Díaz Cumsille, Mauricio Cisternas, señaló que lo primero que se busca es que la Corte declare el derecho a que se le indemnicen los perjuicios a Navarrete y Díaz Cumsille, el cual evaluaron inicialmente en 16 mil millones de pesos.

"La Corte lo que define es que tiene lugar el pago de perjuicios y después tenemos que ir a un juicio para definir el monto, pero nosotros inicialmente lo valoramos en alrededor de $16 mil millones, que es la cifra inicial para discutir en Tribunales con el municipio", explicó el profesional.

De hecho en el documento en la página 35 se detalla: "tener presente que por este acto vengo en solicitar que en su sentencia definitiva proceda declarar los perjuicios a los cuales tenemos derecho, los cuales avaluamos en forma provisoria en aprox $11.724.191.551 por concepto de daño emergente en lo relativo al costo de construcción del relleno sanitario, más de la suma de $4.454.376.036 por concepto de daño emergente por la operación del relleno sanitario o la cantidad que prudencialmente US.I. determine", se lee textual.

A la compensación económica se suma la solicitud de invalidar la adjudicación a una empresa que no cumplía con las bases. Uno de los argumentos presentados a los tribunales apunta a la experiencia que debía demostrar Servitrans en construcción y manejo de rellenos sanitarios.

Estos antecedentes quedan demostrados en un informe realizado por la consultora Poch, a petición del Gobierno Regional, que indicaba la falta de experiencia de Servitrans y en paralelo, sugería que fuese precisamente Navarrete y Díaz Cumsille la empresa que debía adjudicarse la licitación.

Ese informe no se consideró por la comisión evaluadora municipal (no era su obligación) ni por el Consejo Regional o municipal ya que no se supo de su existencia hasta después de 2 años de la adjudicación.

Reacciones

El asesor jurídico del municipio, Hardy Vásquez, explicó que "estudiamos los antecedentes para preparar los informes que presentaremos en la Corte de Apelaciones. Estamos tranquilos porque los procesos se realizaron con total legalidad".

El Gobierno Regional actúa como mandante de las obras, mientras que el municipio es la Unidad Técnica encargada de ejecutar las obras. Por lo mismo, el jefe de análisis y control del Gore, Luis Durán, señaló que "la Contraloría se pronunció en que la adjudicación del contrato a Servitrans se había ajustado a derecho y esa es la opinión del Gore en este tema", dijo el profesional.

Eugenio González, gerente general de Servitrans, argumentó que no comprende por qué se sigue analizando el mismo tema si la Contraloría ya se pronunció avalando la legalidad del proceso.

"Ya hay respuestas de Contraloría y no veo por qué se sigue dando vueltas al mismo tema. En cambio no veo autoridades preocupadas del tema de los estudios de suelo o del proyecto mismo, a excepción del municipio. Eso me llama la atención", dijo González.

Actualmente en el relleno sanitario sólo se realizan obras civiles porque las gruesa que involucran la construcción del relleno propiamente tal están paralizadas desde octubre del año 2015. Paralelamente, se realizan estudios para determinar eventuales problemas con el terreno y sus soluciones, los que deben estar finalizados en enero 2017 cumpliendo así más de un año de atraso.

El concejal RN, Jorge Castilla, considera que lo más apropiado es que la Corte se pronuncie para tranquilidad de todas las partes y que no debe mirarse como algo negativo que este proyecto esté en manos de un tribunal: "lo preocupante es que las obras no avanzan", recalcó el edil de RN.

El también concejal, Emeterio Carrillo (DC), agregó que "el tema está en la justicia y yo no voy a opinar hasta que ellos se pronuncien".

El ex consejero regional RN, Harry Jürgensen, considera que la situación es preocupante. "No se puede seguir tapando el sol con un dedo, ya que se viene un problema enorme, porque si se acoge la demanda está en riesgo el patrimonio municipal. Se dice desde el municipio que está todo normal cuando es evidente que no. Ese informe no se conocía y estoy seguro que si lo hubiéramos tenido a la vista los consejeros no aprobamos los recurso", remató.

2016 debían finalizar los trabajos, pero aún están pendientes. Febrero

comunas de la provincia depositarán la basura en el relleno sanitario. 7