El ataque a dispensadores de dinero es cada vez más frecuente en nuestro país, porque reporta millonarios botines a los ladrones que, de ser sorprendidos, son procesados por robo en lugar no habitado, con baja penalidad. Casi a diario los medios de comunicación dan a conocer la ocurrencia de estos delitos en el país. Las técnicas han evolucionado, desde el método del lazo, para tirarlo con algún vehículo, luego el oxicorte para arrancarlo, hasta el actual, que es de saturación con gas para hacerlo estallar.
Hay que pensar también que tras el violento atraco a un cajero, existe otro delito, porque a alguna persona se le asaltó y se le robó su vehículo, que se usó para robar el dispensador, cargar las bandejas con billetes y huir. No es tan sencillo como pensar que en estas situaciones operan los seguros, porque también hay que considerar que los delitos son cada vez más violentos y osados, incluso captados por cámaras de vigilancia, y no pocas veces en presencia de público.
En consecuencia, queda la sensación en la ciudadanía de que opera un principio de impunidad.
Si bien Chile llegó a tener cerca de 10.000 dispensadores de dinero instalados en bancos, supermercados y farmacias, con el fin de que los usuarios puedan operar las 24 horas, en los últimos años se han retirados muchos de ellos, a raíz de robos reiterados, de manera que hoy en todo el país hay 7.802, según datos de la Superintendencia de Bancos. Cada uno de ellos es cargado con sumas entre 20 y 80 millones de pesos, dependiendo de la afluencia de público y de la seguridad del lugar.
Este es un delito que ha evidenciado un aumento importante, en parte porque los delincuentes saben que es una actividad lucrativa, debido a la cantidad de dinero que pueden obtener, pero también por la baja penalidad.
Autoridades de gobierno, policiales y bancarias han sostenido una serie de reuniones para adoptar medidas que permitan neutralizar estos actos, pero hasta ahora sin grandes avances, si se considera que estos delitos se cometen casi a diario.