Uno de los temas más importantes que actualmente se analiza en el Congreso Nacional es la modificación al Código de Aguas, por su relevancia en el diario vivir de toda la población y por lo difícil que cada vez más está el poder contar con el agua, como muy bien lo saben algunos sectores rurales de nuestra propia provincia, sin ir más lejos.
Nuestro actual Código de Aguas es del año 1981, con algunas modificaciones efectuadas el año 2005, pero que requiere una actualización urgente que se haga cargo del complejo escenario que plantea el cambio climático y una de sus consecuencias, la escasez hídrica.
Resulta necesario que nuestra legislación refuerce el carácter de bien nacional de uso público que tiene el agua, siendo imperiosa la necesidad de establecer órdenes de prioridad en el uso del vita elemento en donde la primera es, sin duda, abastecer del agua necesaria para el consumo humano. En segundo orden y relacionado con la necesidad humana de alimentación, ciertamente que es vital asegurar el agua para el riego de los campos, para que éstos puedan seguir proveyendo de los productos agrícolas, pecuarios y forestales que a diario requerimos.
En un tercer orden de prioridad, pero no menos importante que los anteriores, se encuentra asegurar el agua necesaria para que los ecosistemas sigan funcionando de manera equilibrada, que permite no dañar la flora y fauna existente en cada zona geográfica, a la vez que amortiguar la ocurrencia de situaciones extremas como las sequías e inundaciones. Es lo que se ha denominado la preservación ecosistémica.
Sólo recién en un cuarto orden de prioridad podría estar el uso del agua para actividades productivas como la generación de hidroelectricidad, en la medida que estén debidamente cubiertas las anteriores prioridades. De lo contrario está en riesgo nuestra propia sobrevivencia y la de generaciones futuras. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo.
Jaime Sotomayor Neculman,
abogado, Magíster en Gestión Pública