Paola Rojas

Con un despido que el municipio argumentó se hizo "por necesidades de la empresa", el todavía concejal por el Partido por la Democracia (PPD), Juan Carlos Velásquez, puso fin a sus 33 años de desempeño en dicha corporación, en la que actualmente se desempeñaba en el Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem).

Velásquez además termina este lunes su periodo en el cargo de concejal y por el cual no fue reelecto en la pasada elección del 23 de octubre.

El edil asegura que la determinación fue tomada por su constante rol fiscalizador, con lo que detectó ciertas irregularidades en la administración del alcalde reelecto Jaime Bertín, específicamente por licitaciones públicas, además de vínculos familiares en asesorías jurídicas externas hacia el municipio.

Necesidades de la empresa

En el Daem, a través de un comunicado, explicaron que "la causal de despido de Velásquez se debió a necesidades de la empresa, establecida en el artículo 161, inciso 1° del Código del Trabajo".

Seguido a ello agregó que el Daem busca brindar un enfoque pedagógico a la administración de los recursos de la subvención escolar preferencial (área donde se desempeñaba como contador Velásquez), por lo que se plantea que la Unidad Técnico Pedagógica asuma esta responsabilidad.

Ante la situación que lo afecta, el concejal señaló que este jueves 1 de noviembre fue finiquitado bajo el artículo 161 del Código del Trabajo, mediante el cual se establece el despido por necesidades de la empresa, por lo que se le depositó incluso ese mismo día la indemnización por un monto que mantuvo en reserva.

"Esto ya no tiene vuelta atrás y lo sorprendente es la forma en cómo se da este hecho, porque cuando inicié mi labor como concejal hice lo que la ley mandata, que es fiscalizar los actos administrativos de las grandes licitaciones públicas, es decir, todo lo que tiene que ver con presupuesto del municipio para guardar los intereses de la ciudadanía".

Aseguró que en su caso nunca tuvo problemas en sus 33 años de labor en el Daem, por lo que no le hace sentido que le hayan puesto término a su contrato, ya que nunca hubo sumarios administrativos de ningún tipo, por lo que atribuye la desvinculación a sus constantes cuestionamientos en casos como la polémica licitación con la empresa Servitrans.

"La autoridad no tuvo más opción que finiquitarme a través de esta franquicia que le da el Código del Trabajo", dijo.

Además, explicó que su cargo, que era el de contador coordinador de recursos de subvención escolar preferencial, a partir de noviembre ya no existía en el plan anual de educación municipal, es decir en el organigrama municipal.

"Siempre se trató de preparar el camino para que se diera el desenlace que la autoridad quería, producto de mi actitud que era siempre de fiscalizar. Me pasan la máquina para ser finiquitado", aseveró.

Cuestionamientos

Velásquez afirmó que parte de esta persecución laboral, como él la calificó, comenzó a partir de sus reclamos sobre el proceso de licitación para la recolección de basura domiciliaria y el relleno sanitario, donde ambas fueron adjudicadas por la empresa Servitrans, a la cual le dio su voto de rechazo.

A ello se le suma el tema del relleno sanitario que cuestionó por la poca transparencia del contrato que el municipio realizó con la misma empresa de la basura.

Agregó también que otros contratos con Servitrans, por montos de alrededor de mil millones de pesos, no pasaron por el concejo, y pese a que este lunes termina su período de cuatro años como concejal, aún no se le da respuesta.

A ello se suma su denuncia al contrato del concuñado del alcalde Bertín, Ciro Palacios, caso que expuso este año ante el concejo, aseverando que fue contratado para asesoría jurídica en la tramitación de pólizas de seguros del municipio.

A ello Velásquez suma la participación de la administradora municipal, Karla Benavides, en actos de representación política, los que según argumentó, corresponden netamente al concejo y al alcalde, mientras que a ella le competen solamente los asuntos internos del municipio.

Derechos del trabajador

Juan Carlos Velásquez expresó que con el despido fueron vulnerados sus derechos fundamentales como trabajador, lo que incluso fue avalado por un certificado médico de la Asociación Chilena de Seguridad, que dice que se encontraba en un estado de estrés producto de los malos tratos y acoso laboral, por lo que estuvo 3 días con esa licencia.

"Cada vez que se ponía fin a la licencia, el finiquito llegaba al Daem y yo presentaba la otra licencia y debían retirarlo. Esta es una medida del alcalde. Soy el primer perseguido político en democracia, por un alcalde que se dice de la Nueva Mayoría".

Velásquez señaló que esto corresponde a un acto discriminatorio, por lo que las acciones legales que tomará por el caso podrían ir en torno a la Ley Zamudio.

"Con mi postura, dentro de estos cuatro años en Osorno se conocieron muchas cosas con respecto a cómo opera el concejo municipal y cuál es la responsabilidad que tiene el alcalde frente a él", dijo.

Agregó, además, que el patrimonio del alcalde está siendo investigado por un abogado.

"no se comentan fuera"

En tanto, el alcalde Jaime Bertín, consultado por la situación de despido del concejal Juan Carlos Velásquez, señaló que no se referirá al tema.

"Los asuntos del municipio que tienen que ver con los funcionarios no se comentan por fuera. No nos vamos a referir en absoluto y si la persona que fue afectada tiene algún inconveniente, tendrá que recurrir y nosotros acataremos lo que sea necesario", manifestó de forma escueta.

"Los asuntos del municipio que tienen que ver con los funcionarios no se comentan por fuera. No nos vamos a referir en absoluto".

Jaime Bertín Alcalde de Osorno"

años trabajó el ex funcionario municipal que hasta el jueves pertenecía al Daem. 33