El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación penal por presuntas filtraciones del caso Penta, en el que indagan supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

La autoridad tomó dicha decisión después de una denuncia presentada por el abogado Gabriel Zaliasnik, quien representa a Jorge Rosenblut en esta causa. El caso es actualmente dirigido por el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y es integrado por el jefe de delitos de alta complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y su par Jorge Norambuena.

La denuncia apunta a la difusión de la declaración ante el Ministerio Público del geógrafo Giorgio Martelli, uno de los imputados en el caso y dueño de la empresa AyN, vinculada al financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet.

De acuerdo a lo recogido por La Segunda, en el texto, el abogado Zaliasnik reclama por la publicación del testimonio de Martelli "a tan sólo horas de haberse realizado (la) diligencia investigativa referida".

Por ello, el profesional pidió "determinar cómo ocurrió la irregularidad y también a los responsables de la misma. El esclarecimiento de esta coyuntura no es baladí puesto que si los autores fuesen funcionarios públicos, incluso estaríamos dentro del presupuestso de hechos que revisten carácter de delito al tenor del artículo 246 del Código Penal".

Según consignó Emol, la indagatoria quedó en manos del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, quien subroga a Abbott en su periodo de vacaciones.

El diario La Segunda detalló que en esta investigación penal también se buscan responsabilidades de la presunta filtración en funcionarios policiales e, incluso, abogados que participan en la causa.

Indagaciones anteriores

Montes ya ha encabezado otras investigaciones de este tipo. La primera de ellas fue la ordenada en agosto pasado contra su par de O'Higgins, Emiliano Arias, al que finalmente sobreseyó al no acreditarse su participación en la entrega de información reservada del caso Corpesca. Sin embargo, Arias fue distanciado de esta causa judicial.

El persecutor también indaga supuestas filtraciones de información reservada contenida en la carpeta de la causa que enfrenta el ex ministro Jorge Insunza.

Asimismo, Abbott ya había ordenado la investigación de supuestas filtraciones en el caso SQM, dirigido por el fiscal Pablo Gómez. Esto, en respuesta a una denuncia de la defensa del ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

En medio de la polémica entre los precandidatos presidenciales por el aumento de la inmigración en los últimos años, el Gobierno informó ayer que el proyecto que modernizará la ley de migraciones será una de sus prioridades legislativas en la etapa final del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

"Quiero confirmar que, efectivamente, este Gobierno ha venido trabajando en una nueva ley de migraciones desde el año 2014. El proceso ha sido (tema) de conversación con distintos sectores" y se ha recogido información "de una manera participativa con los ministerios y con las organizaciones vinculadas", afirmó la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, quien llamó a debatir esta materia con "altura de miras".

Eje programático

La discusión sobre la necesidad de actualizar la actual normativa de migraciones, que se ha mantenido sin modificaciones importantes desde 1975, surgió después de que Chile Vamos decidiera incluir esta materia entre sus ejes programáticos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Distintos parlamentarios del bloque opositor han instado a aumentar la regulación tanto para la entregada de extranjeros como para su permanencia. Entre otras medidas, se propone expulsar a inmigrantes que hayan sido condenados. Las propuestas fueron respaldadas por el ex Presidente Sebastián Piñera, quien aseguró que "muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros".

La ministra Narváez detalló que la iniciativa del Ejecutivo considera también "la propuesta legislativa que tuvo el Gobierno del ex Presidente Piñera en esta materia. Hoy día está en la última etapa, que es de consulta en el Ministerio de Relaciones Exteriores". La idea, dijo, es "actualizar, modificar y adecuar todo lo que haya que adecuar para los tiempos que estamos viviendo hoy día".

Mientras, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, rechazó lo señalado por Piñera con respecto a este tema, indicando que cuando se dice que muchas bandas de delincuentes son de extranjeros "es extremadamente irresponsable".

"Uno no puede constituir políticas públicas en el mundo actual cuando lo que tiene es una mirada completamente xenofóbica y racista, y clasista además, porque aquí en Chile cuando hablamos de inmigrantes hablamos de latinoamericanos y caribeños, y cuando hablamos de europeos y norteamericanos hablamos de extranjeros", reprochó Aleuy.

"necesarios"

La polémica fue abordada ayer también por el empresariado, reunido en Enade 2016. Allí, ejecutivos de distintas empresas coincidieron en que los inmigrantes "son necesarios", pero se debe regular su ingreso. "Nuestra sociedad, tan poco diversa, hoy se ha vuelto significativamente más inclusiva y, a la vez, atractiva para muchos extranjeros que encuentran aquí nuevas oportunidades para hacer su vida", manifestó el presidente de Icare, Juan Benavides. "Nosotros somos fuente de trabajo para los inmigrantes. Creo que es una mano de obra estupenda que ha llegado", consideró, en tanto, el gerente general de Copec, Lorenzo Gazmuri.

"Uno no puede constituir políticas públicas en el mundo actual cuando lo que tiene es una mirada completamente xenofóbica".

Mahmud Aleuy, Subsecretario del Interior"

"En nuestra propuesta, el principal elemento es la integración, el respeto y los derechos de nuestros inmigrantes".

Eduardo Salas, Secretario general del PRI"

El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación penal por presuntas filtraciones del caso Penta, en el que indagan supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

La autoridad tomó dicha decisión después de una denuncia presentada por el abogado Gabriel Zaliasnik, quien representa a Jorge Rosenblut en esta causa. El caso es actualmente dirigido por el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y es integrado por el jefe de delitos de alta complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y su par Jorge Norambuena.

La denuncia apunta a la difusión de la declaración ante el Ministerio Público del geógrafo Giorgio Martelli, uno de los imputados en el caso y dueño de la empresa AyN, vinculada al financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet.

De acuerdo a lo recogido por La Segunda, en el texto, el abogado Zaliasnik reclama por la publicación del testimonio de Martelli "a tan sólo horas de haberse realizado (la) diligencia investigativa referida".

Por ello, el profesional pidió "determinar cómo ocurrió la irregularidad y también a los responsables de la misma. El esclarecimiento de esta coyuntura no es baladí puesto que si los autores fuesen funcionarios públicos, incluso estaríamos dentro del presupuestso de hechos que revisten carácter de delito al tenor del artículo 246 del Código Penal".

Según consignó Emol, la indagatoria quedó en manos del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, quien subroga a Abbott en su periodo de vacaciones.

El diario La Segunda detalló que en esta investigación penal también se buscan responsabilidades de la presunta filtración en funcionarios policiales e, incluso, abogados que participan en la causa.

Indagaciones anteriores

Montes ya ha encabezado otras investigaciones de este tipo. La primera de ellas fue la ordenada en agosto pasado contra su par de O'Higgins, Emiliano Arias, al que finalmente sobreseyó al no acreditarse su participación en la entrega de información reservada del caso Corpesca. Sin embargo, Arias fue distanciado de esta causa judicial.

El persecutor también indaga supuestas filtraciones de información reservada contenida en la carpeta de la causa que enfrenta el ex ministro Jorge Insunza.

Asimismo, Abbott ya había ordenado la investigación de supuestas filtraciones en el caso SQM, dirigido por el fiscal Pablo Gómez. Esto, en respuesta a una denuncia de la defensa del ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

En medio de la polémica entre los precandidatos presidenciales por el aumento de la inmigración en los últimos años, el Gobierno informó ayer que el proyecto que modernizará la ley de migraciones será una de sus prioridades legislativas en la etapa final del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

"Quiero confirmar que, efectivamente, este Gobierno ha venido trabajando en una nueva ley de migraciones desde el año 2014. El proceso ha sido (tema) de conversación con distintos sectores" y se ha recogido información "de una manera participativa con los ministerios y con las organizaciones vinculadas", afirmó la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, quien llamó a debatir esta materia con "altura de miras".

Eje programático

La discusión sobre la necesidad de actualizar la actual normativa de migraciones, que se ha mantenido sin modificaciones importantes desde 1975, surgió después de que Chile Vamos decidiera incluir esta materia entre sus ejes programáticos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Distintos parlamentarios del bloque opositor han instado a aumentar la regulación tanto para la entregada de extranjeros como para su permanencia. Entre otras medidas, se propone expulsar a inmigrantes que hayan sido condenados. Las propuestas fueron respaldadas por el ex Presidente Sebastián Piñera, quien aseguró que "muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros".

La ministra Narváez detalló que la iniciativa del Ejecutivo considera también "la propuesta legislativa que tuvo el Gobierno del ex Presidente Piñera en esta materia. Hoy día está en la última etapa, que es de consulta en el Ministerio de Relaciones Exteriores". La idea, dijo, es "actualizar, modificar y adecuar todo lo que haya que adecuar para los tiempos que estamos viviendo hoy día".

Mientras, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, rechazó lo señalado por Piñera con respecto a este tema, indicando que cuando se dice que muchas bandas de delincuentes son de extranjeros "es extremadamente irresponsable".

"Uno no puede constituir políticas públicas en el mundo actual cuando lo que tiene es una mirada completamente xenofóbica y racista, y clasista además, porque aquí en Chile cuando hablamos de inmigrantes hablamos de latinoamericanos y caribeños, y cuando hablamos de europeos y norteamericanos hablamos de extranjeros", reprochó Aleuy.

"necesarios"

La polémica fue abordada ayer también por el empresariado, reunido en Enade 2016. Allí, ejecutivos de distintas empresas coincidieron en que los inmigrantes "son necesarios", pero se debe regular su ingreso. "Nuestra sociedad, tan poco diversa, hoy se ha vuelto significativamente más inclusiva y, a la vez, atractiva para muchos extranjeros que encuentran aquí nuevas oportunidades para hacer su vida", manifestó el presidente de Icare, Juan Benavides. "Nosotros somos fuente de trabajo para los inmigrantes. Creo que es una mano de obra estupenda que ha llegado", consideró, en tanto, el gerente general de Copec, Lorenzo Gazmuri.

"Uno no puede constituir políticas públicas en el mundo actual cuando lo que tiene es una mirada completamente xenofóbica".

Mahmud Aleuy, Subsecretario del Interior"

"En nuestra propuesta, el principal elemento es la integración, el respeto y los derechos de nuestros inmigrantes".

Eduardo Salas, Secretario general del PRI"