Más allá de las controversias si el Crédito con Aval del Estado (CAE) es un crédito que beneficia a la banca o a los alumnos, o si la gratuidad debe beneficiar a unas instituciones o a otras, existen diferencias que los alumnos y sus familias pueden advertir al recibir un beneficio y no un crédito.
Claro está que los recursos son limitados y debe existir una gradualidad en la implementación de las políticas públicas, y comparto la evaluación que la implementación del CAE, si bien permitió el acceso a muchos jóvenes a la educación superior, se realizó a costa del bolsillo de los estudiantes más pobres a los que favoreció.
El CAE en el año 2015 se le otorgó a 94.700 alumnos, y desde el año 2006 a la fecha ha aumentado un 445%. Hoy las cifras nos dicen que cerca del 60% se ha otorgado a alumnos de los quintiles 1 y 2, y del total de beneficiados, el 41% se encuentra en carreras profesionales que se dictan en universidades, el 38% en alumnos de carreras técnicas y el 21% en carreras profesionales sin licenciatura. Los montos en 2015 que involucran el CAE alcanzan los $132 mil millones, de ellos el 63% corresponden a la banca privada y un 37% a créditos comprados por el Estado, lo que representa un tercio del total de beneficiados en el año 2015.
La gratuidad en 2016 benefició a 139 mil alumnos, por un monto de $342 mil millones, y los alumnos a los que benefició pertenecen a los cinco deciles de menores ingresos ubicados en 30 universidades, instituciones del Consejo de Rectores, y 5 universidades privadas. Para el año 2017 el Gobierno propuso duplicar el número de beneficiados con gratuidad a 280 mil alumnos con un presupuesto de $745 mil millones, a su vez, el presupuesto destinado a financiar el CAE para compra de títulos y amortización de la deuda llega a los $700 mil millones.
Hoy los jóvenes no pueden esperar y el anunciado término del CAE debe prontamente discutirse. Los costos de una mala política pública no pueden asumirla las familias, como tampoco el Estado debe seguir transfiriendo recursos a la banca privada.
Óscar Garrido Álvarez, rector
de la Universidad de Los Lagos