La discusión entre universidades estatales y privadas del Consejo de Rectores no ha estado exenta de polémicas, sobre todo en la discusión sobre su rol público. Como rector de una universidad estatal, es claro que las estatales somos distintas desde nuestro histórico origen, naturaleza jurídica, características del propietario o sostenedor, leyes que afectan el financiamiento y, por último, los sistemas de control y administración del Estado.
La reforma del año 1981 dio origen al sistema actual, en donde el sector privado fue relevado y la educación superior fue transitando desde un concepto de bien público a bien de consumo, pasando las universidades estatales a sobrevivir en un espacio privado, incluso compitiendo por financiamiento entre ellas, con un Estado prácticamente ausente . Esta reforma permitió la creación de instituciones privadas y separó las sedes de la Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado en nuevas instituciones de carácter regional, cuestión que explica en parte los menores recursos que históricamente han recibido las universidades estatales regionales en relación a las universidades privadas existentes. El financiamiento quedó compuesto por la creación de los siguientes instrumentos: el Aporte Fiscal Directo (AFD) y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), además de los aranceles universitarios y fondos concursables para investigación.
El AFD históricamente ha beneficiado a las universidades privadas del Cruch en su relación cantidad de alumnos. Hoy, si observamos sólo el Aporte Fiscal Directo, se observa que 11 universidades estatales de las 16 en estado de régimen se encuentran bajo el promedio de la relación AFD/alumnos, en cambio, en el G9 en esta situación sólo coexisten 4 universidades.
Lo que resulta desconcertante es que se proyecte para el 2017 la sostenibilidad del Crédito con Aval del Estado, que mayoritariamente se destina a instituciones privadas sin control ni exigencias. Por último, es importante resaltar que las universidades estatales tienen que cumplir con un número más exigente de leyes, que afectan su desarrollo, pero que las hacen más transparentes frente a la ciudadanía, respecto de las universidades privadas. Una nueva política pública para las universidades estatales debe necesariamente fortalecerlas como el pilar público en educación superior y así cumplir su rol y misiones específicas para el desarrollo de las regiones y el país.
Óscar Garrido, rector de
la Universidad de Los Lagos