Financiamiento de las Fuerzas Armadas
Conocer la distribución de estos recursos es necesario por un tema de transparencia de las instituciones. Fue en los años '30 cuando las autoridades creyeron necesario contar con una legislación que entregara recursos frescos para la defensa y se propuso una normativa secreta.
El ministro de Interior, Mario Fernández, ha dicho que el Gobierno está abierto y que no tiene freno para revisar y, eventualmente, derogar la Ley Reservada del Cobre, que establece que Codelco debe entregar el 10% de sus ventas anuales para el financiamiento de las FF.AA. Admite que el tema no estaba en la agenda del gobierno, porque se requiere de tranquilidad para discutirlo y no puede ser objeto de un "debate a la ligera". Sin embargo, ha salido a la luz luego de conocerse los magros resultados de Codelco, aunque el senador PPD, Felipe Harboe, estima poco probable cambiarla en el año que le resta al Gobierno.
Desde hace años se ha comentado la necesidad de poner fin a fórmula de financiamiento y buscar mayor transparencia sobre el uso de los fondos asignados, cuyo destino no se conoce, precisamente por el carácter de ley reservada. El financiamiento de los gastos de las FF.AA. por medio de leyes reservadas es antiguo. Fue en los años 30 cuando las autoridades políticas creyeron necesario contar con una legislación que entregara recursos frescos para la defensa y se propuso una normativa secreta, por el carácter de la actividad que financiaría.
El régimen militar tomó una serie de leyes que había sobre la materia y las refundió para dar forma a la actual legislación.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera se había planteado reemplazarla por un programa elaborado con un horizonte de doce años y un presupuesto plurianual que sería aprobado por el Congreso, así como un fondo de contingencia de la defensa para complementar esos recursos en caso de que sea necesario. Esto permitiría saber cómo se gastan los dineros en las FF.AA., pero la iniciativa no avanzó, según el ex ministro de Defensa Jorge Burgos, por falta de acuerdo entre la Nueva Mayoría y el gobierno de la Presidenta Bachelet, cuestión que ahora podría abordarse.