Paola Rojas

Una sensación de incertidumbre existe en colegios particulares subvencionados de la ciudad frente a la nueva ley 20.845, más conocida como ley de inclusión, medida que ya se está aplicando en las postulaciones a establecimientos de este tipo, además de los públicos, donde la idea es que para mantener el aporte estatal pasen a ello en un proceso gradual que se definiría para el 2018.

El procedimiento se basa en una inscripción, que en su mayoría es el orden de llegada, por la que los docentes de colegios particulares subvencionados acusan que se pierde el contacto con las familias y éstas arriesgan a desconocer el proyecto educativo del colegio.

A esto se suma la poca claridad que tendría la nueva ley con respecto a cuánto dinero entregaría el Estado para mantener el funcionamiento integral de cada colegio, por lo que se hace difícil para los sostenedores de estos establecimientos atreverse a dar el paso y convertirse en planteles totalmente gratuitos, lo que deberán definir en marzo de 2017.

El tema ya es recurrente en las reuniones de apoderados, por la preocupación natural que genera el futuro de los colegios y la posibilidad de continuar en ellos, que dependerá de sus posibilidades de pagar un arancel particular.

Consultados cuatro colegios de la ciudad, todos coinciden en que frente a la incertidumbre que se está generando frente al tema y para no arriesgar las inversiones y los proyectos educativos que desarrollan, están evaluando la posibilidad de cambiar su figura a particulares pagados para así seguir existiendo.

El presidente de la Corporación de Colegios Particulares de Chile, Hernán Herrera, aseguró que hay una preocupación generalizada en el sector debido a la incertidumbre que genera la Ley de Inclusión, que se agudiza a medida que se van conociendo sus contenidos en profundidad.

Difícil decisión

Soledad Carrasco es la administradora de la corporación educacional que alberga al Colegio Saint Thomas, la que ya está a pasos de cumplir tres décadas en la ciudad.

Explicó que hasta el momento el colegio sigue con la calidad de particular subvencionado e irán bajando gradualmente el copago o arancel que cancelan los apoderados, hasta llegar a costo cero como lo establece la ley.

Sin embargo, la administradora cuestiona la forma de la ley y no la considera inclusiva, ya que se perderían su característica de colegio pequeño y familiar frente a un sistema de elección en el que ya no se conoce a las familias previamente al hacerse un proceso por medio de un soporte informático que distribuye las vacantes.

"En Osorno no hay dos colegios que sean iguales, cada uno tiene sus particularidades. Si una familia quiere ir al Saint Thomas y por un sistema que desconoce cómo funciona en su interior, no va a quedar en nuestro colegio. Estoy segura de que todas estas personas que hacen estas leyes, que dicen ser inclusivas, tienen a sus hijos en colegios particulares pagados".

Soledad Carrasco mostró su preocupación porque los apoderados que actualmente optan por este tipo de colegios lo hacen por un buen nivel, pero al alcance de sus ingresos, ya que no les alcanza para pagar uno particular, debido a que sus costos, en todos los casos, al menos doblan el arancel de los que tienen copago.

"Esto atenta contra la equidad y contra el trabajo de personas que se han esforzado por años. Hoy nos sentimos desorientados y que la gente que hace estas leyes no tiene idea de educación, ni nunca han estado en el aula y menos saben lo que es tener un hijo con necesidades especiales. La gente que hace las políticas públicas debería pasar por el terreno y la realidad", aseveró.

Incertidumbre financiera

Por otra parte, Francisco Angulo, director del colegio Alberto Hurtado (en calle Freire), señaló que a su parecer es bueno que exista una regulación en este tema, pero que por lo que hasta ahora se ha visto es que la ley no permite actuar con libertad a los establecimientos particulares subvencionados en materias económicas, administrativas y en relación a los proyectos educativos.

Esto se da por la prohibición de que los apoderados se acerquen al colegio para postular y todo se haga por medio de una plataforma web, que a su juicio la única ventaja es por el ahorro de tiempo. No obstante, el hecho de que la familia no se acerque al establecimiento corre el riesgo de que no se entere o aclare dudas sobre su proyecto educativo, como sucede en el caso del Alberto Hurtado y su orientación católica, que no a todos les interesa.

"El sistema es muy frío, muy distante y nos vamos a encontrar con grandes sorpresas".

Angulo relató que la semana pasado sostuvo una reunión con los apoderados, donde les informó que hasta ahora no tienen ninguna decisión tomada, debido a que la ley no está clara, ya que para optar a la gratuidad deben transformarse de sociedad anónima en una fundación o corporación.

Esto implica ceder la infraestructura del colegio al Estado, tampoco hay claridad si el dinero que se va rebajando al copago de los padres se repondrá. Esta rebaja comenzará a aplicarse en enero, pero no se establece cuánto repondrá el Estado, ni cómo se devolverá, lo que no garantiza que el monto final alcance para mantener los gastos del establecimiento, por lo que la opción para que ello no ocurra es que pase a convertirse en una entidad privada con los costos totalmente asumidos por los padres.

Colegio emblemático

Otro caso que podría pasar a convertirse en un colegio particular es el Santa Marta, que es particular subvencionado desde 1968, sobre el cual su directora, sor Doralisa Ponce, señaló que la institución aún no abandonará el copago para sostenerse económicamente.

"Nos mantendremos con el copago hasta que lo permita la ley, de lo contrario quebraríamos al día siguiente", enfatizó.

El colegio pertenece a una fundación que recibe una subvención general y una preferencial más el copago de los padres y los alumnos prioritarios que reciben beca del Estado. Sor Doralisa Ponce explicó que los dineros de la subvención se utilizan en los sueldos del personal, mientras que el de los prioritarios van a proyectos, por lo que no tendrán excedentes para mantener una infraestructura que ocupa una manzana completa, por lo que en estos momentos aún no saben bien si tendrán que volver al mundo privado.

Valor ajustado

Jorge Delgado, director del Colegio Andalué, también manifestó que como colegio no determinan aún qué camino tomarán hasta contar con toda la información de la ley.

Señaló al respecto que durante los primeros días de julio, donde hubo un cambio en la figura de los alumnos vulnerables, quienes pasaron a denominarse prioritarios, ello se comentó entre los docentes y luego llegaron los padres con estas mismas inquietudes, a lo que les respondieron igualmente que aún no hay decisión, dado a que la opción que se tome no tendrá vuelta atrás.

"La mayoría de los colegios tienen una carga financiera que no es menor. En nuestro caso, este es un colegio que es propiedad de la sociedad, pero mientras no terminemos de pagarla, es del banco".

En la eventualidad de que resuelvan ser particulares, la pérdida de matrículas dependerá del momento económico del país. Con esta modalidad los valores serán más altos, pero se ajustarán a la realidad de la clase media, ello acompañado de algunas restricciones en los primeros años hasta lograr estabilizarse.

"La gente que hace estas leyes no tiene idea de educación, ni nunca han estado en el aula".

Soledad Carrasco, Administradora Saint Thomas"