La problemática de la violencia escolar como tema trascendente se ha venido instalando de modo progresivo en los debates sobre la educación y la calidad de la misma, aun cuando muchas veces la temática se invisibiliza para dar paso a otras de mayor interés. Como todas las relaciones de violencia, el bullying está anclado en los significados culturales que la sociedad ha elaborado para hacer valer sus propios valores. La violencia escolar no es sólo un fenómeno que se origina y desaparece en el aula; es el espejo del tipo de sociedad que hemos construido, son las relaciones humanas que hemos entretejido y enseñado a replicar, y, desde la perspectiva de la política pública, de las ausencias o vacíos respecto de cómo hemos estado abordando hasta ahora el problema.

Frente a esto, nos llega desde Finlandia la noticia acerca del impacto positivo del llamado Método KiVa (acrónimo de Kiusaamista Vastaam, y que significa acoso escolar). En realidad, se trata de un programa implementado financiado por el Ministerio de Educación y Cultura. El programa se instala como parte del currículo en tres etapas del desarrollo: a los 7, 10 y 13 años, con 20 intervenciones o clases que se conforman como una asignatura donde se inculcan valores como el respeto y la solidaridad. Otra, es que la intervención se centra en uno de los tres actores esenciales que componen la tríada que identifica al bullying: los observadores, para convertirlos en protagonistas de la experiencia vivida apoyando a la víctima desde una postura de activismo solidario.

A pesar de lo tentador, su implementación es cuestionable en nuestra realidad. El campo de acción de la convivencia escolar representa un ámbito nuevo al cual se han abierto los establecimientos educacionales, pero se han abierto desde una lógica muy diferente a la que sustenta el KiVa.

Primero, porque el apoyo del Ministerio de Educación sólo llega a propuestas globales, sin traducirse en un apoyo económico que haga viable un proyecto de tal magnitud. En segundo lugar, no existe voluntad política de instalar en el currículo una asignatura que se haga cargo del desarrollo moral de niños y niñas, de modo tal que se trabaje a conciencia y con responsabilidad la creación de valores.

Por último, no existe una política de estado que aborde el fenómeno de la convivencia escolar desde una perspectiva estatal. En su lugar, el Ministerio de Educación sólo elabora planes y programas que constituyen pautas generales donde cada establecimiento elabora su propio manual de convivencia, pero en la mayoría de los casos dicho manual es elaborado por los directivos, terminando en un "Reglamento de Convivencia", donde se postulan normas que no son construidas por la totalidad de los actores de la comunidad educativa y que por ende, resultan en su mayoría percibidas como arbitrarias por los estudiantes.

Luis Alemán, académico de la Facultad

de Educación de la Universidfad Central

El incremento de los robos, asaltos y lanzazos es una queja constante de la población y ya prácticamente no se puede hablar de barrios seguros. La delincuencia en el centro de cada ciudad es tan preocupante como en cualquier sector. Llama la atención que la gran mayoría de quienes cometen estos delitos son jóvenes, reincidentes hasta el cansancio, como se ha denunciado acerca de lo que ocurre en el Terminal de Buses de Osorno.

Pero la detención y encarcelamiento de muchos de ellos no garantiza que las bandas no sigan operando desde el interior de los penales, gracias al uso de celulares. Pese a que el reglamento penitenciario lo prohíbe, los teléfonos son de uso frecuente en las cárceles. Estos son llevados desarmados, por piezas, por los familiares, hasta que los reclusos están en condiciones de rearmarlos y comenzar a operar. Las investigaciones realizadas por medios de comunicación han determinado que la mayoría de las estafas telefónicas se cometen con llamados que se efectúan desde las cárceles.

Gendarmería se apoya en sistemas tecnológicos para realizar labores preventivas, puesto que el ingreso de celulares a las cárceles tiene directa relación con delitos que puedan coordinarse desde el interior. Se recordará que planes de escape, como el del gran túnel construido el 2011 en Colina II, en la Región Metropolitana, se descubrió cuando la PDI interceptó una conversación telefónica en el marco de una indagación por tráfico de drogas.

Es evidente el grado de sofisticación que alcanzan los delincuentes en algunas acciones y por los recursos de que disponen para emprenderlas. Son claros reflejos de que la organización delictual no se extingue con la reclusión de sus integrantes y que, por el contrario, recurren a las herramientas de la tecnología para seguir delinquiendo desde el interior de los penales, con la seguridad de que esto no aumentará su castigo sino que, a lo más, tendrán sólo una sanción administrativa.

Este fenómeno no ha sido suficientemente atacado por el Ministerio de Justicia ni Gendarmería, que deberían asumir su obligación de hacer efectiva la prohibición de usar celulares en las cárceles.