Ayer comenzó la destrucción de los 161.083 cartones de cigarrillos que fueron decomisados durante el segundo semestre del año 2014 en cinco procedimientos descubiertos por Aduanas en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samoré en Puyehue, que intentaron ingresar de manera ilegal al país al interior de camiones.

Según las estimaciones aduaneras, el cargamento corresponde a un millón 369 mil 630 cajetillas por un valor cercano a los 5 millones 300 mil dólares. Corresponde a cigarrillos de diversas marcas, que tras su decomiso permanecían bajo custodia en el complejo, mientras la Fiscalía realizaba el proceso investigativo que culminó con condenas para los conductores y acompañantes que en uno de los cinco casos se detuvo en las diligencias.

El proceso de incineración se realiza en los hornos que posee el complejo en el área sur de la villa de Pajaritos, donde mediante un testigo de fe, se dio el vamos a la destrucción que en la jornada de ayer fue presenciada por la gobernadora María Tabita Gutiérrez; el director regional de Aduana, Jorge Figueroa; de la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel; además de funcionarios de los servicios públicos que trabajan en el control policial, migratorio y aduanero.

Proceso judicial

En los cinco decomisos, los camiones utilizados quedaron incautados para su posterior remate, mientras que los imputados -tras permanecer en prisión preventiva-, el tribunal en juicios simplificados determinó aplicar una condena de 3 a 5 años de libertad vigilada bajo supervisión de Gendarmería y el pago del 100 por ciento del impuesto de lo decomisado. A juicio del Ministerio Público, corresponde a penas ejemplificadoras.

"Se hizo la investigación y se determinó que no existían nexos entre los decomisos, aunque sí el país de origen y destino de la entrega. Los detenidos recibieron penas ejemplares por intentar cruzar mercancía no establecida por Samoré, ya que se les investigó por falsificación, comercio clandestino e irregular, tributario además de evasión de impuestos", expresó la fiscal De Miguel.

Por su parte, Jorge Figueroa, estimó en $3.900 millones el impuesto que habría dejado de percibir el Estado si la carga hubiera sido ingresada a Chile, destacando el profesionalismo de los funcionarios.

"Tras los decomisos del año 2014, no se han reportado nuevas incautaciones de cargamentos. Aquí hay un alto grado de profesionalismo de los funcionarios de Aduana y mediante su fiscalización se evitó el ingreso de mercancías ilegales. Aquí se dio una potente lección a los contrabandistas, quienes ahora buscan otras vías para ingresar todo tipo de productos, ya que por Samoré no le es fácil ingresar", expresó.

Las autoridades destacaron el trabajo en conjunto de todas las instituciones que actúan al momento de un decomiso en la frontera.