El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a sus ministros remover de sus cargos a directivos y funcionarios que apoyan el referendo revocatorio de su mandato, impulsado por la oposición.

El dirigente oficialista y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que Maduro pidió citar a los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y Trabajo para establecer que "no pueden haber en cargos directivos... personas que estén en contra de la revolución y del Presidente".

"Tiene un lapso, un plazo, de 48 horas para que estas personas... pues tengan otro destino laboral", indicó Rodríguez.

El ministro de Comunicación, Luis José Marcano, manifestó su respaldo al anuncio de Rodríguez y dijo al canal de noticias Globovisión que no conoce ningún caso de un empleado de bajo rango que haya sido despedido. "Están los tribunales y están las instancias laborales para hacer los reclamos", agregó.

Luego de la recolección de firmas a favor del referendo, algunos empleados públicos denunciaron que fueron despedidos por apoyar la consulta. Una de ellas es Yelitza Badell, una abogada de 50 años despedida en julio del estatal Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera. Badell dijo a la agencia de noticias AP que más de 200 trabajadores de esa entidad han sido despedidos en los últimos meses por firmar a favor del referendo.

Mabel González / Agencias

Bajo el contexto de una creciente ola de inseguridad ciudadana en el país, veinte supuestos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente en seis acciones organizadas por el recientemente bautizado como "escuadrón de la muerte" de la Policía Nacional del Perú (PNP), unidad que habría simulado enfrentamientos armados y matado personas para recibir beneficios y ascensos, según un informe del Gobierno presentado ayer.

El documento estableció que existen "serios indicios sobre la existencia de una agrupación irregular" compuesta por un comandante y siete suboficiales, según las conclusiones de la comisión investigadora creada en el Ministerio del Interior, tras conocerse las denuncias en los medios de comunicación.

Antecedentes

El informe fue presentado por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, a cargo de la comisión investigadora creada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien semanas atrás bautizó a este grupo como un "escuadrón de la muerte".

Vargas explicó que el comandante y los siete suboficiales integraban el Grupo Especial de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Geico), ubicado dentro de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía y a cargo de un coronel que luego fue ascendido a general.

El viceministro indicó que su investigación se basó en seis intervenciones policiales organizadas sobre información de inteligencia deliberadamente alterada por los miembros del Geico, con la probable aquiescencia del ahora general. La mayoría de las acciones se habría realizado entre 2011 y 2016, durante el Gobierno de Ollanta Humala.

"En todos los casos, los documentos por medio de los cuales se requirió la ejecución de las intervenciones fueron preparados en base a la descripción de hechos irreales o a la identificación de personas que no reunían las características o antecedentes criminales consignados", añadió Vargas.

"Once de los veinte supuestos delincuentes abatidos no tenían antecedentes o requisitorias que justificaran ser los objetivos de intervenciones policiales", agregó. Otros informes apuntaban a un inminente secuestro de un empresario, pero la hipotética víctima no se encontraba en el lugar de los hechos cuando estos se produjeron.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a sus ministros remover de sus cargos a directivos y funcionarios que apoyan el referendo revocatorio de su mandato, impulsado por la oposición.

El dirigente oficialista y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que Maduro pidió citar a los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y Trabajo para establecer que "no pueden haber en cargos directivos... personas que estén en contra de la revolución y del Presidente".

"Tiene un lapso, un plazo, de 48 horas para que estas personas... pues tengan otro destino laboral", indicó Rodríguez.

El ministro de Comunicación, Luis José Marcano, manifestó su respaldo al anuncio de Rodríguez y dijo al canal de noticias Globovisión que no conoce ningún caso de un empleado de bajo rango que haya sido despedido. "Están los tribunales y están las instancias laborales para hacer los reclamos", agregó.

Luego de la recolección de firmas a favor del referendo, algunos empleados públicos denunciaron que fueron despedidos por apoyar la consulta. Una de ellas es Yelitza Badell, una abogada de 50 años despedida en julio del estatal Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera. Badell dijo a la agencia de noticias AP que más de 200 trabajadores de esa entidad han sido despedidos en los últimos meses por firmar a favor del referendo.

Mabel González / Agencias

Bajo el contexto de una creciente ola de inseguridad ciudadana en el país, veinte supuestos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente en seis acciones organizadas por el recientemente bautizado como "escuadrón de la muerte" de la Policía Nacional del Perú (PNP), unidad que habría simulado enfrentamientos armados y matado personas para recibir beneficios y ascensos, según un informe del Gobierno presentado ayer.

El documento estableció que existen "serios indicios sobre la existencia de una agrupación irregular" compuesta por un comandante y siete suboficiales, según las conclusiones de la comisión investigadora creada en el Ministerio del Interior, tras conocerse las denuncias en los medios de comunicación.

Antecedentes

El informe fue presentado por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, a cargo de la comisión investigadora creada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien semanas atrás bautizó a este grupo como un "escuadrón de la muerte".

Vargas explicó que el comandante y los siete suboficiales integraban el Grupo Especial de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Geico), ubicado dentro de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía y a cargo de un coronel que luego fue ascendido a general.

El viceministro indicó que su investigación se basó en seis intervenciones policiales organizadas sobre información de inteligencia deliberadamente alterada por los miembros del Geico, con la probable aquiescencia del ahora general. La mayoría de las acciones se habría realizado entre 2011 y 2016, durante el Gobierno de Ollanta Humala.

"En todos los casos, los documentos por medio de los cuales se requirió la ejecución de las intervenciones fueron preparados en base a la descripción de hechos irreales o a la identificación de personas que no reunían las características o antecedentes criminales consignados", añadió Vargas.

"Once de los veinte supuestos delincuentes abatidos no tenían antecedentes o requisitorias que justificaran ser los objetivos de intervenciones policiales", agregó. Otros informes apuntaban a un inminente secuestro de un empresario, pero la hipotética víctima no se encontraba en el lugar de los hechos cuando estos se produjeron.