Rodrigo Alarcón

Una sola empresa cuenta actualmente con permisos formales para extraer áridos en el río Rahue, según la información oficial del municipio, a pesar de que en el curso del río hay al menos una decena de pozos de extracción que están funcionando de manera irregular.

Según los datos recabados por El Austral, al interior del municipio solamente la empresa Dowling & Schilling cumple a la fecha con la normativa existente para explotar un bien de uso público como es el río, por lo que todos los demás puntos de extracción, cuya existencia ha sido constatada incluso por la misma municipalidad, funcionan fuera del marco legal y sin cumplir con los parámetros necesarios para el necesario cuidado del cauce.

Según comentó la directora de Obras del municipio, Ángela Villarroel, para que una empresa o particular sea autorizada a extraer áridos del río "hay un procedimiento técnico que tiene que ser visado y autorizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través del la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). El trámite es bien simple. Acá viene el contribuyente, ingresa la carpeta técnica, nosotros la mandamos al MOP. La DOH da el visto bueno técnico y nosotros luego procedemos a cobrar los derechos municipales".

Fiscalización

Uno de los aspectos que más "ronchas" ha sacado en el municipio es el de la fiscalización. El año 2014 la misma empresa Dowling & Schilling denunció que luego de un sobrevuelo constataron que en esa fecha había seis puntos de extracción irregular en el río Rahue y que dicha extracción se realiza sin ninguna consideración técnica y haciéndole un enorme daño al Rahue, que luego se le imputa a ellos.

"Lo que pasa es que la municipalidad le hinca el diente a los que están declarando. El municipio no tiene la capacidad ni el personal para fiscalizar a esas personas que extraen de manera ilegal o irregular. Entonces, ¿a quién fiscaliza? Al que declara. ¿Quién declara? Nosotros. La gente de repente reclama y un concejal puede hacer eco de esa versión sin tener la capacidad o el personal para que investigue si el reclamo que recibieron es correcto o no es correcto. Si tiene fundamentos o no", plantea Rafael Dowling.

La versión es coincidente con las dificultades que reconoce el alcalde Jaime Bertín , quien sostiene que los recursos técnicos no están en el municipio para fiscalizar como quisieran.

"La DOH dice que alguien va a sacar mil metros cúbicos del río. ¿Eso después quién lo controla? Nosotros como municipio no tenemos ninguna máquina para controlar que la persona está sacando lo que corresponde. No hay nadie que pueda decir si sacó más o menos de lo que declaró. Solamente ellos saben. Se nos ha dicho que vayamos al Serviciode Impuestos Internos (SII) y pidamos la información, pero el SII no entrega esa información. Es materia privada. Nosotros hemos hecho bajadas por el río para fiscalizar, pero no hay nadie en los puntos, aunque se nota que han estado sacando ripio ahí", sostiene el jefe comunal.

A ese respecto, apuntaba de hecho el acuerdo al que había llegado el concejo municipal el 3 de mayo recién pasado cuando el concejal Juan Carlos Velásquez presentó un oficio para conocer el estado de las denuncias hechas por vecinos del sector Cancura, que planteaban que se le estaba haciendo daño al cauce por la explotación de ripio en ese sector y que el curso del río estaba siendo modificado.

El cuestionamiento derivó en una álgida discusión al interior del Concejo para determinar en qué estamento recae la responsabilidad final de autorizar o no la extracción de ripios, materia que en su aspecto técnico está controlado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la que a la vista de los antecedentes envía un visto bueno al municipio para que sea éste el que luego apruebe o no los proyectos de extracción que se hayan presentado.

Prohibición

Finalmente, en dicha sesión del concejo se adoptó la resolución de prohibir temporalmente la extracción en toda la comuna de Osorno con miras a favorecer el desarrollo de proyectos turísticos en las orillas del río Rahue, materia hacia la cual se busca orientar la política pública de recuperación de los bordes del cauce, al menos en su tramo urbano.

Sin embargo, ese acuerdo quedó en nada días después cuando la empresa Dowling & Schilling presentó un reclamo formal ante el municipio recordando que tenían vigente un proyecto a 10 años plazo de explotación en el curso del río en el sector Cancura, por lo que dicha prohibición, además de ser inconducente, obligaría a dejar literalmente botado un proyecto que contempla una intervención integral en el curso del río y una salida paulatina y programada de éste, pauteada hasta el año 2022.

Según plantea el gerente general de Dowling & Schilling, los reclamos obedecen más al celo mostrado por otros extractores que no están explotando el río de manera regular.

"Nosotros llevamos más de veinte años trabajando en la zona y somos una de las únicas empresas que cumplimos con toda la normativa legal vigente. Pero existen muchas otras extracciones en la zona, algunas ilegales y otras irregulares. El municipio ha tratado de tomar medidas para fiscalizar, pero éstas no han sido cien por ciento efectivas por falta de recursos o de personal", plantea Dowling.

Asegura que la empresa está obligada a pasar por todos los procesos administrativos dispuestos por la normativa y que los obligan a someterse a una fiscalización constante por parte del Municipio y de la Dirección de Obras Hidráulicas y, que precisamente por mantener todo en regla, son mucho más visibles y blanco de críticas injustificadas.

"Por ese reclamo que se nos presentó el municipio adoptó una medida para prohibir las extracciones de áridos. Nosotros presentamos un documento que decía de qué se trataba esto, que fue un proyecto a 10 años plazo donde están involucradas familias, trabajadores que quedarían sin trabajo. No solamente atacamos este problema como empresa, sino que los trabajadores también lo hicieron. Así se determinó que nosotros contábamos con todos los requisitos legales para desarrollar el proyecto. No habíamos tenido ningún incumplimiento, ningún problema. Por eso se revirtió la ordenanza, se revocó la medida", plantea.

La versión fue respaldada por el concejal Juan Carlos Velásquez, quien planteó que "en esa condición nosotros tuvimos que revocar el acuerdo anterior y habilitar a la empresa. A posteriori, a quienes quieran instalarse en el río nosotros estaríamos en condiciones de aprobarle los permisos, porque no podemos prohibir ninguna actividad económica que quiera emprender una empresa, aunque sea en un bien de uso público, como son los ríos. Pero eso tiene que estar reglamentado también por otras instancias, que en este caso son la DOH, Sernapesca y otros. Con esos antecedentes disponibles nosotros no tenemos ninguna objeción".

Ese es precisamente el centro de la discusión, porque mientras empresas como Dowling & Schilling dicen tener todo en regla y que se someten a las fiscalizaciones constantes de parte de la autoridad, desde el municipio aseguran que no tienen la potestad para denegar un permiso de extracción cuando la Dirección de Obras Hidráulicas ya lo ha autorizado técnicamente.

Facultades

El alcalde Jaime Bertín plantea que "hay una cosa media extraña. El primero que da el permiso para la extracción de ripio es la DOH. Luego nosotros no podemos oponernos a darles una patente para extraer. Es un tema muy complejo", afirma.

Desde la DOH sostienen que eso no es tan así y que es finalmente el municipio el que con todos los antecedentes a la vista puede optar por rechazar un proyecto si considera que, a pesar de la viabilidad técnica, la extracción obstaculiza algún otro interés que pueda tener la comuna en el sector que se quiera intervenir.

Según se detalló, tanto empresas como particulares han solicitado permisos para explotar áridos en el río, sin embargo, éstas han sido objetadas por falta de antecedentes o por no cumplir con los requisitos técnicos. El problema además involucra a comunas a las que el Rahue divide de Osorno, como Puerto Octay y Río Negro.

"La municipalidad 'hinca' el diente a quienes están declarando. No hay capacidad para fiscalizar a quienes extraen de manera ilegal".

Rafael Dowling, Gerente de Dowling & Schilling"

"El primero que da el permiso es la Dirección de Obras Hidráulicas. Luego de eso nosotros no podemos oponernos".

Jaime Bertín, Alcalde de Osorno"