Verónica Salgado

La empresa Navarrete y Díaz Cumsille busca construir el relleno sanitario de la provincia de Osorno, ubicado en la ruta al mar, cuyas faenas están a cargo de la firma Servitrans pero que se encuentran detenidas desde octubre del año pasado.

Se trata de la misma empresa que esta semana pidió al municipio anular el proceso que adjudicó la obra a Servitrans.

Precisamente, para conseguir dicho objetivo, como primer paso ingresaron una solicitud a la municipalidad -denominada reclamación administrativa- que tiene como objetivo que el alcalde Jaime Bertín inhabilite el proceso de licitación y termine el contrato que mantiene con la empresa Servitrans desde septiembre del 2014, precisamente para levantar el recinto en Curaco que recibirá los desechos de las siete comunas de la provincia.

Así lo explicó el abogado de la firma, Mauricio Cisternas, quien precisó que decidieron iniciar la acción administrativa contra el municipio local cuando recibieron el mes pasado, y de forma anónima, un informe realizado por la consultora Poch a petición del Gobierno Regional.

En dicho documento, dijo el abogado, se informa que Servitrans no tenía experiencia suficiente para construir un relleno sanitario y, en paralelo, sugería que fuese precisamente Navarrete y Díaz Cumsille la empresa que debía adjudicarse la licitación.

El costo del proyecto se financia con un crédito entregado al gobierno chileno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) por el Banco Alemán de Desarrollo (KFW) por $7 mil millones. A dicho monto se suman $3 mil millones extras, que fueron traspasados por el Gobierno Regional de Los Lagos.

Interés de construir

El jurista precisó que la argumentación para sostener la solicitud apunta a que el proceso de evaluación realizado por la comisión municipal no fue la adecuada, entre otras razones, porque no se consideró el informe Poch y tampoco hay claridad sobre la experiencia que debía demostrar Servitrans en construcción y manejo de rellenos sanitarios.

"Creemos que el alcalde Bertín, pensado en lo que es ajustado a derecho y en lo que le conviene a la comunidad de Osorno, debiera invalidar el proceso y esa es nuestra primera pretensión. Si no lo hace voluntariamente y conociendo los antecedentes, tendremos que recurrir a tribunales", argumentó Cisternas.

Precisó que todas las acciones legales o administrativas van en contra de la Municipalidad de Osorno, pero se tiene que tener claridad que en el acto de ilegalidad, como lo denominó el profesional, está involucrada la comisión evaluadora y el alcalde Jaime Bertín al adjudicar.

Quedarse con la obra

"En nuestras aciones tenemos un orden. Lo primero es que la municipalidad tome la decisión de invalidar y terminar el contrato con Servitrans. Por cierto que la empresa le interesa construir el relleno sanitario, pero también debemos ver cuáles son las condiciones", explicó el profesional.

Agregó que la medida fue tomada casi dos años después de cerrado el proceso básicamente por conocer hace poco la existencia del informe Poch.

La empresa ya tiene experiencia en el tema de acciones legales relacionadas con procesos licitarios. Ya ganaron una demanda contra la Municipalidad de Puerto Varas por acciones ilegales y arbitrarias en el proceso de licitación del relleno sanitario de la provincia de Llanquihue.

"El alcalde tiene que asumir la realidad, que Servitrans tiene paralizada la obra. Claramente no cumplía con los requisitos para adjudicarse la licitación y él tiene el camino jurídico para solucionar el problema", agregó.

Documento

El documento ingresado al municipio consta de 35 páginas donde se argumenta la acción. Entre los párrafos se menciona: "se adjudicó la licitación a Servitrans Servicios de Limpieza Urbana S. A, pese a que conforme se demostrará a continuación, la oferta de esta empresa no calificaba, ya que su experiencia en construcción de obras civiles no fue demostrada, de acuerdo lo exigían las bases, por lo cual debió haber sido excluida del concurso".

En el punto E del documento se precisa sobre la omisión ilegal y arbitraria consistente en no rechazar la oferta de Servitrans. Ahí se lee: "al no acreditarse, por parte de Servitrans su experiencia en obras civiles, en la forma y mediante las certificaciones que exigían las bases del concurso, esta empresa presentó una oferta que no se ajustó al pliego de condiciones y por ello su oferta sólo podía ser declarada como inadmisible, sin poder continuar en el proceso de evaluación".

La postura del municipio frente a la acción administrativa fue aclarada por el asesor jurídico, Hardy Vásquez, en la sesión del Concejo Municipal realizada el pasado martes 9, donde precisó: "tenemos una posición bastante clara respecto al tema por tratarse de un proceso regulado y establecido por la ley de Contratación Pública y es la misma ley la que se encarga de establecer los procedimientos de reclamación. En principio estimamos que la reclamación administrativa que se presenta carecería de asidero jurídico", dijo.

Desde esa fecha se encuentran analizando la respuesta que entregará el alcalde, la cual será dada a conocer en el momento oportuno según se precisó desde el Departamento Jurídico municipal.

mil millones es el costo de construcción del relleno sanitario de la provincia. $10