La Contraloría General de la República informó ayer que emitió un oficio que ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.

Entre los casos está el de Myriam Olate, ex esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien dejó Gendarmería con una pensión que supera los $ 5 millones. En el caso de la ex funcionaria de Gendarmería, según el documento, se detectó un "vicio administrativo" en el cálculo del monto de la pensión, pues "se realizó sin considerar el límite de imponibilidad de 60 UF".

Vicio en la dictación

"Una vez que la autoridad de oficio o a petición de una parte constate la presencia de un vicio en la dictación de un acto administrativo, se encuentra en el imperativo de invalidarlo (...) con el propósito de restablecer el orden jurídico quebrantado por una decisión contraria a derecho", asegura el texto.

La medida resultó de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley. El 20 de abril de este año, el contralor general ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite, tras lo cual ordenó revisar en detalle la legalidad de los componentes de las pensiones.

Otros afectados

La medida también apunta a Oscar Garcés, Edita Cortés, Víctor Alfonso Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.

La Contraloría determinó que "la señora Olate Berríos, entre otros funcionarios, no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional (Dipreca)".

"Estas decisiones hay que acatarlas", dijo el diputado Osvaldo Andrade (PS) tras enterarse del dictamen. No obstante, pidió esperar la resolución definitiva, que estará en 15 días hábiles desde la notificación. "No tengo más información y no me corresponde saberlo", agregó.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, comentó ayer que "el Gobierno ya mandó la remoción" de la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, y aclaró que el Ejecutivo espera que la Contraloría expida el decreto correspondiente. "Cuando uno tiene un cargo de confianza para llevar adelante una tarea y te piden la renuncia, uno se va, eso es lo que haría cualquier persona", añadió Delpiano. El decreto de remoción de la rectora Roxana Pey fue ingresado el 29 de julio a la Contraloría General de la República, organismo que tiene 15 días hábiles para su toma de razón.