Valeria Barahona

Después de dos meses de investigación, ayer fueron detenidas siete personas que estarían implicadas en el ataque a la Iglesia de la Gratitud Nacional, declarada patrimonio, durante la movilización estudiantil del 9 de junio pasado en Santiago, que terminó con la destrucción de una imagen de Cristo.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, liderada por Marcelo Cabrera, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, quienes revisaron alrededor de mil horas de grabación para determinar las identidades de los arrestados, junto a los cargos que les serían impuestos.

Estos datos fueron corroborados durante la revisión de los hogares de los inculpados, donde la policía encontró las mismas vestimentas ocupadas en la protesta donde se produjeron los daños.

De esta forma, se esperaba que la Fiscalía formalizara ayer a dos adultos, a quienes se les imputa el delito de daño a monumento nacional y ultraje a objetos de culto. Ambas personas fueron identificadas entre las personas que rompieron una puerta del recinto, sacaron la cruz y realizaron acciones de agravio.

Por esto último también fue citado un menor de edad.

Junto a ellos, un adulto y un adolescente recibirían los cargos por el rayado al exterior de la Iglesia de la Gratitud Nacional. Estaba previsto que otro menor de edad fuera formalizado por lanzar piedras a un funcionario de Carabineros, mientras que a otro adolescente se le imputaría un delito de hurto de especies.

Ante esto, el jefe de la Zona Metropolitana Este de Carabineros, Ricardo Solar, sostuvo que "le hemos sacado la capucha a los delincuentes".

Por su parte, el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se refirió a la participación de menores en el ataque, apuntando que "la causa no está en los niños, la causa está en nosotros los adultos, en cómo los acompañamos, en cómo le damos apoyo en su crecimiento humano".

Según la Ley de Monumentos quien "causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad", arriesga una pena desde 541 días a cinco años de presidio, además de una multa que va desde las 50 a las 200 UTM.

Según el Código Penal, los que "con acciones, palabras o amenazas ultrajaren los objetos de un culto", podrían recibir condenas desde 61 a 540 días, sumado a la multa mencionada.

Ataque reiterado

Antes de que comenzara la última marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el jueves pasado, un grupo de entre 5 y 6 personas arrojó 15 bombas molotov contra el templo.

Producto de esto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte determinó incluir el nuevo ataque en la investigación por el atentado anterior.

La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá dijo que "el lugar que está mejor preparado para acoger las protestas es la Alameda", avenida donde está emplazada el recinto.